Hoy, contra lo que es costumbre, hablaré de mí porque me han acusado formalmente de un delito de odio, tal y como se publicó hace semanas aquí mismo. Según el vigente código penal, si fuera declarado culpable, me podrían condenar a un máximo de tres años de prisión. Yo ya comprendo muy bien que tres años sin Galves podría ser una posibilidad maravillosa para algunas personas. Y es que, según parece, un artículo mío que rebatía unas palabras de Inés Arrimadas a propósito de Cornellà no ha sido muy bien acogido, precisamente, por un juez de Cornellà el que ahora me investiga. Y que me interrogará en Cornellà el próximo viernes día 9 de marzo. Tengo ganas de verle. Y me investiga también la policía nacional que ya ha elaborado un completo dossier sobre lo que digo y lo que dejo de decir en Twitter, sobre lo que pío e, incluso, también sobre lo que repío. No sé si siguen mis movimientos ni si tengo pinchado el teléfono. Mi artículo a propósito de Cornellà tampoco ha gustado en el Ayuntamiento de Cornellà, dirigido con mano maestra por Antonio Balmón. Opina que merezco ser castigado por haber escrito lo que escribí sobre la maravillosa ciudad de Cornellà. Se ve que, por poner un ejemplo, no tiene nada que decir ni nada que denunciar sobre lo que Federico Jiménez Losantos escribe o dice por radio cada día pero sí tiene quejas sobre mi artículo publicado en el Nacional. Si no me equivoco, que podría muy bien ser, diría que soy el primer periodista del Estado Español a quien se le recrimina un artículo como fuente de odio, como delito de odio. El primer periodista al que quieren castigar por publicar una opinión política y social pretextando odio.

Pero he aquí que leo ayer que, el Tribunal Supremo de España, para justificar la absolución de Cassandra Vera, una señora que había hecho doce Tweets cachondeándose del asesinato del Almirante-duque Carrero Blanco, dice que “el derecho penal no puede prohibir el odio, no puede castigar al ciudadano que odia”. De todos modos también el alto tribunal añade que la conducta de Vera la tuitera es “reprobable y reprochable”, que sus tuits “constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a “personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y a sus familiares”. Me gusta mucho el estilo contundente de la sentencia y me he quedado pensando un buen rato sobre la imagen literaria del zarpazo, un buen rato pensando en eso. Actualmente convivo con mi gato Atila y no sé si sus zarpazos pueden ser comparables con el atentado terrorista que hizo volar por los aires el coche de Carrero Blanco. Ni sé, ignoro completamente, si el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta el derecho humano a la disidencia política y al humor corrosivo en contra de los gobernantes, especialmente de los gobernantes cuando son los responsables de una dictadura. Ni sé si el comentario del general Franco “no hay mal que por bien no venga” puede ser considerado una aceptación implícita del terrorismo de ETA. Si los chistes contra Carrero Blanco son reprobables y reprochables ¿también lo serían, pregunto yo, los chistes sobre la carbonización del doctor Joseph Goebbels? En Israel me contaron unos cuantos, ¿debo denunciar mis amigos judíos? ¿Y qué me dicen del asesinato terrorista de Reinhard Heydrich en Praga el 4 de junio de 1942? ¿Se deben denunciar y perseguir los chistes sobre uno de los responsables de la Shoá, Stellvertretender Reichsprotektor del Protectorado de Bohemia y Moravia y también SS-Obergruppenführer und General der Polizei? El señor Heydrich también sufrió el “zarpazo” del terrorismo pero no sé si a sus actuales familiares podrían molestarles los chistes que entonces los checos hacían circular por Praga. Creo que ya tienen más que suficiente con la vergüenza de ser y de saberse familiares de un individuo como aquel.

Cabe decir que el odio existe como también existe el amor. Y que son dos sentimientos humanos definidos. Pero no es menos cierto que del amor al odio y del odio al amor sólo hay un paso como certifica toda la historia de la literatura y del cine. Y que los sentimientos humanos son muy complejos y ahora ningún tribunal no los conseguirá ordenar ni reglamentar ni manejar por muy alto tribunal que autoproclame. Soy consciente de que, si hoy se me acusa de un delito de odio por haber escrito un artículo, no es porque alguien esté muy preocupado por la salvación de mi alma ni porque tenga ninguna preocupación por mi integridad moral. Es una iniciativa política y no moral. Lo que se pretende es intimidar a los periodistas, recortar la capacidad de la prensa para que no ejerza el libre derecho a la libertad de expresión. Precisamente por este motivo, y mientras me sea posible, no dejaré de escribir en este diario y, a partir de ahora también iré narrando, por capítulos sueltos, la crónica de un periodista acusado de un delito de odio en la España actual. Lo digo por si hay algún lector o lectora que pueda estar interesado.