Cada día que pasa el juicio supremo del Tribunal Supremo es más grotesco, más tramposo, más absurdamente exagerado y, en definitiva, imposible de tomárselo en serio. Si hoy tuviéramos tan buena disposición humana y tanta ingenuidad como nos exige el espectáculo televisivo, podríamos llegar a una paradoja colosal y diabólica. Y es que ni los políticos presos independentistas intentaron independizar a Catalunya ni, de acuerdo con el antiguo ministro Juan Ignacio Zoido, tampoco nadie ordenó las brutales cargas policiales contra la población indefensa el Primero de octubre de 2017. Todo el mundo ha tirado la piedra y ahora esconde la mano. Que los acusados intenten evitar la cárcel y sean capaces de negar las evidencias y de retorcer la crónica de aquellos acontecimientos para sustraerse a la acción punitiva de la inquisición española no sólo se puede explicar sino que es perfectamente recomendable. El perseguido político tiene siempre la obligación estratégica de evitar la represión por cualquier medio, recordando que aunque ésta sea una incruenta guerra de independencia, las manifestaciones violentas y la construcción pública de falsedades de trascendencia política sólo han ido en aumento. Lo que ya no se explica con tanta facilidad es que los miembros del anterior Gobierno del PP estén tan poco convencidos de su actuación, que todo el mundo se saque las pulgas de encima. M. Rajoy le pasa el muerto a Soraya Sáenz de Santamaría y ésta envía el cadáver hasta el ministro Zoido, el cual, a su vez, señala al teniente-coronel Diego Pérez de los Cobos Orihuel. Ahora resultará que la acción de represión policial, a la hora de la verdad, no gusta a nadie, que gusta tan poco como para no asumir y decir públicamente que ellos estaban salvando España, que lo hicieron todo para España y mucha España. Y mucho olé. Con el mismo entusiasmo y la valentía que pusieron de manifiesto el teniente coronel Antonio Tejero mientras hablaba con su amigo Juan García Carrés, inmensamente contento de los hechos del 23 de febrero antes del colapso de los carceleros. ¿En qué quedamos, la actuación fue correcta o no?

Yo diría que Xabier Arzalluz murió precisamente ayer para llamar la atención sobre este falso enigma del juicio. No me extrañaría puesto que el gran político vasco siempre trabajó en contra de España entendida como prisión de los pueblos que la componen. Mientras el ministro Zoido, ojos gordos, dedos gordos, cara reforzada, se declaraba sorprendentemente marginal durante los hechos del Primero de octubre, es como si volvieran a resonar las eternas palabras de Arzalluz en contra la Constitución española. Una ley de leyes perfectamente tramposa, con la que el Estado español sólo ha pretendido, desde 1978, formar parte de Europa, devenir presentable en el contexto internacional pero sin cambiar en realidad la raíz profunda del estado franquista que se resiste a morir. Arzalluz recordaba que el ejército se impuso, con la pistola encima de la mesa, como garante de la sacrosanta unidad de la patria en el artículo octavo de la Constitución. Y que el ejército y las fuerzas de la policía española son y siguen siendo un poder dentro del poder. Que continúan actuando de manera autónoma y antidemocrática, como poder fáctico, interviniendo cada vez que se puede poner en cuestión la unidad de España. El ejército que hoy como ayer, después de cuarenta años, no ha dejado de alabar la figura general Franco y de advertir con una intervención en caso de independencia catalana o vasca. Ni la policía ni el ejército nunca han dejado de condicionar la política del poder civil, de amenazar, intimidar, de intervenir. En una ocasión en que Xabier Arzalluz aconsejó a Juan Carlos I la negociación con ETA para acabar con la violencia, el monarca le dijo confidencialmente: “¿Cómo? Con ETA? ¿Y qué dirá la Guardia Civil?“. “No sabía que fuera la Guardia Civil, respondió el político vasco, quien determina la política del Estado.” Cuando en España se dice que una orden que una advertencia, que una iniciativa, viene de arriba, pero de bien arriba, normalmente se entiende que es una intervención del monarca. Pero, en realidad, cuando viene de arriba de verdad es cuando viene de más arriba del rey: cuando viene del ejército o de la Guardia Civil, un cuerpo paramilitar opaco a los controles democráticos. Ahora entiendo porque la emisora de Jiménez Losantos no deja de exhibir, en su programa, muchas marchas militares españolas y aplaudir la retórica represora de los novios de la muerte.