La actitud del búnker judicial español y la deslealtad de Felipe VI con el Gobierno de Pedro Sánchez han puesto nuevamente en evidencia que el poder político en España, el Poder en mayúscula, es impermeable a la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos. Ni el Rey ni los jueces han sido elegidos democráticamente, pero se han erigido en los auténticos propietarios del Estado.

Es obvio que Felipe VI no quiso viajar a Barcelona al acto de la Escuela Judicial para evitar un nuevo episodio de protestas contra la monarquía en el momento en que la familia Borbón ocupa portadas de periódicos y revistas y reportajes de televisión en los medios internacionales y no precisamente para destacar sus virtudes. Nadie puede creer que si el Rey le dice al presidente del Gobierno que quiere venir a Barcelona, Pedro Sánchez es capaz de prohibírselo. La ausencia del Rey en Barcelona ha sido un acuerdo conjunto de los estrategas de la Zarzuela y la Moncloa para "proteger la monarquía", pero lo han hecho tan mal como han podido, poniendo en bandeja a los jueces de la caverna la oportunidad de atacar al Gobierno que consideran adversario político y presentar el Poder Judicial como fundamento principal y único garante de la continuidad del régimen.

​Rey y jueces se reafirman en que el Estado son ellos, que son el poder eterno e inmutable y el Gobierno y el Parlamento surgidos de la voluntad democráticamente expresada no son más que comparsas transeúntes con fecha de caducidad

La cúpula del Poder Judicial nombrada por el Partido Popular ha asumido el papel de brazo armado de la derecha extrema para desestabilizar al Gobierno PSOE-Podemos, habida cuenta las incapacidades demostradas por los líderes de sus partidos referencia, PP y Vox. Carlos Lesmes, cabeza visible del Poder Judicial, se ha enfrentado al Ejecutivo y en plena crisis entre los poderes del Estado, Felipe VI ha tomado partido una vez más actuando con deslealtad hacia el Gobierno legítimamente constituido, para hacer creer que es muy valiente y no tenía miedo de venir a Barcelona.

El hecho es más trascendente de lo que parece, porque el resumen es que Rey y jueces afirman que el Estado son ellos, que son el poder eterno e inmutable y el Gobierno y el Parlamento surgidos de la voluntad democráticamente expresada no son más que comparsas transeúntes con fecha de caducidad. De hecho, es lo mismo que se vio cuando el monarca hizo aquel discurso agresivo del 3 de octubre y los fiscales justificaron la acusación de rebelión precisamente con las palabras del Rey. Unos fiscales, por cierto, que ahora han sido denunciados por actuar sesgadamente con motivación política.

El Rey actúa a la defensiva y el poder judicial se bunqueriza. El Consejo del Poder Judicial tiene el mandato caducado, pero no se renovará porque con la cantidad de casos de corrupción que afectan al PP cada vez más graves, Pablo Casado no moverá un dedo. Es lo que ha hecho siempre la derecha. Cuando gobierna, coloca a los suyos y cuando mandan los otros, sólo pactan cuando los socialistas claudican. Para desbloquear la situación, José Luis Rodríguez Zapatero aceptó situar de presidente del Consejo y del Tribunal Supremo un ultraconservador como Carlos Dívar, que después tuvo que dimitir por cargar al presupuesto los gastos del fin de semana. Y Pedro Sánchez llegó a un acuerdo para situar a Manuel Marchena al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo, operación frustrada cuando el dirigente del PP Ignacio Cosidó publicó aquel watsap en el que admitía que con Marchena de presidente controlarían la sala segunda por detrás. En Catalunya muchos pensaron que se refería al juicio del procés, pero lo que más importa al PP es controlar la sala de lo penal para cuando lleguen sus innumerables casos de corrupción.

La cúpula del Poder Judicial nombrada por el Partido Popular ha asumido el papel de brazo armado de la derecha extrema para desestabilizar al Gobierno PSOE-Podemos, dadas las incapacidades demostradas por los líderes de sus partidos referencia, PP y Vox

Con todo, si observamos el contexto en que se produce todo esto, fácilmente llegaremos a la conclusión de que la decadencia del sistema monárquico-judicial va tomando ritmo. El Rey no es que no genere consenso, sino que aumenta tanto el rechazo que el PSOE ya no sabe cómo ponerse para defenderle y los ministros de Podemos, necesitados de conciliarse con sus bases, se ven obligados a verbalizar la evidencia de que sólo la extrema derecha cierra filas incondicionalmente con el monarca.

España es el único país del mundo en el que la monarquía cae y luego vuelve, pero siempre ha caído cuando el titular de la Corona ha tomado el mismo partido que está tomando ahora. Vienen tiempos convulsos y el Rey ha optado por refugiarse en la caverna.