Están pasando cosas muy importantes y muy graves que pasan inadvertidas en medio de la campaña electoral más absurda de los últimos tiempos. El fenómeno de la opulencia comunicacional tiene un efecto banalizador de los acontecimientos. La proliferación infinita de mensajes, verdaderos o falsos, impide jerarquizar la trascendencia de los hechos. Ahora hay más información que nunca, pero, sobre todo, más desinformación.

Un primer ejemplo. En plena campaña electoral, la Abogacía del Estado ha destapado ―con siete meses de retraso― que el Gobierno del PP financió con fondos públicos ―alrededor de 800.000 euros― la defensa jurídica de los delincuentes de la trama Gürtel. En otras circunstancias, la noticia habría caído como un torpedo en la línea de flotación del candidato del PP. Sin embargo, el mismo día que saltó la noticia, Pablo Casado fue el candidato que más rendimiento sacó del debate de candidatos a la presidencia del Gobierno, entre otras cosas porque lo más comentado fue el ridículo que hizo su rival a la derecha, Albert Rivera, esgrimiendo una baldosa. Lo anecdótico tapa lo trascendente.

La influencia de los debates en la intención de voto ha sido objeto de innumerables estudios científicos, sobre todo en Estados Unidos, y las conclusiones más compartidas, según la revista Journalist's Resource, son que los debates no hacen cambiar el voto. Sólo sirven para mantener los convencidos y para que se den a conocer los candidatos más desconocidos. Desde este punto de vista, quien ha sacado más provecho de los dos debates han sido los candidatos de Vox, especialmente Ignacio Garriga en el debate catalán. También la candidata de la CUP, Mireia Vehí, si no fuera por el error cometido con la no sé qué de una boda.

Mientras los independentistas discuten, el Estado continúa su ofensiva no contra Catalunya sino contra los derechos y las libertades de todos

El tropiezo de la candidata de la CUP seguramente no disuadirá a los que tienen decidido el voto, pero es un ejemplo paradigmático del fenómeno que desafía la física, cuando es el ruido lo que nos tapa los ojos y nos impide ver la realidad. Mientras Vehí hablaba de una boda y Rufián se escandalizaba por los pactos en la Diputación, los candidatos independentistas relegaban asuntos mucho más graves que les afectan a todos ellos y, de hecho, todos nosotros. Me aburría con tanta palabrería cuando el conseller Puigneró me enviaba el siguiente mensaje de Whatsapp: "Observo las crónicas y creo que no se destaca la gravedad del decretazo digital de ayer. Este decreto es la Ley Corcuera en versión digital, de la patada en la puerta a la patada en el servidor sin que lo autorice un juez. Poder cerrar Internet sin orden judicial y bajo el pretexto de la ambigüedad del orden público o el interés económico es gravísimo e impropio de un Estado de la UE. No somos conscientes de las consecuencias de la medida. La represión nos está inmunizando de todo. Estoy muy preocupado".

Ciertamente debo decir, asumiendo el riesgo que comporta mojarme, que Laura Borràs fue, cuando menos, la candidata que dejó más claro que todo el movimiento independentista, aunque no quiera, navega en el mismo barco, lo que tiene como consecuencia negativa para Junts per Catalunya una menor identificación del proyecto que lidera el president Puigdemont. Además, no le sirvió de mucho, porque la prioridad de Rufián y de Vehí era arrebatarse votos entre ellos.

Mientras los independentistas discuten, el Estado continúa su ofensiva no contra Catalunya sino contra las libertades: el decreto digital, que debe estar copiado del sistema chino; la ofensiva ―y las amenazas― del Tribunal Constitucional para silenciar el Parlament de Catalunya; los ataques de la Junta Electoral a la libertad de expresión y al derecho a la información; y, probablemente lo más agresivo, la actuación sistemática de la fiscalía, que se añade a la policía como brazo armado del Estado. Han decidido perseguir judicialmente incluso a periodistas como Toni Soler por una caricatura, y a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, por afirmar la obviedad de que los disturbios de estos días hacen más visible el conflicto. Y cuando Pedro Sánchez intenta capitalizar políticamente la represión afirmando que la fiscalía hace lo que le ordena el Gobierno, los fiscales se levantan ofendidos y le recuerdan que ellos están al servicio del Estado. El Estado ataca ferozmente a los independentistas, y éstos se buscan las cosquillas entre ellos.

Cuando los sucesos de mayo de 1937, los catalanes revolucionarios se enfrentaban, a sangre y fuego, unos porque consideraban que tenían que ganar primero la guerra y dejar la revolución para después, y otros porque opinaban que la revolución era el incentivo necesario para ganar la guerra. Todos tenían su razón, pero el conflicto terminó con los franquistas entrando por la Diagonal. Queda claro que los catalanes son partidarios de mantener las tradiciones.

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