Costa de confiar en el coraje de Pedro Sánchez para reformar el Poder Judicial, pero ya no hay duda de que la oposición más feroz la encontrará el nuevo Gobierno en los tribunales presididos mayoritariamente por jueces y magistrados promocionados sistemáticamente en puestos clave durante el mandato de Mariano Rajoy, que no han esperado ni una semana en ponerse en pie de guerra.
La protesta del Consejo General del Poder Judicial contra el vicepresidente Pablo Iglesias, firmada por los miembros de la Comisión Permanente, representa toda una declaración de intenciones y de hostilidad.
La batalla no ha hecho más que empezar. Enseguida el mismo organismo ha lanzado una nueva advertencia con los siete votos en contra del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El Poder Judicial ha comenzado, pues, al ataque con un intento evidente de amedrentar al Ejecutivo y a la propia fiscal, amenazando con un conflicto de poderes, tal como hicieron los fiscales del Supremo que intervinieron en el procés cuando llegó María José Segarra.
La situación es diferente, porque entonces el Gobierno de Pedro Sánchez había accedido al poder mediante una moción de censura, es decir, provisionalmente y sin saber qué le depararía el futuro. Ahora, en cambio, Sánchez debe ser consciente de que si no neutraliza el búnker judicial, la ofensiva de jueces y magistrados conservadores acabará con su experiencia política.
Sánchez no tendrá más remedio que afrontar el desafío del búnker judicial en clave de reconquista democrática, tras el periodo más negro y regresivo de los gobiernos de Rajoy
Es lo que ha hecho siempre la derecha española para desestabilizar a los gobiernos del PSOE, primero con los GAL y la corrupción, después con el Estatut y ahora con el procés. Más o menos es lo mismo que la extrema derecha de Bolsonaro ha hecho en Brasil con Lula da Silva y Dilma Rousseff. O lo que están haciendo desde el poder, los gobiernos ultraconservadores de Hungría y Polonia. Es muy significativo que, ayer mismo, los eurodiputados del Partido Popular español fueran los únicos de su familia política que votaron en contra de la resolución del Parlamento Europeo en defensa de la independencia judicial en Hungría y Polonia.
El problema de Sánchez es que sólo cuenta con la fiscal general para tan magna empresa, porque el PP le ha dejado "atadas y bien atadas" todas las instituciones, el CGPJ, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional e incluso el Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora y beligerante. El caso más paradigmático es el de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, que llegó a la cúpula judicial tras servir como alto cargo de los gobiernos de José María Aznar.
Hay una auténtica usurpación de las instituciones, con miembros del Constitucional y con la cúpula del CGPJ que tienen el mandato caducado, que no se pueden renovar porque el PP bloqueará cualquier acuerdo para mantener su poder.
Esto quiere decir que el Gobierno de Pedro Sánchez no tendrá más remedio que armarse de coraje y reformar leyes orgánicas con el apoyo de la mayoría que lo invistió presidente. Y aún así tendrá que hacerlo con la suficiente astucia para que el Tribunal Constitucional no aborte sistemáticamente todas sus iniciativas. Es, al fin y al cabo, lo que ya tuvo que hacer el PSOE en 1985, por cierto, con gran escándalo, cuando el PP utilizaba sus jueces afines para erosionar el Ejecutivo de Felipe González. La diferencia es que entonces el PSOE tenía mayoría absoluta y nadie le podía reprochar, como le hacen ahora a Sánchez, que pactaba con los enemigos de España. La primera prueba de fuego será la prevista reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición que propiciaría la libertad de los presos políticos catalanes. En todo caso, Sánchez no tendrá más remedio que afrontar el desafío del búnker judicial en clave de reconquista democrática, tras el periodo más negro y regresivo que supusieron los gobiernos de Rajoy. No tiene otra posibilidad de sobrevivir.