Un periodista llamado Albert ha explicado a través de su cuenta de Twitter lo que le sucedió cuando buscaba habitación de alquiler en Madrid. Puesto al habla a través de un portal inmobiliario con uno de los ofertantes, ambos estuvieron hablando largo rato sobre las costumbres que tenía el eventual nuevo inquilino para que así pudiese comprobar el arrendador si sus modelos de vida podían ser compatibles y asegurar una armónica convivencia.
Cuando ya acababa la conversación, Albert preguntó si la vivienda era LGTBI-friendly, a lo que el dueño de la vivienda respondió manifestando su ignorancia sobre el alcance del concepto. Conversando sobre ese tema, acabó quedando claro que Albert es homosexual. El dueño del piso le dijo entonces que, dada una cierta equivalencia de edades y la condición sexual de Albert, creía que no se sentiría cómodo teniéndolo en casa viviendo, de tal manera que le invitó a buscar alguna casa que reuniese la condición a la que se había referido, seguro de que las encontraría.
Albert, estupefacto, se planteó poner una denuncia. E incluso acudió a la asociación que en España se dedica a defender al colectivo contra las actitudes homófobas. La asociación se le manifestó favorable a interponer una denuncia administrativa por incumplimiento de la ley e incluso a plantearse una denuncia penal por entender que en las palabras del dueño del piso pudiera respirarse un discurso de odio.
La ley, siempre dispuesta a seguir erosionando la libertad de las personas, acabará por decirnos cómo debemos vivir en nuestras casas
Algo hemos perdido en el negociado del sentido común si, para conseguir que un colectivo no sea discriminado por su orientación sexual, acabamos por creer que nadie puede optar por definir las reglas de juego dentro de su casa. De la misma manera que una mujer puede decidir optar por alojar en su vivienda solo mujeres, aunque no lo diga en el anuncio, ¿es que no puede Albert aceptar que alguien le incomode, siendo hombre, que un hombre al que le gustan otros hombres comparta la intimidad de su hogar?
Bien es verdad que todo empieza en el hecho de que una ley, que al parecer no ha sido impugnada por la Isabel Ayuso pregonera de la libertad de elegir, obliga a quien ejerce la empresa a omitir las razones por las que contrata de un modo u otro, no vaya a ser que le acarreen un problema, el problema que la sinceridad del dueño de la casa va a tener sin duda. Antes no fue así. Para el Tribunal Constitucional, al que no sé si ha llegado recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, las razones por las que uno decide contratar hombres o mujeres, altos o bajos, feos o guapos se entendían amparadas en la libertad de empresa y solo a partir de la existencia de un contrato entre las partes se entendía inadmisible rescindirlo por razones discriminatorias. Pero la ley, siempre dispuesta a seguir erosionando la libertad de las personas, acabará por decirnos cómo debemos vivir en nuestras casas. Y tal vez, haciendo caso de los activistas del tema, considerará que una conversación entre dos personas en un tono educado se puede equiparar con un discurso de odio para propiciar la violencia sobre el colectivo discriminado.
Estamos cada vez peor de la cabeza. Pronto no sabremos ni quiénes somos ni a dónde vamos ni por qué decidimos emprender el camino, letal para el ingenio y la felicidad, hacia la eliminación de la libertad de elegir.