Pedro Sánchez se ha comprometido a encontrar una salida dialogada al conflicto con Catalunya, pero el bunker judicial está muy decidido a boicotear cualquier intento de reconciliación, como lo pone de manifiesto la ofensiva de jueces, fiscales y tribunales varios contra los presos, los exiliados y las instituciones. Con mediación o sin, pública o discretamente, la mesa de negociación intergubernamental pactada por el Partido Socialista con Esquerra Republicana no podrá avanzar en ningún terreno si no es capaz de neutralizar los constantes ataques de la caverna.
La fiscalía se ha movilizado para impedir que los presos políticos catalanes puedan acceder a los beneficios penitenciarios que les corresponden con argumentos propios de un tribunal inquisidor cuando viene a exigir arrepentimiento y retractación. El ensañamiento con los presos ya denota una crueldad voluntariamente proclamada como una declaración de intenciones.
El Tribunal de Cuentas es un organismo controlado absolutamente por el Partido Popular desde cuando gobernaba José María Aznar. Como siempre ha hecho, el PP bloqueó su renovación mientras gobernaba el PSOE de Zapatero, e incorporó nuevos correligionarios cuando Rajoy llegó al poder. Sus miembros tienen apellidos conocidos, Manuel Aznar López, Antonio de la Rosa, Margarita Mariscal de Gante, Ramón Álvarez de Miranda... Este tribunal encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos no ha encontrado ni rastro de la financiación ilegal del Partido Popular. Sin embargo, aunque el presidente Rajoy y el ministro Montoro negaron en sede parlamentaria que se dedicara un solo euro del erario público a la organización del referéndum del 1-O, este llamado tribunal sigue reclamando impunemente nuevas fianzas millonarias a los presos políticos y a los represaliados del procés haciendo cálculos arbitrarios e incluso sarcásticos como expresión de su voluntad indisimuladamente perseguidora.
Todo el mundo entiende que mientras haya presos y exiliados, la inestabilidad seguirá determinando la política española. El bunker judicial continuará en pie de guerra, así que el PSOE, si quiere perdurar en el poder, tendrá que tener el coraje de elevar la apuesta y legislar la amnistía
Y la batalla continúa. El juzgado número 6 de Barcelona del contencioso administrativo ha prohibido al Ayuntamiento de Barcelona colgar lazos amarillos en las dependencias municipales por considerar que discrimina a la parte de la ciudadanía que quiere que los presos políticos se pudran en la prisión. ¡La crueldad se ha convertido en un derecho!
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha acatado la orden de la Junta Electoral de retirar el acta de diputado al president de la Generalitat, Quim Torra, para evitar que lo inhabiliten, pero todo apunta a que de nada servirán sus precauciones porque el Tribunal Constitucional, también con mayoría conservadora, ya ha pedido a la fiscalía que acuse de desobediencia a Torrent y a los miembros de la Mesa del Parlament que han dado luz verde a los debates que el Constitucional ―un tribunal de garantías― considera prohibidos en la cámara catalana.
Si es que incluso ha trascendido a través de una agencia nada sospechosa como Europa Press que el Tribunal Constitucional ha complotado una estrategia para bloquear los recursos de amparo de los presos políticos para impedir que sus impugnaciones llegaran al Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de que el Tribunal Supremo dictara sentencia.
Los poderes del Estado continuarán en pie de guerra contra el movimiento soberanista catalán no sólo por razones ideológicas, sino también por consideraciones tácticas. Desestabilizar el diálogo entre los gobiernos español y catalán es la manera más fácil de dinamitar los acuerdos que permitan al ejecutivo de Pedro Sánchez aprobar los presupuestos y asegurar larga vida a la legislatura. Y, en este sentido, la legislatura está cargada de obstáculos. La caverna atizará el fuego constantemente y el Gobierno se encontrará con enormes dificultades para ejercer de bombero. Y, tarde o temprano, el PSOE se tendrá que pronunciar sobre los suplicatorios en el Parlamento Europeo. ¿Le conviene a Pedro Sánchez que Puigdemont sea extraditado a España? ¿Podría ERC en estas circunstancias mantener el apoyo al Gobierno?
Todo es tan y tan difícil que sólo un salto espectacular a tiempo por encima de la caverna puede neutralizar los ataques del bunker. Y como los tribunales los controla el PP, el PSOE sólo puede utilizar la única arma de la que dispone, que es la mayoría parlamentaria. Todo el mundo entiende que mientras haya presos y exiliados, la inestabilidad seguirá determinando la política española, así que sólo una ley de amnistía tendría los efectos catárticos suficientes que permitirían recuperar la normalidad. Juristas nada sospechosos de connivencia con el independentismo sino todo lo contrario, como el catedrático Gonzalo Quintero Olivares, han recordado que no es cierto que la Constitución ni tampoco el Código Penal prohíban expresamente la amnistía. Es decir, que sólo hacen falta voluntad y el coraje político suficiente para aguantar los gritos de la caverna durante una semana o un mes a cambio de gobernar probablemente durante varias legislaturas seguidas.