Cuidado con los CDR. Atención. Los del PSC, especialmente Miquel Iceta y Salvador Illa, ya hace días que advierten que se podría producir un “enfrentamiento civil” entre los independentistas y españolistas, ya hace tiempo que reiteran una llamada al mal tiempo, una negra profecía que parece que se tenga que cumplir necesariamente como si los socialistas tuvieran más información sobre el futuro que el resto de mortales. Sabemos que no es el caso, que no es sepan más que nadie: lo que están haciendo con esta advertencia es participar en una construcción mediática en la que participa lealmente El Periódico, diario a las órdenes de Soraya Sáenz de Santamaría. Están participando en la fabricación de la criminalización de la actividad política de los CDR, los Comités en Defensa de la República, para conseguir de esta manera intentar responsabilizarlos ante la opinión pública de cualquier hecho delictivo que pueda producirse en el futuro. Y, sobre todo, están tratando de justificar la terrorífica represión que prepara el Estado español contra Catalunya. Justificar un castigo ejemplar. Como si la Operación Cataluña de las cloacas del Estado no sólo no hubiera acabado sino que funcionara a toda máquina. Vuelven los GAL, no en forma crímenes de sangre, sino en forma de ataque a la democracia, de justificación política a cualquier precio de la razón de Estado. Del mismo modo que el Partido Socialista de Euskadi, en su momento, no condenó los GAL de la misma manera que ETA —esto lo tiene estudiado Rafael Leonisio Calvo en su libro Cambio y Continuidad en el discurso político: El caso del Partido Socialista de Euskadi (1977-2011)— hoy el PSC se decanta abiertamente en contra de la mayoría electoral independentista y se presenta como compañero de viaje de la muy minoritaria ultraderecha españolista.

Si tenemos que hacer caso de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional de España no sólo el terrorismo de ETA pretendía subvertir el orden constitucional. También los GAL. También lo pretendían las estructuras del Estado español que participaron en el terrorismo de Estado, en la guerra sucia, la cual, aunque no pretendiera subvertir al igual que ETA el sistema democrático, en la práctica también lo estaba haciendo de manera gravísima. Las cloacas del Estado que proclaman la defensa a ultranza del orden democrático, cuando actúan al margen de la ley están produciendo una grave infracción de los derechos individuales de los ciudadanos, unos derechos individuales que son el auténtico fundamento de la democracia. El orden constitucional es atacado por todos aquellos que reducen el libre ejercicio de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos. No sólo por los que ponen bombas, también por los agentes del Estado que se saltan la ley. Naturalmente, un Estado tiene más medios y más capacidad, más poder de actuar contra los derechos del conjunto de la sociedad que un grupo de asesinos como el de ETA.

Como afirma Guillermo Portilla Contreras, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, “el Ministerio del Interior optó, no por la vía legal sino por la comisión de delitos para combatir el terrorismo”, de tal manera que destruyó “las bases del Estado de derecho y, en consecuencia, afecta inevitablemente a la seguridad de todos los ciudadanos y, por supuesto, a la paz pública.” Dicho de otro modo, a cargo de los fondos reservados, determinados responsables políticos erosionaron gravemente la democracia española, hipócritamente bajo la bandera de la defensa de la democracia. Tan hipócritamente que no sólo atentaron contra la paz pública al actuar al margen de la ley sino que, además, estas determinadas personas se enriquecieron en otro capítulo de corrupción económica, previsible, inevitable, cuando reinan la opacidad informativa y la ausencia absoluta de respeto a los fundamentos de la ley. Cabe, en este sentido, preguntarse si la justificación política de las actividades criminales de los GAL desapareció con la desaparición de aquellos comandos. Cabe preguntarse si la justificación política de la razón de Estado por encima de cualquier otra consideración vuelve a tener vigencia entre los servicios secretos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando hoy se habla de terrorismo en Catalunya, de situación de pre-terrorismo, cuando se hacen pronósticos que anuncian una grave situación de violencia en contra de la democracia, la verdad es que la única subversión del orden constitucional es la del Operación Cataluña. Es en Madrid que se vuelve a hablar de ETA. Y no, los CDR no son un germen de violencia que si no se detiene puede terminar en terrorismo. Es al contrario. Es la violencia policial y paramilitar, siempre latente y que se concretó el primero de octubre, la que puede terminar en terrorismo si no cesa inmediatamente con la excusa de los CDR, con el pretexto del independentismo, siempre democrático. El Estado español tiene un historial demasiado reciente de crímenes de Estado para quitarle el ojo de encima. Ahora que me acuerdo, Miquel Iceta ¿no fue director del Departamento de Análisis del Gabinete de Presidencia del Gobierno en 1991, a las órdenes de Narcís Serra y Felipe González?