La reivindicación soberanista catalana ha sido recibida con cierta simpatía por los medios internacionales cuando el dilema se ha centrado en la cuestión estrictamente democrática, entre el derecho a decidir de los catalanes y la represión de los ciudadanos que querían votar. Sin embargo, algo falla en la estrategia comunicativa del soberanismo catalán cuando un científico de la popularidad de Thomas Piketty explica el conflicto catalán reproduciendo punto por punto todos los tópicos españolistas sobre una supuesta insolidaridad de los catalanes, que las cifras y los hechos han desmentido reiteradamente. Quizás alguien con auctoritas académica debería hacerle el favor al economista francés de explicarle cómo son las cosas para evitarle que la frivolidad con que ha tratado un asunto quizás más complicado de lo que se imagina ponga en duda el rigor con que ha trabajado el conjunto de su obra.

Thomas Piketty (Clichy, 1971) es el gurú que se puso de moda cuando en 2014, con su libro El Capital en el Siglo XXI (RBA), relacionaba como vasos comunicantes la concentración de la riqueza, el aumento de las desigualdades y la inestabilidad social y política. Nos deslumbró más que nada porque describía un problema que la oficialidad política se empeñaba en obviar. Provocó el debate, recibió entusiastas aplausos, incluso de algún premio Nobel, y vendió millones de ejemplares, lo que, probablemente, le ha llevado a aumentar su producción editorial, que, por cierto, ya no ha sido tan felicitada. Ahora, ha publicado Capital e ideología (Ed. 62), donde aparece un capítulo titulado "La trampa separatista y el síndrome catalán" donde hace algunos comentarios sobre el conflicto catalán demasiado atrevidos e impropios de una persona tan erudita y sabia.

Cualquiera diría que Piketty ha bebido de las fuentes de Catalanismo y revolución burguesa, una obra de 1967 que su autor, Jordi Solé-Tura, fue matizando a medida que pasaron los años. El economista francés destaca que "el apoyo a una mayor autonomía regional está mucho más marcado a medida que subimos en la jerarquía de rentas y titulaciones" y que "el apoyo a la independencia radica de manera espectacular en las categorías más favorecidas". En resumen, la causa catalana es cosa de ricos. Aquí, el economista no tiene en cuenta algo tan elemental como la evolución demográfica del país y su relación con el sentido de pertenencia. Y hay que tener cuidado cuando se comparan niveles de renta con posiciones políticas y nivel de estudios. En Catalunya, los partidos más encarnizadamente antiautonomistas o antisoberanistas son los más conservadores y obtienen sus mejores resultados en los barrios más acomodados. Las entidades más refractarias al proceso soberanista han sido las patronales empresariales y el establishment financiero. En cuanto al nivel de estudios, es arriesgado extraer según qué conclusiones. En Estados Unidos, fueron los electores con menos estudios de Pensilvania, Michigan y Wisconsin los que dieron la victoria a Donald Trump. O sea que, aplicando la tesis Piketty, ¿los que tenían más estudios y votaron por Hillary Clinton ―o en las primarias demócratas por Bernie Sanders― lo hacían en defensa de intereses de clase? La interpretación es temeraria.

No debe saber Piketty que el gobierno español ha impugnado cuarenta leyes del Parlament que no eran para defender privilegios de las clases favorecidas, sino todo lo contrario: garantizar suministros básicos, parar desahucios abusivos, leyes de igualdad de género, de lucha contra el cambio climático e impuestos a los bancos y los ricos

Es complicado sostener que las reivindicaciones soberanistas son esencialmente económicas cuando no se ha vivido la ofensiva nacionalista española contra la lengua, contra la cultura, o directamente contra el autogobierno, además de la represión y la persecución política de los disidentes. No debe saber Piketty que más de cuarenta leyes del Parlament han sido impugnadas por el gobierno español y no eran leyes para defender privilegios de las clases favorecidas, sino todo lo contrario: garantizar los suministros básicos a familias en situación de pobreza, detener los desahucios por razones humanitarias, leyes de igualdad de género, de lucha contra el cambio climático e impuestos a los bancos, a los propietarios de pisos vacíos, a las centrales nucleares, los operadores de internet ...

