La respuesta a la pregunta planteada en el título de este artículo es rotundamente no. Se refiere obviamente a los contactos del PSOE con el resto de partidos para conseguir una mayoría de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. No será posible hacer público el alcance real de los acuerdos porque la verdad, en este caso, tendría efectos explosivos no sólo entre los contrarios al pacto, sino también entre los partidarios que se consideraran engañados o perjudicados.

Haga lo que haga Pedro Sánchez, si obtiene la abstención de Esquerra Republicana, lo acusarán de claudicar ante los enemigos de la patria, y lo mismo le pasará a ERC desde las filas del independentismo. Así que las versiones oficiales de un eventual pacto serán probablemente a la defensiva, como si fuera posible amansar las fieras con buenas palabras.

Sin embargo, más allá de la escenografía mediática, Pedro Sánchez tendrá que negociar con ERC y también con Junts per Catalunya cuestiones de enorme trascendencia.

¿Cuál tiene que ser el marco de la negociación? El marco no puede ser otro que el que ha determinado la voluntad política democráticamente expresada en las urnas el 10 de noviembre. Y si nos fijamos, todo es menos difícil de lo que parece.

Los resultados electorales señalan que un 42,59% de los catalanes apoyaron a partidos inequívocamente independentistas. Es un resultado importante pero insuficiente como para considerar que la independencia de Catalunya en su sentido estricto, sin referéndum ni nada que se le parezca, pueda ser ahora mismo objeto de negociación.

Sin embargo, los resultados del 10-N sí que dan una mayoría a los partidos partidarios del derecho a decidir de los catalanes. Sumando los independentistas y los Comunes sale una mayoría del 56,77%. Así que los representantes catalanes llamados a negociar con el PSOE ya tienen bastante legitimidad para plantear en la negociación el ejercicio por parte de los catalanes del derecho a la autodeterminación. Ni el PSOE ni el Gobierno de España se pueden negar a hablar de algo que reivindica al 56% de los catalanes. Eso es hacer política.

Pactar el nombre y las directrices del nuevo fiscal general del Estado tendría que ser una condición prioritaria de los soberanistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez

Todavía, sin embargo, hay otra mayoría —la más amplia de todas— que hay que tener bien presente. Si nos atendemos a las declaraciones de los líderes del PSC –excepto la diputada Eva Granados— y a las encuestas, los votantes del PSC no son partidarios del encarcelamiento de los líderes independentistas. Será con argumentos de justicia, de conveniencia política o por intereses estratégicos, pero Miquel Iceta ya fue de los primeros que habló de la posibilidad del indulto. Sumando independentistas, Comunes y socialistas, sale una mayoría a favor de la libertad de los presos del 77,28%. Es decir que cualquier acuerdo tendría que empezar por aquí. Alguien dirá inmediatamente que la libertad de los presos no depende del Gobierno, sino de los tribunales. Gran falacia. De entrada, con la mayoría que se perfila para apoyar la investidura de Sánchez no habría mucho inconveniente en legislar la amnnistía. El Gobierno también puede decidir los indultos, aunque los presos no quieran. Pero la represión no se acaba con los líderes independentistas condenados por el Supremo. Para enero está previsto el juicio en la Audiencia Nacional del comisario Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra, acusados todavía de rebelión. En el juzgado número 13 continúa la causa contra una treintena de cargos públicos a los cuales se atribuye implicación en el procés. Y la represión continúa en otros juzgados y con otros encausados. Para devolver el conflicto en el terreno de la política, no habrá otra manera que eliminar todos estos pleitos. La represión hace imposible la normalización política. En este sentido será de capital importancia la figura del fiscal general del Estado, que es nombrado por el Gobierno. Pactar el nombre y las directrices del nuevo o nueva fiscal general del Estado tendría que ser una condición prioritaria de los soberanistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La Fiscalía ha tenido un papel clave en la represión y lo seguirá teniendo cuando tenga que pronunciarse sobre todas las causas pendientes o, sin ir más lejos, a favor o en contra de los beneficios penitenciarios de los presos.

Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy, las miradas se fijaron en la nueva fiscal general, María José Segarra. Tenía una trayectoria progresista que abrió unas esperanzas inmediatamente frustradas, porque no quiso o no se atrevió a enfrentarse con el búnker judicial y especialmente con los fiscales del Supremo que formularon las acusaciones de rebelión. Estos se indignaron por el nombramiento considerando que el Gobierno les había puesto a un sargento a mandar a generales como ellos, refiriéndose a la antigüedad y la experiencia de Segarra comparada con la suya. Dejaron claro que no se dejarían gobernar y Segarra, en vez de destituirlos, claudicó. Ahora Sánchez tiene la oportunidad de buscar a un general capaz de dinamitar un búnker.

Podemos y Esquerra tienen la obligación de exigirlo como condición sine qua non. Lo tienen que negociar, tienen que pactar el nombre... sin decir nada a nadie. Por sus hechos lo conoceremos.