La persistencia españolista del juez parece hollín. Porque si no se pone remedio, acabará encarcelando también al vicepresidente Pere Aragonès por las mismas razones injustas, estrictamente políticas, abusivamente arbitrarias, por las que ya están entre rejas el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de consejeros del Gobierno Puigdemont. Es muy grave que hoy, casi un año después, aún quieran represaliar a Aragonès —acompañado por todos los dirigentes políticos que puedan añadir al saco— para intentar arrodillar al independentismo. La represión no se detiene y parece que no se detendrá, como ya advertimos a los pactistas ingenuos. Cualquier día nos puede llegar, siguiendo esta extraña lógica, una citación judicial por una infracción de tráfico de los almogávares. Se ve que los jueces, en el mundo de Heidi, deberían ser necesariamente imparciales y justos además de rápidos, la teoría es ésta al menos. Pero del mismo modo que todo el mundo admite que hay jueces conservadores y progresistas, de derechas y de izquierdas como si dijéramos, también deberían existir jueces españolistas e independentistas, simplemente porque ésta es la otra realidad política del país. ¿Qué ocurre con la apropiación del espacio público de los juzgados por parte del españolismo, señores de Ciudadanos? ¿Qué pasa con la neutralidad de los jueces, con la justicia que debería llevar vendados sus ojos? Pues que tiene una vista de águila para discriminar políticamente. No es casualidad que la presencia de la lengua española en la administración de la justicia catalana sea absoluta, contraviniendo todas las leyes de normalización lingüística, y que sea precisamente esta justicia catalana españolista la que se dedique a hacer un trabajo óptimo de represión política. Como en cualquier régimen colonial de explotación. Sin jueces catalanes e independentistas la justicia en nuestro país seguirá siendo una comedia y una vergüenza. Una inquisición genuinamente española.

En una de las últimas entrevistas a Xabier Arzalluz, el político vasco, recordaba que, durante una reunión con los principales dirigentes políticos españoles y el rey Juan Carlos, había manifestado ser partidario del diálogo con los terroristas de ETA. Como eran aquellos unos tiempos sin demasiado puritanismo ideológico, al menos los españolistas le dejaron decir lo que quiso y, luego, continuaron indiferentes, como si estuvieran sordos. Pero héte aquí que en un determinado momento de la reunión, el rey quiso conocer más a fondo la opinión de Arzalluz y, en privado, le preguntó si realmente creía que hablar con los terroristas tendría alguna consecuencia positiva. “Sí, le dijo, lo tenemos que probar todo”. La respuesta del monarca dejó atónito al dirigente del PNV. No expresó reticencias ideológicas sino prácticas: “Y qué dirá la Guardia Civil si hacemos esto?” O dicho de otro modo, en España determinados poderes fácticos, no sólo el ejército, imponen su ley siempre que pueden, por encima de los políticos que representan la voluntad de los ciudadanos. En un régimen de democracia puramente formal como la actual, la policía, los paramilitares de la Guardia Civil, o los jueces del patriotismo españolista son los que intentan, y a menudo consiguen, marcar la línea de actuación política de todo el Estado. El ministro del Interior, incluso, puede llegar a convertirse en un subordinado de la policía, como pudimos constatar durante el escandaloso episodio de las grabaciones en el despacho oficial de Jorge Fernández Díaz. Este es, auténticamente, el gran drama del imposible diálogo político entre Catalunya y España. Al otro lado, en Madrid, hay tanta gente que manda de forma absolutista en su exclusivo ámbito de poder, en el otro lado hay tanto odio contra Catalunya, y los políticos del españolismo moderado se ven tan impotentes, que no parece muy factible evitar una nueva confrontación. Con España no es que no se deba dialogar, no es exactamente eso. Es que no se puede. Mientras no haya ningún líder político que realmente tenga las riendas del poder, lo que no se puede decir de Pedro Sánchez, el diálogo y la negociación se convierten en imposibles, en irreales. La colisión, por ahora, no se podrá evitar mientras el españolismo judicial continúe haciendo ruido de sables, o en su caso, de campanillas sentenciosas y represoras.