El lunes pasado, el Govern de la Generalitat y la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular —compuesta por personas individuales, sindicatos y una setentena de entidades— firmaban el acuerdo por la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

El camino ha sido largo y nada fácil. Esta iniciativa, que tiene el mérito añadido de haber pasado por dos gobiernos, ha salido adelante sobre todo gracias a la ilusión y al empuje de gente que creyó en ello desde el primer momento. Personas que recogieron más de 120.000 firmas en un tiempo récord y que después han sido capaces de superar muchísimos obstáculos tanto en el Parlament como con el mismo Govern.

La RGC es el primer derecho que gana la ciudadanía en tiempo de recortes. Es el primer síntoma de mejora que percibimos los ciudadanos y ciudadanas. Del contenido del acuerdo, se puede hablar mucho, pero yo quiero hacerlo tanto del fondo como de la forma.

Del fondo, hay que decir que no es una renta universal y bajo mi opinión durante su implementación irán saliendo problemas. Seguramente del todo solucionables. Para algunos el vaso está medio lleno y para otros medio vacío. Pero lo que significa claramente este acuerdo es una señal inequívoca de que Catalunya tiene como prioridad la lucha contra la pobreza y las desigualdades. En un mundo normal la RGC no tendría que existir. La lucha contra la pobreza tendría que ser un elemento subsidiario de cualquier país. Los gobiernos se tendrían que dedicar a garantizar el trabajo digno con salarios justos para todo el mundo. Tendrían que potenciar la actividad productiva y garantizar empleo de calidad. Pero desde el Estado español —ayudados por la troica—, no nos lo ponen fácil. Reformas laborales, recortes de derechos y un destino para la mayoría complicado. Y ante la voluntad clara por parte de estos actores, de construir una sociedad dual y segmentada, Catalunya les contesta claramente con una señal: la RGC.

Lo que significa claramente este acuerdo es una señal inequívoca de que Catalunya tiene como prioridad la lucha contra la pobreza y las desigualdades

En cuanto a la forma, indica que después de muchas ILP que duermen en los cajones del Parlament, la ciudadanía se convierte en parte actora en la política del país. Que la sociedad civil está más viva que nunca y que afortunadamente en este país no se cierran puertas. Y es aquí donde el Govern de la Generalitat ha tenido que demostrar que desgraciadamente en nuestro país se actúa diferente en las formas —acelerando la ILP— y que por mucho que a algunos les interese un discurso que los excluya, los dos sindicatos mayoritarios, colegios profesionales y asociaciones de parados son capaces de trabajar conjuntamente para objetivos claros y plausibles.

Este acuerdo significa que lo que establece el Estatut de Catalunya en su artículo 24.3 deja de ser un elemento declarativo para convertirse en una realidad. Es la cristalización que en nuestro país las cosas se quieren hacer de forma diferente. Es verdad que no es la primera renta en el Estado —en Euskadi ya existe—. Pero es la primera que se consigue en un contexto de fuerte polarización en el que durante demasiado tiempo hemos visto como perdíamos un derecho a cada presupuesto, y se nos decía por activa y por pasiva que en el futuro viviríamos peor.

Cuando se presentó la ILP eran los tiempos más duros de la crisis. A los promotores se los tildó de soñadores. De personas que no veían que la realidad no lo permitía. Pero afortunadamente para el país, este grupo de gente nunca se ha resignado. Han hecho de la calle, la protesta y la lucha social la mejor herramienta de transformación. Porque ellos nunca han dado ninguna batalla perdida. Bajo condiciones muy difíciles. Y han continuado y continuado y, lo más importante, nunca han desfallecido. Como siempre, la tozudez y el activismo ha sido la mejor herramienta de transformación del país.

Ahora el acuerdo irá al Parlament. Previsiblemente los grupos parlamentarios no pondrán muchos problemas y la RGC será una realidad. Es el momento que nadie se otorgue méritos que no son suyos. Y es hora de hacer valer lo que hemos hecho: desde el diálogo y el consenso podemos afirmar que aquí las cosas se hacen desde el fondo —no queremos dejar a nadie atrás— y desde la forma —con la sociedad civil— de una manera diferente. Hemos enviado el señal inequívoco de que no somos ajenos al padecimiento de miles de familias. Que sus problemas son los nuestros, y que ponemos la acción social en el corazón de la acción política. Felicitémonos. Sabemos crear puentes. Somos diferentes.