Lo peor que tenemos en España y, de rebote, en Catalunya son las políticas educativas. El ministerio marca las pautas sistemáticamente determinadas por criterios ideológicos refutados por la experiencia y denunciados por los especialistas que han trabajado con método científico las distintas alternativas. En nombre de la equidad, se rebajan objetivos de conocimiento, se reduce la exigencia del esfuerzo y se relativiza la evaluación. Aprobar o no depende del criterio subjetivo del maestro, los suspensos cuentan poco para pasar de curso, los exámenes de septiembre los han enviado a la papelera de la historia arrebatándole al alumno la segunda oportunidad y obligándole a arrastrar materias hasta odiarlas. Se quiere la igualdad, pero igualando siempre por debajo, lo que desmoraliza a los que están dispuestos a esforzarse más. El esfuerzo no tiene premio y la holgazanería se convierte en algo comprensivo. Los partidarios de esta estrategia sostienen que el objetivo de la equidad asegura la cohesión social, algo que queda desmentido por los resultados. Los alumnos con talento y esfuerzo pierden el incentivo a superarse y la brecha social se ensancha, porque las familias con mayor poder adquisitivo ya se encargan de pagar lo necesario para completar la formación de sus hijos. Mientras que los alumnos capaces de familias con pocos recursos no tienen forma de subir el nivel. La lucha contra las desigualdades es una necesidad constante también en la educación, pero la obsesión de igualar siempre por debajo conlleva el riesgo de que, a fin de cuentas, todos acaben siendo igual de burros. Éste suele ser el resultado del papanatismo ideológico aplicado a la enseñanza.

Suprimiendo las evaluaciones objetivables se pierde información del alumno sobre sí mismo, porque no acaba de entender qué valor tiene su trabajo, pero se pierde también información sobre la evolución del grupo. Lo ha explicado con mayor conocimiento de causa un pedagogo de solvencia contrastada como es el Dr. Jaume Sarramona, a quien no tengo el gusto de conocer: “La calidad educativa va ineludiblemente vinculada a la evaluación en todos sus ámbitos y niveles. La evaluación del sistema educativo se presenta como una necesidad para informar a los usuarios del sistema y para que los responsables políticos puedan tomar decisiones con conocimiento real de la situación y necesidades de mejora. Pero la eficacia de las medidas que se tomen no sólo requiere información objetiva, sino también compromiso por parte de los implicados, algo que pasa por su participación en los propios procesos de evaluación”. Dicho de otra manera, los alumnos son el futuro del país y vamos hacia el futuro en dirección contraria.

La lucha contra las desigualdades es una necesidad constante también en la educación, pero la obsesión de igualar siempre por debajo conlleva el riesgo de que, a fin de cuentas, todos acaben siendo igual de burros. Este suele ser el resultado del papanatismo ideológico aplicado a la enseñanza

Y en Catalunya, después de la tragedia que ha supuesto la pandemia en el mundo de la enseñanza, con los alumnos como principales perjudicados, a unos sindicatos de profesores, liderados como siempre por la USTEC, no se les ha ocurrido nada mejor que boicotear el curso cuando la situación comenzaba a normalizarse con una huelga larga y absurda por su resistencia a acortar las largas vacaciones de verano de los alumnos, que según los expertos es necesario, bastante más de lo que ha propuesto el Departament d'Educació. Las protestas se argumentan con otras reivindicaciones suficientemente justificadas y legítimas, pero que han sido utilizadas para cargarse de razones frente a los objetivos auténticos de la protesta: el calendario, el salario y el boicot a la autonomía de los centros.

Ciertamente, no les falta razón cuando se quejan de cómo el conseller Cambray anunció las nuevas medidas, sin ni siquiera hacer la preceptiva consulta no vinculante al Consejo Escolar de Catalunya y a la Mesa Sindical. Sin embargo, cinco días de huelga y un modelo de protesta poco edificante tampoco están justificados en las actuales circunstancias. La USTEC, el sindicato mayoritario de los enseñantes, se ha caracterizado siempre por su beligerancia reivindicativa, hasta el punto de que nunca ha sido capaz de llegar a ningún acuerdo con la administración. Hubo un momento en que parecía que podría haber un clima de entendimiento. Fue cuando, ya en tiempos del tripartito, Esquerra Republicana asumió la cartera de Educació. El conseller era afiliado a USTEC y varios cuadros del sindicato asumieron cargos de responsabilidad en el departament. Ni entonces ni ahora el acuerdo ha sido posible, y las huelgas fueron aún más frecuentes cuando gobernaba la propia USTEC. Y si no, que se lo pregunten a los consellers Bargalló y Maragall. Las cúpulas sindicales siempre han visto la autonomía de los centros como una amenaza a su poder, porque en el momento en que los centros se autoorganizan, la interlocución se centra en el equipo pedagógico de cada escuela de acuerdo con sus circunstancias específicas, los directores asumen la responsabilidad de dirigir sin obstáculos externos, con lo que los líderes sindicales se quedan sin terreno para interferir.

Acortar las vacaciones de verano es conveniente desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista social. Interrumpir la enseñanza desde San Juan hasta el 11 de septiembre no es bueno para los alumnos y complica considerablemente la organización de las familias con menos recursos, que no pueden enviar a sus hijos de colonias al extranjero. Y si alguna crítica debe hacerse al conseller es que no ha sido lo suficientemente valiente para plantear un criterio tan avalado. Quizás por miedo a la reacción sindical, la propuesta del departament reduce incluso las horas de clase. En primaria son cinco horas más en septiembre, pero se compensan con otros dos días de fiesta a lo largo del curso. Según el cálculo realizado por especialistas, no se ganan sino que se pierden cinco horas.

Luego viene la historia del catalán. La espada de Damocles amenazaba el modelo de escuela catalana. De no actuar con urgencia, el TSJC habría impuesto esta misma semana su sentencia. Y ante la inhibición del Departament d'Educació, ha sido muy significativo que una exconsellera inhabilitada como Irene Rigau haya tenido que tomar la iniciativa a través del Departament de Cultura. Era una cuestión de emergencia recuperar la competencia del gobierno legítimo frente a la incursión de los tribunales españoles. Es obvio que la política catalana carece de banquillo, de gente capaz y competente, conocedora del terreno que se pisa, de las leyes y del funcionamiento de las instituciones. La propuesta parlamentaria acordada permite evitar los porcentajes, mantener el catalán como lengua propia y normalmente empleada en la enseñanza, protege jurídicamente a los docentes y reincorporar al PSC al consenso, cuestión fundamental para dejar claro que el catalán es cosa de todos, no sólo de los independentistas, y para que los tribunales dejen de meterse donde no les corresponde. Reducir la lengua a una reivindicación independentista es una apropiación indebida que resta en vez de sumar. Las críticas a la propuesta de consenso surgidas de personas honorables sólo se entienden por falta de conocimiento de la realidad política, social y jurídica o porque siguen pensando que la mejor estrategia es darse de cabeza contra la pared, como si hasta ahora hubiera dado esta forma de hacer algún rédito que no fuera negativo.