"Puigdemont vive en Matrix y se cree que puede ser president por WhatsApp". Estas fueron las palabras textuales de Inés Arrimadas un 30 de diciembre de 2017. No sabremos nunca si eran burla o ignorancia, o ambas. Lo que sí que sabemos es que lo que no podía ser de ninguna manera para algunos, o que era ciencia-ficción para otros, hoy es una realidad impuesta como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. De hecho, un mes después de aquellas declaraciones, y a petición del gobierno Rajoy, el Tribunal Constitucional impedía la investidura telemática de Carles Puigdemont y posteriormente la de Jordi Sànchez. Una investidura en formato telemático que ni el reglamento del Parlament ni la ley de la Presidència de la Generalitat lo prohibían explícitamente, y que, en todo caso, si su redactado generaba alguna duda, la interpretación de la ley siempre tendría que ser favorable y no contraria al derecho político de un ciudadano que se había podido presentar a unas elecciones y que había salido escogido diputado. Por cierto, como ha dejado claro el TJUE en una sentencia reciente en el ámbito del Parlamento Europeo.

Pero la capacidad española de retorcer la ley no acabó aquí. Después de tomar posesión como president de Catalunya, Quim Torra nombró oficialmente (vía decreto de la Presidència) su primer Govern, que restituía a cuatro consellers en sus correspondientes carteras: a Jordi Turull como conseller de la Presidència, a Toni Comín como conseller de Salut, a Josep Rull como conseller de Territori i Sostenibilitat y a Lluís Puig como conseller de Cultura. Pues bien, ninguno de ellos pudo tomar posesión de su cargo, ni presencial ni telemáticamente, porque el Govern se negaba a publicar el nombramiento de los consellers en el Diario Oficial, a pesar de ser un acto debido. Un diputado socialista muy aficionado al baile lo justificaba diciendo que era lógico no permitir la restitución de unos consellers "que no podrían ir a las reuniones del Consell Executiu que se hacen en el Palau de la Generalitat o no comparecer en el Parlament". El mismo diputado que ahora ve la mar de bien que el gobierno de Pedro Sánchez haga Consejos de Ministros por videoconferencia.

El proyecto de #RepúblicaDigital que estamos sacando adelante es un acelerador de progreso y de derechos y libertades en un siglo que será digital y ciudadano

Hago este ejercicio de memoria reciente para contraponerlo con la actualidad: desde hace cuatro semanas el Govern de Catalunya ya ha celebrado siete Consells Executius telemáticos e, incluso, un conseller ha tomado posesión de su cargo telemáticamente. Y esta vez ni el Gobierno, ni ningún juez o fiscal lo ha impedido. Lo que hace dos años estaba prohibido y era constitutivo de un delito penal, ahora parece que ya no lo es. ¿Y qué ley ha cambiado desde entonces, os preguntaréis? Ya os lo digo yo: NINGUNA. En España, "el imperio de la ley" sólo se aplica cuando conviene, pero siempre a los disidentes con "el imperio". Hoy, con una España confinada en casa para frenar la Covid-19, las videoconferencias y las herramientas de gobernanza digital se están utilizando para celebrar Consejos de Ministros, así como sesiones y votaciones telemáticas en el Congreso de los Diputados, y todo el mundo lo ve la mar de normal. En definitiva, España siempre llega tarde. Sobre todo en derechos y libertades, y también en innovación tecnológica.

En este sentido, el Govern de Catalunya hace dos años que trabaja y se prepara para esta gobernanza digital. El proyecto de #RepúblicaDigital que estamos sacando adelante, y que el señor Pedro Sánchez se empeña en querer parar, incluso vía decreto, es un acelerador de progreso y de derechos y libertades en un siglo que será digital y ciudadano. Es un modelo de país que empodera al ciudadano, que lo capacita digitalmente, que le da herramientas para protegerse de los abusos digitales que empresas y estados como el español quieren ejercer sobre ellos. Y sobre todo, es un país con un gobierno que no sólo gobierna PARA LOS ciudadanos sino que gobierna CON los ciudadanos. Un país que funciona en red (como internet). En definitiva, Catalunya quiere utilizar la tecnología para ser un país mejor gestionado, más sostenible, más emprendedor y más democrático.

Como dijo Ghandi: "Primero te ignoran, después se ríen, después te atacan y finalmente, ganas".

 

Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública