Hay que reconocer que fue un discurso valiente el que hizo el pasado martes en el Congreso la diputada Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya. Lo hizo en la presentación de la iniciativa para crear la comisión de investigación sobre la llamada Operación Catalunya, es decir, sobre la guerra sucia del Estado contra el independentismo. La diputada no hizo una crítica genérica al comportamiento del Poder Judicial y de la Policía, sino que citó uno por uno a los jueces que, a su juicio, participaron en la supuesta trama de lawfare. Fue una atrevida intervención que seguramente satisfizo a los independentistas que siguieron el debate, pero consta que también ha generado dudas internas sobre la rentabilidad de esta estrategia.

Parece que Nogueras ya había realizado en el pasado una intervención similar que pasó totalmente inadvertida, seguramente porque en ese momento Junts no formaba parte de la mayoría parlamentaria gubernamental y nadie escuchaba sus discursos. Ahora, por razones electorales, es decir, democráticas, todo lo que dice la diputada, con o sin razón, será más trascendente. En cualquier caso, el fondo y la forma del discurso de la diputada no tiene demasiados precedentes en la política española y no pocos pensarán que ya era hora.

Los jueces no están acostumbrados a que les canten algunas verdades, entre otros motivos porque cuando alguien se ha atrevido a hacerlo ha pagado las consecuencias. No sabemos qué consecuencias puede tener el atrevimiento de la diputada, pero ha motivado de inmediato una reacción airada y por escrito del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial.

Míriam Nogueras hizo un discurso valiente y cargado de razones pero que ha puesto el bunker judicial al contragolpe y hace dudar si si ésta es la estrategia más rentable

El presidente Vicente Guilarte dice en su comunicado que “el señalamiento —y la finalidad de que de él se desprende— de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de Derecho uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes”. Es discutible el uso del término “inadmisible”, que suelen utilizar los tribunales cuando ejercen su poder jurisdiccional para rechazar demandas, pero lo que seguro sería incompatible con un Estado de Derecho sería negar a los representantes electos la función crítica con los propios poderes del Estado. En otra intervención pública, el jurista Guilarte, que sin ser juez ni magistrado, asume una representación gremial, permite pronunciar un exabrupto contra los diputados que quieren investigar actuaciones de dudosa legalidad. "Déjennos en paz", ha dicho como si los miembros del Poder Judicial tuvieran inviolabilidad como el rey. Ya lo dijo Montesquieu, como recuerda el amigo Manel Mas. "No hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia".

 A estas alturas está suficientemente documentado que hubo guerra sucia del Estado contra el independentismo, que las decisiones de los tribunales españoles eran tan discutibles como desautorizadas en algunos casos por otros tribunales europeos y que desde los poderes del Estado se consideró que la lucha contra el independentismo lo justificaba todo, como proclamó, entre otros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tan progresista que había parecido en otras épocas.

Por cierto, que Robles y el ministro Bolaños se han visto obligados a pedir perdón a los jueces por el discurso de Nogueras, lo que resulta francamente grotesco, porque Nogueras no es su hija y no creo que quiera que se disculpen por ella y porque seguramente los jueces, tan preocupados por la separación de poderes, pero tan enfurecidos con la nueva mayoría parlamentaria, les habrán enviado a la mierda.

Ahora bien, lo más trascendente de esta legislatura española es sin duda la amnistía y es importante porque, como sostiene con razón Alberto Núñez Feijóo, la amnistía implica reconocer de facto los desmanes de las policías y los tribunales españoles e incluso desautoriza el discurso beligerante que hizo del Rey Felipe VI el 3 de octubre del 2017. Y eso es tan, tan, tan revolucionario que tendrá todos los estamentos del Estado en pie de guerra para abortar la operación. Así que por una vez y sin que sirva de precedente, quizás los catalanes también podrían intentar no ponerlo más difícil y adoptar la máxima castellana (y vasca) de “conseguir el efecto sin que se note el cuidado”, en vez de proclamar el cuidado para no conseguir ningún efecto.

A diferencia de los catalanes, los vascos no proclaman sus reivindicaciones, nadie sabía lo que había reclamado Bildu al PSOE a cambio de la investidura, pero sutilmente ya han logrado la alcaldía de Pamplona

Desde los tiempos de Pujol se ha consolidado un modus operandi en las relaciones con los gobiernos españoles en los que el interlocutor, CiU, Tripartit, ERC o Junts se ha puesto medallas a base de discursos muy reivindicativos, que han acabado con acuerdos proclamados como históricos, pero que han resultado siempre en insuficientes, cuando no claramente tomaduras de pelo. Se generan tantas expectativas que finalmente todo queda en agua de borrajas. Y porque todo se ha hecho y todo se hace no pensando en el poder que conviene conseguir sino en el rédito electoral que se puede obtener a base de la propaganda.

Es obvio que en este tema los vascos lo hacen mejor. Obsérvese que hasta ahora nadie sabía que había pactado Bildu con el PSOE a cambio de la investidura. Bildu no tenía necesidad de justificarse ante su clientela para pactar la investidura. No ha presumido de nada y ahora hemos visto cómo el PSOE le ha entregado a Bildu la alcaldía de Pamplona, algo que parecía impensable. De la legislatura anterior se sabe que han ido acercando presos a Euskadi y algunos han sido liberados, todo ello con la máxima discreción porque lo importante no era presumir del objetivo sino conseguirlo. El PNV siempre negocia genéricamente sobre su Estatuto, nadie se dará cuenta y acabarán teniendo la seguridad social y las pensiones. En política suele ocurrir que se hace lo que no se dice y especialmente en política catalana lo que se dice es lo que no se hace.

La prioridad de Junts y ERC sigue siendo rivalizar con discursos y actitudes tan arruinados como escasamente rentables

La amnistía es importante para liberar a los represaliados, que es la condición necesaria para poder volver a hacer política. Y hay que volver a hacer política para resolver los grandes déficits del país, a ser posible antes de que llegue la independencia. Y el principal déficit es, como ha recordado el ex conseller Jaume Giró, el déficit fiscal y financiero. El concierto económico para Catalunya ha parecido siempre un imposible, pero desde el 23 de julio sabemos que nada es del todo imposible. Visto lo que hemos visto, en una circunstancia como la del 23-J, ¿alguien cree que PSOE o PP no transigirían con el concierto a cambio del poder? Evidentemente, para eso sería imprescindible que los diputados catalanes en Madrid cerraran filas con un único y trascendental objetivo, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo sin enseñar las cartas antes de tiempo, como hacen los vascos, para no facilitar la reacción del adversario. Sin embargo, la prioridad de Junts y ERC sigue siendo rivalizar con discursos y actitudes tan inflamadas como escasamente rentables.

Pongamos un ejemplo actual. ¿Alguien cree que Catalunya tendrá mejor financiación por el hecho de no participar la consejera de Economía en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto al resto de comunidades? Lo que ocurre, si no va, es que levanta la liebre de que pretende una relación bilateral, y está claro que la quiere, pero avisa al resto de comunidades para que se organicen para impedirlo. Y al final quizás tenga que conformarse con el sistema de financiación común que decidirán todos los demás. Es necesario ser valientes, pero sobre todo eficientes.