Después de pocos días de aprobarse el primer trámite de la ley de amnistía, el PSOE se inventaba esta misma semana un decreto para modificar la ley de enjuiciamiento civil con un pequeño apartado (aprendéoslo de memoria, porque tiene pinta de alcanzar muy pronto la fama de la disposición adicional tercera; el 43 bis) por el cual se permitiría elevar a los tribunales europeos cualquier cuestión prejudicial. Aplicado a casos como los de la ley de amnistía, lo explicaba muy bien la compañera Elisa Beni, esta rendija legal podría permitir suspender la liberación de un encausado hasta que el TJUE resuelva el futuro. A la práctica, y para poner un ejemplo plausible, el invento en cuestión permitiría dilatar la resolución de un particular desde la apelación del Tribunal Supremo (como principal damnificado por la amnistía, es obvio que sus jueces aprovecharán la ganga) hasta la aclaración final por vía europea.

Para no fatigaros más con cuestiones legales, toda esta mandanga es la habitual letra pequeña con la que el Estado pretende monopolizar la aplicación de una ley a la cual ha accedido, simplemente, porque se veía forzado. A pesar de que el ministro Félix Bolaños haya insistido que la amnistía tirará adelante no obstante este pequeño cambio, el PSOE está dilatando tanto como le es posible el procedimiento por dos motivos. Primero, porque de la misma forma que los indultos le han permitido que el independentismo quede políticamente neutralizado desde el 2017, con la burocratización de la amnistía conseguirá todavía más tiempo para acojonar a todos los encausados y asegurar que nadie se mueva de la silla del "reencuentro". Y segundo, porque a Sánchez le irá la mar de bien que los procedimientos de los amnistiados tengan el plácet final del tribunal europeo en el que el independentismo había vertido tantas esperanzas.

A quien más interesa la amnistía es a los españoles, porque no hay forma más eficaz de detener la independencia que tener a Junqueras y a Puigdemont en libertad para seguir tomando el pelo a los pobres ciudadanos.

Da igual, si los efectos de este decreto se acaban aplicando (la ley en cuestión tiene que pasar por el Congreso y necesitaría la aprobación de la derecha para sobrevivir, pues, a pesar de su indigencia mental, los independentistas supongo que habrán visto las trampas), porque este intento de colar la letra pequeña de la amnistía y hacer todo el posible por matizarla, no ha hecho más que empezar. De hecho, el decreto en cuestión es una irrupción en las competencias de la Generalitat en otros aspectos, como la confluencia de los servicios informáticos de las comunidades autónomas o la situación laboral de los funcionarios (una uniformización del Estado que, con muy buen humor, Bolaños ha vuelto a imputar a los requerimientos exigidos por la Unión Europea a cambio de unos 10.000 millones de euros destinados al Plan de Recuperación). Sea cual sea la excusa, el mensaje de los españoles está claro: eso va para largo y no será nada fácil.

De hecho, nuestros adorables enemigos no han necesitado nunca hacer uso de la ley para jodernos la vida. La problemática de la amnistía, como reconocen muchos juristas del PSOE cuando nadie les escucha, radica en el hecho de que cada procedimiento se tendrá que sellar a través de un juez, y ya sabemos la estima que las togas están adquiriendo por cualquier cosa que tenga relación con Pedro Sánchez. Sin embargo, como pasa siempre, el presidente español respira muy tranquilo, pues sabe que el independentismo de pierde cuando se enreda en la burocracia española y ha entendido perfectamente que Junts y Esquerra comparten su intención última: vaciar de jueces carcas (a saber, antisocialistas) todo el sistema legal del Estado. A Sánchez, en definitiva, ya le va bien que esta guerra sea cuanto más larga, mejor, porque el vodevil legal dormirá al independentismo y minará el prestigio de la judicatura.

Viendo cómo está el panorama, no me extraña que los pocos cráneos privilegiados con un mínimo de juicio que hay en Òmnium y en la ANC hayan recomendado a algunos organizadores del Tsunami que vayan buscándose un apartamento en Suiza, por si la cosa se complica. Se complicará, ya os lo digo ahora; y lo más triste de todo es que aquí pringará la gente más discreta (y trabajadora) del invento, mientras jefecillos del estado mayor y los líderes del Procés disfrutarán de una vida bien tranquila en el territorio. Como ya he dicho una infinidad de veces, a quien más interesa la amnistía es a los españoles, porque no hay forma más eficaz de detener la independencia que tener a Junqueras y a Puigdemont en libertad para seguir tomando el pelo a los pobres ciudadanos. Me sabe mal cerrar el año con tanta parsimonia, querido lector, pero las cosas son como son y se alejan de nuestros deseos. Pasad ansia, porque el próximo pinta todavía peor.

Sin embargo, pacientísimos adictos a El Nacional, os deseo una buena entrada del 2024; con mucha salud y, sobre todo, con muchísimas dosis extra de paciencia.