Si no fuera porque el martes está previsto que los presos vuelvan al Parlament para explicar los estragos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que suspendió el autogobierno de Catalunya, probablemente el lunes se habría acabado todo. Esta circunstancia es la que ha permitido aplazar un pleno de la cámara que ya veremos si se llega a reemprender.

La situación es políticamente insostenible, porque los aliados que forman parte de la coalición de gobierno no están de acuerdo en una cuestión fundamental. No la continuidad de Quim Torra como diputado, sino la respuesta a que un órgano administrativo pueda retirar el escaño a un diputado del Parlament de Catalunya, lo que sienta un precedente de enorme trascendencia. No se puede banalizar el desacuerdo como una nueva batalla electoralista. Cabe recordar que la injusticia y / o arbitrariedad de la Junta Electoral Central, avalada por el Tribunal Supremo, recibió la disconformidad primero de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, también de seis de los trece miembros progresistas de la propia Junta Electoral Central, después por la fiscalía del Estado, también por los letrados del Parlament e incluso por el PSC y los comunes. Juristas de reconocido prestigio lo han criticado abiertamente e incluso comentaristas nada sospechosos de simpatías con los soberanistas como el compañero Fernando Ónega no entienden que se pueda retirar el acta de diputado a Quim Torra y después devolvérsela como sostiene el Tribunal Supremo.

Sin embargo, como el Supremo manda e impone su voluntad, la resignación como respuesta con el argumento de evitar consecuencias peores ha sido asumida por ERC, PSC y comunes. ERC y los comunes están decididos en mantener como sea la legislatura hasta la aprobación de los presupuestos. En cambio, Junts per Catalunya considera que más grave que no tener presupuestos es aceptar un hecho que, a su juicio, liquida definitivamente el autogobierno, y para la CUP no es más que la demostración de que la autonomía es algo ficticio.

ERC y los comunes están decididos en mantener como sea la legislatura hasta la aprobación de los presupuestos. En cambio, JxCat considera que más grave que no tener presupuestos es aceptar un hecho que, a su juicio, liquida definitivamente el autogobierno

Llegados a este punto, y tras constatar las diferencias expresadas en el pleno entre el president de la Generalitat y el presidente del Parlament es francamente difícil que todo continúe como si nada hubiera pasado. Se sabe cuál es la posición del presidente Torrent y de ERC, pero no la del president Torra, que es quien aún, en teoría, tiene la potestad de convocar elecciones. Y digo en teoría porque no está del todo resuelta la cuestión de si puede continuar de presidente si no es diputado. El Supremo no entró en el asunto y los letrados del Parlament han hecho dos dictámenes contradictorios. Primero dejaron claro que sí, que el president sigue siendo president aunque deje de ser diputado. Sin embargo, en el recurso del Parlament ante el Supremo argumenta que retirar el acta de diputado al president genera inseguridad jurídica porque permite interpretar la ley de manera que cesando de diputado cesa automáticamente de president. Por supuesto, Ciudadanos y PP abonarán esta tesis y la utilizarán.

Pero también hay que tener en cuenta otras cuestiones. Si en los próximos días el president Torra decide disolver el Parlament y convocar elecciones, se podría encontrar que la sentencia firme del Supremo que le inhabilitará llegue antes de los comicios e inmediatamente y automáticamente sería sustituido por el vicepresident Pere Aragonès. Sería insólito que JxCat ceda la presidencia de la Generalitat al candidato de ERC en vísperas electorales. Esto sólo se puede evitar si Torra, antes de convocar elecciones, provoca una crisis de gobierno y nombra a un conseller o un vicepresidente primero de JxCat, para que si le llega la inhabilitación, tome el relevo uno de los suyos.

Todo ello nos lleva a un escenario convulso que genera mucha decepción en el ámbito independentista, como se constataba el lunes por la noche en los alrededores del Parlament, donde el grito que más se oía era "¡políticos de mierda!".