Cuando el fiscal le pregunta al mayor Trapero sobre sus relaciones personales con el president Puigdemont, cuando el fiscal pregunta sobre las relaciones personales del mayor con Jordi Sànchez y cuando figura como prueba de la acusación el vídeo de una soirée veraniega en Cadaqués, podemos llegar a la conclusión de que asistimos a un juicio absurdo con una fiscalía de pandereta. El debate se hace aún más absurdo en los medios cuando se dirime si el mayor Trapero es más o menos independentista. Después se dirá que no se juzgan ideas.

Debe quedar claro que Trapero, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a hacer de su vida privada lo que quiera, que puede tener las opiniones políticas que considere y que tener unos amigos u otros o pensar de un u otro modo no lo hacen culpable de nada, a menos que el tribunal sí tenga prejuicios ideológicos. Y eso sí es un hecho constatable. La presidenta Concepción Espejel, jueza favorita de Dolores de Cospedal, incluso tuvo que ser apartada del caso Gürtel por su afinidad con el Partido Popular. Y no digamos del fiscal "indomable" Pedro Rubira, quien ya dijo que en Catalunya no se podía juzgar imparcialmente los acusados del procés.

La cuestión de si Trapero es o no independentista o amigo de independentistas, un debate en el que también han contribuido algunos independentistas, no debería haberse planteado desde ningún punto de vista, pero las inercias han sido imparables, lo que ha obligado comprensiblemente al acusado, que se juega una condena de once años de prisión y once de inhabilitación, a marcar todas las distancias posibles cuando los fiscales pretenden utilizar anécdotas personales como pruebas de cargo. Hay que decir que la condena de prisión sería una crueldad, pero la de inhabilitación también es brutal dado que le dejaría sin trabajo ni sueldo público hasta más allá de la edad de jubilación.

Ahora parece como si los Mossos sólo tengan que someterse a los jueces y, para que no sea dicho, deben actuar autónomamente como policía gubernativa sin tener que seguir las directrices del Govern legítimo de Catalunya, lo que supondría una regresión antidemocrática inadmisible

El ensañamiento con el mayor Trapero es consecuencia del guion preestablecido para justificar las absurdas acusaciones a los líderes independentistas. La fiscalía no tenía manera de justificar la acusación de rebelión si no había un levantamiento armado, que nunca existió, como sentenció el Tribunal de Schleswig Holstein. Por lo tanto, se sacaron de la manga involucrar a los 17.000 agentes policiales como la fuerza armada de la rebelión.

También influyó la demostración de profesionalidad de los Mossos cuando el atentado yihadista del 17 de agosto. En la reunión posterior a los hechos, en presencia de Rajoy, Puigdemont, Saénz de Santamaría, Zoido y Colau, el informe de Trapero dejó en ridículo a los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, incluido el entonces coronel Diego Pérez de los Cobos, que apenas aportaron información de nada. No le han perdonado. Y también hay que decir que la Audiencia, a petición de la fiscalía, se ha negado a modificar la acusación por rebelión a pesar de la sentencia del Supremo, primero porque alimentaría la argumentación de la defensa sobre la incompetencia del Tribunal y segundo porque gremialmente los fiscales continúan apoyando a sus colegas del Supremo que se pronunciaron a favor de condenar por rebelión.

Y no debemos pasar por alto las secuelas de este conflicto en cuanto al funcionamiento de ahora en adelante del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y sus tareas de servicio de seguridad. Ahora parece como si los Mossos no deban someterse nunca más a las directrices del Govern de la Generalitat, convertido en sospechoso habitual. La policía catalana está sujeta a dos jerarquías, la gubernativa y la judicial. Cualquiera de las dos son imprescindibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sea cual sea el gobierno legítimo de Catalunya, los Mossos deben ser leales a las directrices de los responsables políticos que gobiernan y, por supuesto, a la autoridad judicial. Ahora parece como si los Mossos sólo tengan que someterse a los jueces y, en cambio, actuar autónomamente como policía gubernativa, lo que supondría una regresión antidemocrática inadmisible.

Jordi Galves
Diario de la revuelta(57) Vida privada de Trapero Jordi Galves