La primera ministra británica, Theresa May, ha llegado a un principio de acuerdo con Bruselas para consumar el Brexit y le han presentado la dimisión dos ministros y dos secretarios, y varios diputados tories promueven su sustitución. Son todos miembros del Partido Conservador británico y nada más lejos de su voluntad que favorecer a los laboristas. Hacen lo que consideran que es más correcto de acuerdo con sus convicciones y con lo que quiere la gente que les ha votado. En Estados Unidos, Donald Trump nombró a Jeff Sessions secretario de Justicia y fiscal general. Sessions es un personaje de la extrema derecha, de trayectoria racista, y fue el primer senador en apoyar la candidatura del magnate. A pesar de ello, cuando estalló el Russiagate, Sessions se recusó a sí mismo como parte interesada, se inhibió del caso y propició que un fiscal especial e independiente asumiera la investigación del propio presidente de Estados Unidos. Episodios como estos son casi imposibles en España porque en el sistema político español los contrapesos no funcionan.

La diferencia entre uno y otro sistema la puso de manifiesto Alfonso Guerra cuando advirtió a sus correligionarios socialistas que "el que se mueva no sale en la foto". La frase no era suya, la copió de Fidel Velázquez, el líder sindical del PRI mexicano, quien, con esta filosofía, se mantuvo al frente de la Confederación de Trabajadores de México durante más de 50 años. No fue relevado hasta que falleció ... a los 97 años. El esquema de funcionamiento de la política española es, pues, la sumisión absoluta a la jerarquía del partido.

El esquema de funcionamiento de la política española es la sumisión absoluta a la jerarquía del partido

Y todo deriva de la ley electoral basada en candidaturas cerradas y bloqueadas. En las democracias anglosajonas, los diputados dependen directamente de sus electores. Es el líder que depende de sus diputados, mientras que aquí son los diputados quienes dependen del todopoderoso líder. Por eso vemos tan a menudo cómo los diputados son obligados a votar en contra de sus convicciones o de sus promesas. Cualquier parlamentario que se atreva a desobedecer la disciplina del partido queda automáticamente descartado como candidato para las elecciones siguientes y, en muchos casos, condenado a quedarse sin empleo. Este sistema provoca dos efectos perniciosos: la promoción sistemática de los incompetentes y lo que podríamos describir como la privatización partidista de las instituciones.

Cuando los méritos para prosperar dentro de una organización se reducen a la obediencia al líder, entonces el currículum académico, la valía profesional, el conocimiento de la realidad social e incluso la honestidad son valores relegados como secundarios. Suele pasar entonces que los más obedientes, sin autoridad moral, mandan sobre los más competentes, así que los que se ven capaces de encontrar un trabajo digno fuera de la política se cansan de obedecer a los imbéciles y se van. Se quedan los mediocres, que no tienen una alternativa comparable y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario, obedecer a quien sea, ser más papista que el Papa y defender su puesto de trabajo con uñas y dientes.

El pacto PSOE-PP sobre el CGPJ ha superado todos los récords escandalosos cuando los partidos ya han decidido a quién deberán votar como presidente los vocales designados

El fenómeno afecta no solo a los diputados, sino como hemos visto recientemente arrastra a las instituciones del Estado, todas dirigidas desde organismos cuya composición viene determinada por las jerarquías de los partidos y que funcionan también bajo el principio de obediencia debida. Esto es la privatización partidista del Estado, porque todas las decisiones importantes y no tan importantes las decide un reducido y centralizado núcleo de personas de acuerdo con intereses opacos.

El pacto PSOE-PP sobre el Consejo General del Poder Judicial ha superado todos los récords escandalosos cuando los partidos ya han decidido a quién deberán votar como presidente los presuntos juristas de reconocido prestigio que serán designados como vocales. Si esto ocurre en el CGPJ y también en el Tribunal Constitucional, como se demostró cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conminó a los magistrados a prohibir la investidura de Carles Puigdemont, qué no pasará en organismos que no están en el centro del escenario, ya sea el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o los consejos de administración de las empresas públicas, como Renfe o los medios de comunicación públicos.

Quizás han sido las evidencias de los últimos días lo que ha contribuido a que circule nuevamente en las redes una conocida cita de Ayn Rand, la escritora y filósofa rusa que se afincó en Estados Unidos y que describió con precisión los síntomas de la decadencia política. Sirva de conclusión para este artículo: "Cuando se dé cuenta de que para producir necesita la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no le protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada".