Creo que no se ha querido dar la importancia que merece al hecho de que se ha roto la unanimidad contra el movimiento soberanista catalán que han venido practicando sistemáticamente los tribunales españoles, bajo la consigna de que por encima de la verdad, de la justicia y de la democracia está la unidad de España. Ahora, dos magistrados del Tribunal Constitucional han desafiado e interpelado a los demócratas españoles, poniendo negro sobre blanco que se está cometiendo una injusticia con el honorable Jordi Turull, condenado a una sentencia de 12 años de prisión. Y no sólo eso. Los dos magistrados constatan que, de acuerdo con la sentencia del Supremo, la vulneración de derechos fundamentales que afecta a quien fue conseller de Presidència se puede aplicar arbitrariamente a cualquier protesta política.
Hay que leer algunos párrafos del voto particular firmado por los magistrados José Antonio Xiol y María Luisa Balaguer para entender de lo que estamos hablando. Los dos magistrados disidentes plantean “vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con los derechos a la libertad personal (art. 17.1 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE), y de reunión (art. 21 CE), por haberse impuesto una pena desproporcionada”.
Uno de los argumentos más interesantes del voto particular deja claro que la condena a Turull pone en peligro a todo el mundo que pretenda ejercer el derecho democrático a la protesta o, lo que todavía es más grave, disuade a cualquier individuo a ejercer sus derechos por miedo a una condena severa, por lo tanto la democracia deja de existir: “...Es indudable que las conductas incriminadas son actividades de expresión de ideas e informaciones y constituyen una forma de participación política y, en consecuencia, una sanción penal desproporcionada puede producir efectos de desaliento respecto del ejercicio lícito de esos derechos”.
Una parte minoritaria pero representativa del Estado ha hecho sonar la alarma y eso obliga a todos los demócratas a posicionarse, más en un tiempo convulso en el cual Madrid, como referente de los poderes del Estado, quiere ser la capital de la extrema derecha europea con ganas de extenderse por toda España. Y como ha sido históricamente habitual, a Catalunya le corresponde ejercer el papel de vanguardia democrática
Un ejercicio de democracia fue tanto la concentración del 20 de septiembre delante de la Conselleria d'Economia como la movilización del 1 de octubre y por primera vez se reconoce desde una instancia española. “Los acontecimientos del 20 de septiembre de 2017 se desarrollan en el curso de una concentración por lo que, en principio, se encuentran amparados en el ejercicio del derecho de reunión, sin perjuicio de los excesos en los que algunos manifestantes pudieran haber incurrido en el ejercicio de este derecho. En relación con la multitudinaria movilización ciudadana del día 1 de octubre de 2017, los incidentes que se produjeron, aunque importantes, tuvieron carácter aislado, por lo que no resulta fácil atribuir a esa movilización ciudadana, que tuvo lugar ese día con el fin de ejercer un supuesto derecho de voto, elementos tumultuarios”.
En su conclusión, los magistrados Xiol y Balaguer ponen el dedo en la llaga: “... hubiera sido necesario tener en cuenta las dudas técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este caso. Y ello para evitar cualquier reparo respecto de que las sanciones impuestas excedan de lo necesario para alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas persiguen. Porque sin garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible. Pero sin una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es”.
Ciertamente, no es para echar cohetes. Sólo son dos de los siete magistrados que han firmado la sentencia, con lo cual se ha dejado sin amparo a Jordi Turull, que continúa encerrado en Lledoners, pero como explicaba el mismo Turull, ahora ya no es sólo Amnistía Internacional, la ONU, o los tribunales alemanes y belgas, ahora hay una parte todavía minoritaria pero representativa del Estado que ha hecho sonar la alarma y eso obliga a todos los demócratas a posicionarse, más en un tiempo convulso en el cual Madrid, como referente de los poderes del Estado, ha presentado candidatura para convertirse en la capital de la extrema derecha europea con ganas de extender el conflicto por toda España. Y como ha sido históricamente habitual, a Catalunya le corresponde ejercer el papel de vanguardia democrática, esperemos que con mejores resultados que en tiempos pasados.
Es una obviedad que las fuerzas más reaccionarias del Estado se han bunquerizado en el Poder Judicial y difícilmente la democracia española podrá desarrollarse sin un cambio profundo, que sólo será posible si la justicia europea lo desenmascara. Hoy en día quizás es confiar demasiado y demasiado lejos en el tiempo, pero también dependerá de la actitud exigente o claudicante de los demócratas españoles. Timothy Snyder, un referente de la Universidad de Yale sobre la evolución de los autoritarismos, es autor, entre otros, del libro The road to unfreedom (El camino hacia la no libertad) y advierte que la democracia no es algo irreversible y que "tenemos que reaccionar porque la democracia no se defiende sola". Y, mira por dónde, interpela específicamente a los periodistas. A ver qué hacen aquellos del PSUC, de Convergència Socialista, del PSOE y del PCE, o de Bandera Roja, y de tantas organizaciones antifranquistas que ahora, situados en el establishment mediático, se sienten tan acomodados en la "democracia plena" que sufren tantos represaliados.
El viernes, quise acercarme a Jordi Turull, que tuvo que pedir permiso para salir unas horas de la prisión y poder explicarse, y me dijo una frase que me conmovió: "La prisión tiene que tener un sentido".