La estrategia de este juicio farsa combina dos imposturas difíciles de esconder. Por un lado está la impostura propia del mundo de los abogados. Tan pronto defienden, por dinero, a los presos políticos independentistas como le dan trabajo a una vicepresidenta del Gobierno de España mal llamada Bolita de Azufre. Pueden defender una cosa y su contraria, servir a Dios y al diablo, al alfa y al omega, para los juristas todo es posible. Tienen una jeta de cemento armado. El negocio es el negocio y aquí de lo que se trata es de que siga la fiesta, de mantener abierta la tienda. No hay ninguna evidencia que nos permita pensar en una estrategia para unos presos políticos en un juicio político, ni aquí ni en la China Popular. Ante un caso de asesinato, de robo, de narcotráfico, de cualquier otra índole, sería perfectamente posible una defensa técnica y puramente profesional. Pero, por definición, no hay defensa posible ante un juicio político excepto una defensa política. Si la sentencia ya está escrita previamente, no es posible una defensa que pueda prosperar. Entonces ¿por qué insisten tanto algunos abogados, contra toda lógica, en realizar una defensa apolítica de unos presos políticos? Para mantener el negocio, naturalmente, para promocionarse televisadamente. Es exactamente igual como ocurre con aquel enfermo vegetativo, sin esperanza, que mantenemos vivo sólo gracias a nuestra arrogancia, pegado a la conexión con unas máquinas. Los médicos juegan entonces con nuestra capacidad para la esperanza, nos hacen creer en un milagro salvador y puede que no velen por nuestros intereses sino por los suyos. Exactamente igual que los abogados que afirman en público que sólo están realizando, punto por punto, la voluntad de sus clientes. Como si los clientes estuvieran en situación de decidir, como si los clientes no se hubieran puesto en manos de los profesionales del derecho a ciegas, anulada su voluntad, confiando en su extraordinaria profesionalidad. Y sí, son unos grandes profesionales. Pero sólo cuando se trata de un juicio por robo, por asesinato, por un testamento, por cualquier cuestión a la que se dedica habitualmente el derecho. Para los juicios políticos, lamentablemente, no hay profesional que valga. Ya que la sentencia del juicio farsa está escrita de antemano.

La estrategia que tiene prevista la sala, los siete jueces que presiden, es la estrategia que se puede ver en la película Matar a un ruiseñor, la adaptación cinematográfica de 1962 de un buen libro de Harper Lee. Para condenar al pobre negro inocente la estrategia de los partidarios de Lynch es la de sembrar la duda. ¿Y si el negro, tal vez, ha violentado al final a la señora blanca, y si el pobre desgraciado ha puesto sus manos sobre la señora? Con la generación de la duda les basta, de sobra. No es necesario que demuestren que el negro sea culpable, les basta con proyectar la duda, la sombra de una duda, con ello quedarán satisfechos. Porque en el caso de que se quede la cosa en la indefinición, en el caso en el que parezca que han quedado empatados los argumentos a favor del negro y los argumentos a favor de la señora blanca, ante el empate, el tribunal siempre creerá antes en la versión de una blanca por encima de la versión del negro. En la sociedad racista que plantea la historia, un blanco siempre tiene unos argumentos más motivados, más creíbles, más sólidos, más verosímiles. Es lo que se conoce como presunción de veracidad. La palabra de los agentes de la autoridad vale siempre más que la nuestra, al igual que la palabra de la mujer blanca vale más que la del hombre negro. Es el principio que inspira los artículos 38 y 39 de la ley 39/2015 y el artículo 52 de la ley orgánica 4/2015 de la protección de la seguridad ciudadana. Los agentes de la autoridad, es decir, los policías y la Guardia Civil, ante el Estado, tienen más crédito que no el resto de ciudadanos. Ante el Estado los presos políticos y los que les votamos somos los negros de Alabama y las fuerzas represivas coloniales son los blancos. Ciertamente no pueden demostrar ni la rebelión, ni la sedición ni tampoco la malversación porque son delitos inexistentes. Les basta con sembrar la duda para condenar a los Jordis y los ex miembros del Gobierno de la Generalitat.

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