Una cosa es ampliar la base y la otra es ir perdiéndola, de tanto que te alejas del núcleo. Si clavas la punta del compás justo en medio de la circunferencia y, con la excusa de dibujar un círculo más grande, abres el arco de manera demasiado forzada, el brazo se rompe y la línea deja de ser un círculo para convertirse en una recta aburrida y difusa. Un encefalograma plano, que es en lo que se ha convertido la política catalana. Aquella que en el Parlament tiene, supuestamente, mayoría independentista. Cuando menos, eso es lo que la gente votamos.

Tanto que se llenaron la boca, los políticos, del concepto mandato democrático cuando hablábamos del 1 octubre y de hacerlo efectivo, y tan poco caso que le hacen al actual mandato nacido de las urnas de las últimas autonómicas catalanas y que decía que se tenía que avanzar en aquel mismo sentido. El paradigma de este retroceso soberanista —de los partidos más que de la gente, que la gente está ahí, que nosotros estamos ahí, desengañados, pero al pie del cañón— es el nombramiento de la politóloga Astrid Barrio como asesora del Govern en el llamado acuerdo de claridad, que será muchas cosas pero claro, no mucho.

A menudo y desacertadamente se utilizan las palabras constitucionalista o unionista como antónimos de independentista. Como si unos estuviesen fuera de la ley y los otros no. Así se crean bandos de buenos y malos y no se iguala la legítima reivindicación o pensamiento. El adjetivo más apropiado, si se quiere buscar un opuesto, sería españolista. I Astrid Barrio lo es. Una persona que ha sido capaz de decir que el referéndum de 2017 era violento porque no respetaba la mayoría ni la legalidad.

Una mujer que en las redes sociales y en las tertulias —en algunas he coincidido con ella— siempre ha hecho gala de su animadversión hacia todo aquello que signifique la liberación nacional, llegando a negar la existencia de presos políticos y exiliados, a menudo con condescendencia y cinismo. Escogerla como persona de confianza del consejo académico del mencionado acuerdo es toda una declaración de intenciones, a la vez que roza el insulto a los años de lucha por la República Catalana.

Se ha pasado del consejo asesor de 2019, con Lluís Llach, al acuerdo de claridad de 2023, con Astrid Barrio

A finales de diciembre del año pasado en El Periódico —donde escribe regularmente— publicó un artículo titulado 'Volver al referéndum o aclararse'. Allí apuesta por "incorporar una vía española hacia la claridad". Podría ser casualidad el uso de la misma palabra —claridad— que ahora la ha fichado para supuestamente poner luz a la oscuridad (por no hablar del concepto vía española). Más bien es como poner a un pirómano a controlar un incendio. O quizás sí que es una de las bomberas que algunos han escogido para apagar el fuego de la lucha independentista.

Durante el mandato del president Torra, se creó el Consejo Asesor para el Debate Constituyente. Un ente que, con mayor o menor acierto, abrió un proceso participativo transversal, inclusivo y plural para establecer las bases constitucionales para el futuro político de Catalunya. Ahora, con el president Aragonès, nace este acuerdo de claridad que parece una mala imitación de aquella primera iniciativa pero mucho menos ambiciosa y con menos determinación. El consejo de 2019 estaba encabezado por Lluís Llach. En el acuerdo de claridad de 2023 está Astrid Barrio.

Desde la ridícula insistencia en la mesa de diálogo (que no tiene mesa, ni es un diálogo) hasta el acuerdo de claridad (que claramente no va a favor de la independencia) lo que parece que interesa al actual gobierno es más bien marear la perdiz, al menos eso es lo que se desprende de cómo actúa con respecto al proceso de independencia. Más bien parece todo una estrategia de desmovilización y de marear la perdiz y no de aclarar nada. O quizás sí. Aclarar posturas, cosa que siempre va bien.