Según los responsables del Diccionario Oxford, una de las palabras de moda de este 2016 que ya se acaba es posverdad (post-truth). El uso de esta palabra ha aumentado este año en un 2.000% respecto al 2015. Son cosas de las modas. Es difícil explicar, sin embargo, qué significa realmente eso de la posverdad cuando de lo que estamos hablando es de la mentira.

Digamos, de entrada, que la posverdad aplicada a la política es la tendencia que tiene casi todo el mundo a dejarse llevar por sus prejuicios. Este comportamiento tan humano, el prejuicio, en política se traduce siempre en el sectarismo que los actores políticos (partidos, medios de comunicación y comentaristas) imponen en los debates públicos de ideas. Traducido en el ámbito del deporte, es la actitud del hooligan que defiende con pasión los colores de su equipo antes que reconocer que éste ha jugado mal. Un prejuicio menor si bien es igualmente sectario.

Según dicen los psicólogos, los prejuicios nos proporcionan placer porque la decisión sobre si una afirmación es verdadera o falsa es emocional. Y esto es lo que ha aprendido la comunicación política, que condiciona a los políticos más que a cualquier otra profesión, incluyendo a la de quienes generan ideas. Comunicar es más importando que pensar. La posverdad en tierras anglosajonas es una palabra que ya lleva una década de uso, pero ahora ha llegado a nosotros a raíz de las campañas del Brexit y de Donald Trump, durante las cuales se ha cultivado un discurso demagógico basado en medias verdades, amplificadas después por las redes sociales que intentan manipular los community managers de cada político bajo las directrices del jefe de prensa.

En un artículo titulado Art of the lie, el semanario The Economist aseguraba que “Trump es el máximo exponente de la posverdad política, una confianza en las afirmaciones que parecen ciertas, pero que no tienen ninguna base en la realidad”. ¿Qué tiene de extraordinario esta manera de actuar? La historia está llena de mentiras escritas por los vencedores, de verdades basadas en una telaraña de mentiras y de engaños de todo tipo. Además, a lo dicho también podríamos añadirle las promesas incumplidas, las manipulaciones informativas, el fundamentalismo constitucional de hoy en día, los falsos estados de derecho y un etcétera muy largo. Y eso se puede aplicar tanto a Trump como a Hugo Chávez (uno de los grandes impostores de la historia reciente) y a Mariano Rajoy.

La política, como la vida, debería fundamentarse en las evidencias. Hace años se intentó aplicar en la política el llamado fact checking o verificación de las afirmaciones de los políticos. Según Politifact, una web dedicada a evaluar si son verdad o no las afirmaciones de los políticos, por lo que se ve Barack Obama coló falsedades en el 25% de sus afirmaciones durante la campaña electoral del 2012, mientras que su rival, Mitt Romney, llegó al 40%. Donald Trump los ha superado: ha alcanzado el 70%.

Los datos del barómetro del GESOP desmienten el conciliábulo que mezcla a los contrarios al RUI pero favorables a un referéndum acordado con los que se oponen taxativamente al referéndum

Ni en España ni en Catalunya no existen este tipo de medidores de mentiras. Las pocas iniciativas que ha habido en este sentido, finalmente han resultado ser tanto o más partidistas que los políticos a los que pretendidamente fiscalizaban. Y, aun así, a menudo la verdad periodística se impone a la posverdad sectaria y destapa manipulaciones como las de La Razón cuando en un titular anunció que: “Miembros del Govern piden romper con la CUP y renunciar al referéndum”, mientras que la información del interior de la noticia no corroboraba la mentira impuesta por el director, el histérico unionista Francisco Marhuenda. Lo explicó muy bien Antoni Maria Piqué en El Nacional cuando en uno de sus magníficos reportajes se preguntaba ¿Para qué sirve una portada falsa?.

Las encuestas no son ningún fact checking, pero los datos que aportan indican cosas y desmienten los prejuicios y los rumores, que paradójicamente a veces están reforzados por el mensaje previo que tiene el medio que difunde la encuesta. La fragmentación de las opiniones posteriores ayuda a la difusión del mensaje que se pretende. Esto es lo que ha pasado con una encuesta que ha publicado El Periódico sobre el RUI. A pesar de los esfuerzos del diario unionista para señalar que la propuesta del referéndum divide a la sociedad catalana, los datos del barómetro político de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) desmienten el conciliábulo que mezcla a los contrarios al RUI pero favorables a un referéndum acordado con los que se oponen taxativamente al referéndum. Solo el 13,8% no quiere oír hablar de un hipotético referéndum soberanista, frente al 35% de los sondeados que defienden el derecho a decidir pero lo supeditan a un pacto con el ejecutivo del PP.

Enlazo la opinión de los articulistas que interpretan los resultados de esa encuesta para que se den cuenta de hasta qué punto son deudores de la posverdad impuesta por su director, Enric Hernàndez, un partisano del unionismo catalán. El citado barómetro pregunta sobre el RUI e indica que la mitad del electorado catalán, el 49,6%, está a favor del llamado RUI. Ahora bien, si sumamos este 49,6% de personas, que se supone que también estarían a favor de un referéndum acordado, al 35% que el mismo diario reconoce que son partidarios del referéndum pero no del RUI, resulta que la sociedad catalana es mayoritariamente favorable a decidir por la vía del referendo el futuro de Catalunya. Por lo tanto, sería legítimo titular la noticia de la manera siguiente: “El 84,6 de la población de Catalunya está a favor de que el Govern lleve a cabo un referéndum de independencia acordado con el Estado. Solo el 49,6 quiere que se convoque unilateralmente”. Inventamos palabras para describir lo que es más viejo que la nana.

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