Haciendo un esfuerzo para no desconfiar, que motivos no faltan, podríamos decir que el deseo –o el sueño– de la independencia de Catalunya es la única idea compartida por los diferentes grupos que se declaran independentistas. En todo lo demás, o están en desacuerdo o no saben muy bien qué se debe hacer y, por si acaso, se llevan la contraria. No hay movimiento independentista en el sentido estricto porque no hay una estrategia clara para llegar a la independencia ni sobre cuál debe ser el próximo paso. Tampoco está claro el papel que corresponde a los presos y a los exiliados, ni cómo debe actuar el Govern de la Generalitat y cómo se deberá responder a la sentencia del Supremo.

Las contradicciones son bastante generalizadas. Sin ir más lejos, todos los líderes políticos se han llenado la boca llamando a "implementar el mandato del 1 de octubre" y luego reivindican otro referéndum acordado con el Estado. ¿En qué quedamos? ¿La autodeterminación se ha hecho o no se ha hecho? Precisamente, en el debate sobre cuál debe ser la respuesta a la sentencia del Supremo, va ganando terreno la idea de que el president Torra convoque otro referéndum, en la línea del "lo volveremos a hacer". Otros prefieren ir a elecciones quizá porque piensan que las ganarán, pero nadie tiene demasiada prisa porque el principal temor es perder el empleo.

Además, el conflicto de los independentistas catalanes es con España y lo que ahora mismo corresponde decidir es qué estrategia deben seguir en el Congreso dada la situación de incertidumbre respecto de la investidura de Pedro Sánchez y la posibilidad de unas nuevas elecciones generales. Es evidente que el conflicto catalán mantiene bloqueada la política española desde hace casi diez años y en esto las diferentes opciones estratégicas están más claras que no expresadas públicamente.

Rechazar la investidura de Pedro Sánchez y avivar la inestabilidad hasta que el Estado se siente a negociar o facilitar la investidura y negociar los indultos. Este es el dilema

La opción A se basa en la convicción de que España no puede salir adelante mientras dure el conflicto con Catalunya y consiste en mantener la tensión con el Estado en todos los frentes, catalán, español y europeo. Atizar la movilización y sobre todo contribuir a la inestabilidad para demostrar que España seguirá en un callejón sin salida mientras el Estado no se siente a negociar un acuerdo político. En este sentido, la opción de los diputados independentistas en el Congreso debe ser de bloqueo y, por lo tanto, votar en contra de cualquier investidura presidencial, y si, a pesar del rechazo, Pedro Sánchez sale elegido presidente del Gobierno, impedir como sea la gobernabilidad hasta forzarlo aceptar exigencias soberanistas principales.

La opción B es todo lo contrario. Se considera que, dada la posición de los tres partidos de la derecha española, que sólo pretenden acabar con el autogobierno catalán, el único interlocutor válido es Pedro Sánchez y, por tanto, hay que facilitar su investidura como prueba de la predisposición al diálogo e inmediatamente después, convencidos de que la sentencia será severa, negociar prioritariamente el indulto de los presos, que es la condición sine qua non para estabilizar el país y retomar la negociación estrictamente política.

De ello hablan estos días el president Puigdemont con el president Torra y con el president Mas en Waterloo y, en Lledoners el vicepresident Oriol Junqueras, con el president Torrent y el vicepresident Aragonés, sin ninguna intención de ponerse de acuerdo unos con otros.

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