“C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser.”
Montesquieu

Seguro que estos últimos días han visto a centenares de jueces en las redes sociales, en las teles, o escribiendo artículos sobre el tremendo error cometido por una de sus compañeras al olvidar prorrogar la instrucción del mayor caso contra la mafia rusa en más de una década. A Su Señoría se le olvidó dictar un auto y ahora ha tenido que dejarlos libres y devolverles las armas, las casas y la pasta. En un último intento de arreglar el estropicio, los fiscales de Madrid han presentado un papelín, pero la cosa pinta mal. ¿Han visto a las asociaciones hacer un mea culpa y clamar por la exigencia de responsabilidades disciplinarias a la susodicha? Sólo en una de ciencia-ficción verían algo así.

Lo que sí es real, BeReal, es que los fiscales se han indignado porque la Fiscalía General quería controlar la historia esa de que haya gente preparando en B opositores. Les pidieron que hicieran una declaración sobre si eran preparadores o no. Un papelito diciendo: sí, preparo o no, no preparo. Una locura, ya ven. Indignados es poco. ¡Qué insulto pensar que los que no han declarado nada hasta ahora a lo mejor… se lo callan! ¡Qué temeridad de locos es hacérselo poner por escrito! Claro que entonces habría constancia de la falsedad si se hace a hurtadillas. Tan inflamados estaban con la osadía que se han ido a pleitear y, ¡fíjense!, los jueces del TSJM les han dado las cautelares que pidieron y han paralizado el decreto. Y ya saben lo que pasará. No vaya a ser que a alguien se le pase por las mientes hacer lo mismo con los propios jueces. Olvidan demasiado a ese Montesquieu que no se les cae de la boca y que escribió: “¡Quién lo diría! La virtud misma tiene necesidad de límites”. Fiscales virtuosos, jueces virtuosos, aplíquense el cuento y no pretendan ponérselos ustedes mismos.

Las asociaciones judiciales conservadoras se han convertido en lobbies de presión para conseguir la legislación que desean. Unas dos mil personas pretenden forzar —con la connivencia de un PP filibustero— que nuestros representantes legislen exactamente lo que ellos quieren. Es muy preocupante esta deriva independentista de los jueces españoles. Los jueces, sobre todo los más conservadores, y también en la medida en que pueden los fiscales, están intentando hace tiempo hacerse con las riendas de las instituciones que representan arengando y exigiendo la “independencia” en una lectura no sólo burda sino bastante fake de la separación de poderes y del papel de las carreras funcionariales que integran. Son las puñetas indepes. Tiene narices.

Han olvidado, o han reelaborado a su gusto, un concepto de independencia que se refiere a una disposición íntima, a un ánimo interno de cada uno de los jueces a la hora de dictar sus resoluciones y no a un autogobierno exclusivo y ajeno a cualquier entronque democrático. Ellos, los que han pasado un examen en el que se autoexaminan, quieren autoelegirse para autorreglarse y autoascenderse y autocastigarse o autoperdonarse y decidir a quién encumbran en su carrera y a quién se lo impiden sin ninguna intervención ni legitimación de la soberanía popular. Esa no dependencia de ninguna de las partes ni de ninguna influencia que no sea la de la pura ley, a cuyo imperio deben someterse, la han transformado en este nuevo relato en una independencia de poderes que viene a ser un yo me lo guiso y yo me lo como sin que nada ni nadie pueda ponerles freno o contrapeso. Tengan en cuenta que los pobres ocho vocales elegidos por las cámaras estarían siempre en una evidente minoría para todo.

Las asociaciones judiciales conservadoras se han convertido en lobbies de presión para conseguir la legislación que desean. Están intentando hace tiempo hacerse con las riendas de las instituciones que representan arengando y exigiendo la “independencia”

Los jueces buscan independizarse y se han constituido en grupos de presión para legislar. Sí, para legislar porque pretenden decidir y luego imponer una forma de elección de los miembros del CGPJ suplantando a quien la Constitución otorga el poder de hacerlo: al Parlamento en forma de ley orgánica. Por supuesto, han logrado vender que si los jueces se eligen entre ellos desaparecerá la politización. En otros tiempos, no sé. En estos tiempos líquidos, la politización de las asociaciones judiciales las convierte en verdaderos partidos, con una salvedad que les cuento en secreto y si no me delatan: los jueces son nulos para hacer política, no saben, no han sido entrenados para eso, sino para ordenar y mandar.

Ni entre ellos se ponen de acuerdo. Los autodenominados “profesionales”, o sea los más conservadores, quieren elegir a esos doce vocales judiciales mediante "una elección directa, con listas abiertas, con circunscripción nacional y sin restricciones de ningún tipo". Un mayoritario puro que llevará sí o sí a que sus integrantes copen los puestos y, por supuesto, tengan la mayoría absoluta y controlen así todos los nombramientos.

No lo digo yo, lo dicen sus propios compañeros, que saben que eso haría que un órgano constitucional quedara para siempre en las garras de esa asociación concreta, que no podrían acceder a ciertos puestos sino con su aquiescencia. Como ha dicho el portavoz de la Francisco de Vitoria, lo que proponen los conservadores y ahora dice que apoya el PP “no haría sino sustituir un mecanismo de injerencia por otro”. Pues puestos a la injerencia, al menos el peso de los partidos en las Cortes lo podemos cambiar cada cuatro años.

Los jueces conservadores son indepes porque quieren repartirse entre ellos el cotarro y para ello manosean a Montesquieu y engañan poco sutilmente a la ciudadanía. En L’Esprit des Lois queda meridianamente claro que no pretende que independencia sea desconexión total y absoluta, sino de establecer balanceos entre todos ellos. El francés llamaba al poder judicial el “no poder”y los que sí hablan su idioma, hicieron una Constitución francesa que no se refiere al poder judicial sino a la autoridad judicial. La “faculté d’empecher”, es decir, de prevenir la deriva de los otros poderes. Montesquieu, no quería al judicial derivando solo. Hace una década yo pensaba otra cosa, pero visto lo visto, lo que les vengo contando, tengo claro que asistimos a una lucha por copar el poder que no beneficiaría a nuestra democracia. Me da miedo.

Son los representantes populares los que deben decidir si esa ley orgánica se cambia y cómo. Ni siquiera el Consejo de Europa puede obligarnos a cambiar una ley vigente desde 1985 declarada constitucional y un sistema que solo se peta cuando un partido hace el pirata. En todo caso, es impensable esa imposición que pretenden forzar. Si finalmente se decidiera debatir una elección judicial directa de 12 vocales, que constituyen la mayoría absoluta, habría que reducir las competencias del CGPJ y restringir su capacidad de hacer nombramientos. Es una ley la que las regula y las leyes las hacen los políticos electos, les guste o no les guste.

No se pierdan cómo intentan sacar tajada del plante del PP y de la tensión con el PSOE. Es el procés de los jueces conservadores, que quieren sacar sus urnas.