Cuando el 20 de diciembre de 2017, ante la sede del Departamento de Economía, la Guardia Civil dejó un coche lleno de armas de fuego al alcance de la multitud que se manifestaba (democrática y pacíficamente) era evidente que pretendían que alguien las cogiera y las utilizara para poder justificar la consiguiente represión. Todo el mundo sabe que un militar tiene absolutamente prohibido abandonar su arma. Toda la argumentación de la Fiscalía y del juez de instrucción Llarena en el proceso contra los líderes independentistas intenta describir hechos violentos que no existieron a no ser que se considere violencia parar con la cara los porrazos de la policía. Desde un principio, los poderes del Estado no han tenido más imaginación que intentar combatir el movimiento soberanista catalán como si fuera ETA, que era la única experiencia que tenían, pero les fallaba la ausencia de violencia, como puso de manifiesto un tribunal imparcial como el de Schleswig-Holstein. Y desde entonces no han dejado de insistir.
Teniendo en cuenta la actitud y las provocaciones de las policías estatales, de sus mandos, de los fiscales incorporados al caso y de cómo ha ido todo, no tengo ninguna duda de que los poderes del Estado siguen empeñados en identificar el soberanismo catalán con el terrorismo. Y por esta razón estoy convencido de que preferirían que algún independentista les diera la razón. Si las personas que detuvieron el lunes estuvieran en condiciones y a punto de cometer un acto violento y los tenían tan controlados y vigilados como han dicho, no me cabe duda de que los habrían dejado seguir hasta como mínimo atraparlos in fraganti. Si los detuvieron con tanta antelación ha sido porque no encontraban la manera de hacer más evidente la proclamación del carácter violento del independentismo.
Medios y periodistas hooligans de la represión ponen de manifiesto la grave involución de la democracia en España
No sé nada de los detenidos. Lo que sí sé es que hasta ahora no han hecho nada como para ser acusados de terrorismo. Lo que todo el mundo sabe es que la operación policial ha tenido una evidente intención propagandística cargada de tantas irregularidades que incluso Jueces para la Democracia lo ha tenido que denunciar. El comunicado de las detenciones, cargado de condicionales, podría aplicarse a cualquier casa, porque incluso un mechero Bic se puede considerar precursor de un explosivo. Estoy convencido de que la prensa colaboracionista publicará pronto conversaciones telefónicas de los detenidos que contribuyan a la incriminación. ¿Quién no ha dicho algo por teléfono en los últimos dos años? Estamos ante una operación de estado que pretende al mismo tiempo intimidar y provocar. Y todos somos sospechosos. Y lo más grave no es que el Estado abuse de su poder, sino la complacencia de quienes se arrogan la defensa de los derechos democráticos a base de colaborar con la represión. Y los cómplices necesarios, e incluso yo diría que crueles, han sido medios y periodistas con titulares que ya han dictado sentencia. Incluso han competido en la criminalización de los detenidos, peleándose para ofrecer como primicia las imágenes de la policía con los comentarios sugeridos. Cada vez me da más vergüenza pertenecer a este gremio. Los mismos que me instruyeron en la ética del periodismo ahora practican un oficialismo que provoca vergüenza ajena. En los años 70 gritaban "somos periodistas, no somos confidentes", y ahora ejercen de hooligans de la represión o callan y otorgan. No sé qué diría si levantara la cabeza su líder, Huertas Clavería.
Cuando me inicié como periodista había en la profesión periodística un amplio consenso antifranquista. Ahora observo que la correlación es la contraria y no hay ningún dictador octogenario a punto de morir que nos dé esperanzas de cambio. Sí, lo reconozco, estoy jodido porque lo que pasa es inadmisible, porque consiguen sacar lo peor de mí mismo y porque tampoco conozco la fórmula ganadora para enderezar la situación. Lo que sí sé es que más que nunca los demócratas, insisto, los demócratas en el sentido más amplio del término, con determinación, están obligados a cerrar filas y a salir juntos en defensa de los derechos fundamentales. Cuando está en juego lo principal, lo secundario son excusas.