Resulta sorprendente que Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial por una mala instrucción en la Gürtel, se atreva a decir que el magistrado del Tribunal Supremo Hurtado prevarica en el último auto de su instrucción del caso que imputa al fiscal general del Estado. Para empezar, porque buena parte de aquello en lo que se apoya Hurtado ya había sido visto en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, sin que entonces nada se objetase sobre quien dictaba las resoluciones. De allí salió la causa cuando el aforamiento del fiscal general la llevó al Tribunal Supremo y es ahí donde el fiscal general y sus subordinados, así como algunos periodistas, han declarado en diversas calidades. En segundo lugar, por ahondar en malas instrucciones, durante el tiempo que Garzón estuvo en la Audiencia Nacional, se benefició algún narcotraficante, cuando el periodo máximo de prisión provisional se agotó sin que toda la investigación hubiera sido cerrada (y escapó de la justicia cuando fue puesto en libertad).
Quizás anida en Garzón algún deseo de venganza por su propia expulsión o por cargar contra quienes persiguen al que fue segundo de su cónyuge cuando ella, Dolores Delgado, ostentaba el cargo que ahora ocupa Álvaro Ortiz y que ya en el máximo nivel, creó para Delgado una plaza (la Fiscalía de Memoria Democrática) que luego el Tribunal Supremo entendió espuriamente ocupada por Delgado. Aunque la resolución de Hurtado fuera objetable, no es Garzón el más legitimado para criticarla, dado su historial. Y, en todo caso, deberíamos convenir que no son los otros poderes del Estado, en concreto, el ejecutivo, en concreto, el gobierno, quienes pueden valorar o criticar las actuaciones de los jueces, como estos días lo han hecho.
La justicia en general funciona, diría que harto mejor que buena parte de la administración pública
A lo que asistimos es al juicio sobre la justicia cuando su actuación nos resulta inconveniente: cada vez que un juez sienta en el banquillo a uno de los suyos, y llevan unos cuantos, el gobierno se suma a la campaña difamatoria que algunos partidos llevan años lanzando contra la justicia. Lawfare, lo llaman, aunque lo que se comprueba sea más bien la existencia de una policía con voluntad de preservar la unidad de España utilizando métodos inaceptables, delictivos, denunciables en connivencia con un gobierno que no es el actual. Existen personas corruptas e indeseables en todas las instituciones, lo comprobamos cada día, pero no resulta creíble que solo hablemos de sus malas artes cuando implican a los nuestros. Han ido a la prisión políticos de todo pelaje, se ha sentado en el banquillo a la hija del rey y ha pasado años a la sombra su marido.
La justicia en general funciona, diría que harto mejor que buena parte de la administración pública. Si por cada juez instructor, sea en Madrid o Badajoz, que investiga a alguien del entorno de Pedro Sánchez hay que poner en tela de juicio el sistema entero, quienes acaban descreyéndose son el resto de imputables. No saben a qué juegan, ni quienes se benefician de esta política de barricada que tira a dar contra el sistema judicial. Con una justicia abatida, las reformas legislativas que llegan no ayudarán en nada. Y con toda probabilidad se quejarán amargamente cuando ya no tenga remedio.