Quizás el tradicional jacobinismo francés ha influido en Piketty a la hora de observar a los catalanes como una especie de tribu egoísta e insolidaria, como si la solidaridad fuera patrimonio únicamente de un estado central imparcial, cuando la realidad es todo lo contrario. Sí es cierto que algunos círculos nacionalistas catalanes han cometido el error de relacionar el déficit fiscal catalán con el sistema de subsidios a las regiones supuestamente más pobres. Es un error primero porque es mentira y en segundo lugar porque son estos subsidios la coartada de las élites extractivas de la oligarquía capitalina para perpetuarse. Pondré un ejemplo. Los subsidios agrarios a ocho comunidades suponen un gasto público de unos 200 millones de euros, el chocolate del loro si se compara con los 65.000 millones del rescate a la banca o, por poner un ejemplo más cotidiano pero igualmente escandaloso, los 1.400 millones que ha cobrado Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, en concepto de indemnización para detener su fallido proyecto Castor de almacenamiento de gas. No hicieron bien el proyecto, provocaron más de mil pequeños terremotos en la costa mediterránea y angustiaron a los vecinos. Fue gracias a las protestas de los vecinos que el proyecto se cancelara y en vez de pedir responsabilidades al constructor le indemnizaron millonariamente en un procedimiento rápido, opaco y lleno de irregularidades.

Efectivamente, desde Catalunya se ha denunciado un déficit fiscal excesivo pero la protesta no ha sido nunca por lo que se paga, sino por lo que se deja de recibir a cambio. Catalunya no es la región más rica de España. A precios nominales, es la cuarta del ranking. Cuando los catalanes piden poder gestionar los impuestos no es para dejar de pagarlos, sino para usarlos. Los gobiernos del Estado ni siquiera cumplen lo que ellos mismos han presupuestado. No hay manera, con ley o sin ella, que se atiendan las obligaciones de inversión en infraestructuras. Es insolidario el abandono a que se ven sometidos a diario los millones de pasajeros de los trenes de cercanías que se estropean más ahora que hace cien años, porque entonces eran nuevos y ahora son viejos los trenes, las vías y el operador estatal. En cambio, la oligarquía estatal ha construido una red ferroviaria de alta velocidad de estructura radial con el centro en Madrid, deficitaria y infrautilizada, por la que se ha cobrado comisiones millonarias, y, en cambio, no sale adelante el corredor mediterráneo que reclaman cuatro comunidades y la Unión Europea por miedo a que el dinamismo del litoral le dispute la hegemonía a la meseta.

Dicho esto, cuando Piketty sostiene que "España es uno de los países más descentralizados del mundo" y basa esta afirmación en el hecho de que en las comunidades autónomas les corresponde gestionar el 50% del IRPF es cuando queda claro que alguien le ha embaucado. Como todos saben, el impuesto de la renta y todos los impuestos importantes los recauda la Agencia Tributaria Estatal y el criterio de reparto se realiza interpretando un sistema de financiación autonómica que no es homogéneo. Hay suficientes estudios de economistas españoles y no catalanes que ponen de manifiesto la estrategia de la Administración central del Estado para "centrifugar" el déficit hacia las regiones que son las administraciones que asumen la parte fundamental del gasto social. No, doctor Piketty, no hay prácticamente autonomía en el ingreso, ni tampoco en el gasto, porque la mayor parte de transferencias del Estado son finalistas y llegan etiquetadas para pagar sueldos de funcionarios y funcionamiento de servicios. Y, además, el Estado suele pagar tarde y mal.

Cuando en declaraciones hechas esta semana en Madrid, el doctor Piketty sospecha que los catalanes quieren convertirse en un paraíso fiscal, debería saber que los catalanes soportan la presión fiscal más elevada de España, en parte también por decisión propia, es decir, del Parlamento catalán. Los catalanes, además, son contribuyentes principales en España de organizaciones solidarias y filantrópicas, Cáritas, Intermón-Oxfam, Amnistía Internacional, Proactiva Open Arms... ya no digamos Òmnium Cultural. No, doctor Piketty. Los catalanes, y este es un hecho diferencial, están acostumbrados a pagar por casi todo. El Delaware español son las élites extractivas conjuradas en Madrid. Los catalanes sólo aspiran a ser buenos vecinos europeos como los daneses o los holandeses... pagarán lo que sea necesario y lo que corresponda con tal de que les dejen ser como son y en paz.

S'il vous plaît, Dr. Piketty!

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