Manuel Marchena no ha tenido más remedio que renunciar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo para evitar la gran prevaricación que habría supuesto su nombramiento. Grupos de jueces y fiscales y por supuesto abogados de procesos afectados estaban decididos a denunciar la componenda ilegal ante los propios tribunales españoles, pero con la intención de que fuera en última instancia la Justicia europea la que impartiera justicia verdadera, valga la redundancia, e hiciera saltar por los aires definitivamente el búnker judicial español.

La ley establece nítidamente que el presidente del CGPJ es elegido por los vocales que lo integran. Al anunciarse el nombre del presidente antes de saberse quiénes serán los vocales, la ilegalidad, el fraude de ley, ya era evidente. Solo faltaba el argumentario del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que, reivindicando su intervención en el pacto PP-PSOE, ha admitido la usurpación del poder judicial en base a intereses políticos. Cosidó, que ejerció como director general de la Policía bajo los Gobiernos de Mariano Rajoy y que es el artífice de la utilización partidista de las cloacas del Estado, explicita entre las ventajas del pacto que Marchena controlará "desde detrás" la sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la encargada de juzgar los líderes soberanistas catalanes. También dice que Marchena presidirá así "la sala del 61", que es la que entre otras competencias decide sobre la disolución e ilegalización de partidos políticos. Ya se ha puesto bastante de manifiesto la intención del deep state español de culminar la causa general contra el soberanismo catalán prohibiendo las organizaciones independentistas.

De haberse llevado a cabo la operación Marchena y de haberse denunciado ante los tribunales, resultaría evidente en primer lugar que el propio Marchena había formado parte interesada del complot, porque el pacto PP-PSOE no habría sido viable sin la previa conformidad del magistrado. A continuación, todos los vocales que asumieran la orden partidista de votar a Marchena también serían sospechosos de haber participado de la conjura ilegal con conocimiento de causa. Si a esto añadimos las afectaciones que indudablemente provocaría en el juicio contra los soberanistas catalanes, la implosión del sistema estaba asegurada.

Desde este punto de vista, la renuncia de Marchena ha sido una medida de autoprotección adoptada in extremis que quizá evite un desastre. Sin embargo, buena parte del daño ya estaba hecho y provocará otros. Hoy mismo, abogados de presos catalanes ya han anunciado la lógica recusación de Marchena, que no prosperará en España por la propia falta de imparcialidad de los tribunales comprometidos con la ofensiva política contra el independentismo, pero añadirá combustible a las denuncias ante el Tribunal de Estrasburgo.

El caso es que la crisis de Estado se va agravando progresivamente y parece que no tenga fin. La política española continúa bloqueada por la incapacidad del deep state de resolver el conflicto catalán. Y todo va a peor. El Partido Popular ya ha dado por cerrado el pacto con el PSOE. Rehacer el acuerdo no será fácil ni tampoco rápido. Difícilmente se podrá cerrar en plena efervescencia electoral. En todo caso, el PP no tendrá ninguna prisa, dado que continuará —aunque caducada— su mayoría. Y el PSOE quizá considere también que después de unas nuevas elecciones podrá negociar con más fuerza. Y ya se ve que las elecciones serán muchos antes de lo que parecía. El Gobierno no tiene mayoría, no habrá presupuestos, el poder judicial hace aguas, la monarquía está a la defensiva... vuelve la tormenta perfecta y nuevamente todo está a punto de explotar.