El Ministro del Interior finalmente ha comparecido en el Senado para dar explicaciones de la operación Copérnico, o lo que es lo mismo, del despliegue policial del Estado en torno al 1 de octubre.
En general, soy poco amiga de las cifras. Pero las que dio ayer el señor Zoido, por analogía nos explican muchas cosas. El jueves se nos dijo el coste de la operación: un total de 87 millones de euros que ha valido tener 6.000 policías desplazados a Catalunya y que, entre los grandes datos, destacan los 43 millones de euros de dietas para los agentes y los 28 millones que ha costado alquilar los barcos para acogerlos. Es decir, cada policía costó a las arcas públicas 190 euros al día.
87 millones de euros son muchos o pocos. Depende desde la óptica de que se quiera mirar. Si se considera que el bien supremo a proteger es la unidad del Estado y la Constitución, seguramente se puede pensar que es una buena inversión y que el coste es poco. En cambio, desde un punto de vista puramente de economía social, 87 millones de euros para mí significan aproximadamente tres meses de presupuesto del Govern de la Generalitat para la renta mínima de inserción. O mucho más que el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Catalunya para hacer políticas para los parados y paradas de más de 45 años (1,7 millones de euros). También podemos afirmar que el coste del despliegue triplicó el presupuesto de la Generalitat en Ayuda Oficial al Desarrollo. Y si lo miramos de otra forma, con los 87 millones de euros podríamos haber pagado cerca de 88.600 prestaciones de renta garantizada de ciudadanía a familias de cuatro miembros que en estos momentos están en la pobreza en Catalunya.
En 87 millones de euros cabe una forma de ver el mundo
Es verdad que una cosa son los presupuestos del Estado y la otra los de Catalunya. Pero hay que ponderar muy bien el coste de oportunidad de cada euro invertido por el erario público. ¿Qué beneficio reportó el despliegue policial? No encontrar ninguna urna. Un ridículo espantoso de los servicios de inteligencia. La humillación internacional de un Estado impotente que sólo encontró en la fuerza una solución transitoria a su falta de inteligencia política. Y sobre todo, y lo peor de todo, dejar una parte de población de su territorio traumatizada por años. Las imágenes del 1 de octubre traspasarán generaciones y nunca estos 87 millones de euros podrán compensar ni el daño moral y físico infligido ni tampoco el cambio de mentalidad que ha producido en todos nosotros. Quizás otros encontrarán que su finalidad era superior y estos daños han sido colaterales. Y que con poco dinero han podido preservar la integridad territorial del Estado. Y pueden llegar a pensar aquello tan maquiavélico que "el fin justifica los medios".
Contrariamente, pienso en el bien que habríamos podido hacer con este dinero. Llevar agua a las comunidades indígenas de Chiapas, dar becas comedor a niños y niñas, hacer planes locales de empleo, o sencillamente invertirlos en Rodalies.
Como veis, en 87 millones de euros cabe una forma de ver el mundo. Entre usarlos para la represión, el miedo y el saqueo de un referéndum o bien utilizarlos para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país puedan vivir mejor, porque se lo merecen. En esta línea entre unos y otros, en el fondo, radica toda una forma de ver el mundo y la sociedad. Y de aquí nace también buena parte del conflicto.