Cuando M.Rajoy era presidente del Gobierno, su ministro de Educación, José Ignacio Wert, elaboró una ley que tenía como objetivo "españolizar a los niños catalanes". Y lo hizo a fuerza de reventar el consenso que había presidido la política lingüística de los diferentes gobiernos de la Generalitat y el modelo educativo catalán. Aquella iniciativa fracasó de entrada porque la corrupción del Partido Popular hizo caer al Gobierno. Sin embargo, antes de caer, aquel Gobierno encomendó a los jueces continuar su cruzada. Y por dos veces los jueces se han prestado a imponer a Catalunya las tesis del PP. Estamos ante un doble fraude democrático. Primero porque los jueces han suplantado al Govern de la Generalitat y el Parlament de Catalunya dictándoles como tienen que gobernar. Al poder judicial le corresponde interpretar las leyes, no elaborarlas, cosa que corresponde al legislativo, ni decidir cómo se tienen que aplicar, que es cosa del ejecutivo. Y, en segundo lugar, el fraude es más grave cuando además se imponen a la mayoría las tesis del partido político más minoritario. El PP tiene un solo diputado en el Congrés y tres de 135 en el Parlament. Cierto es que los diputados de Vox y de Ciudadanos también son hooligans de la misma maldad, pero todos juntos solo son 20 de 135.

Denunciado, pues, el fraude democrático y como una vez se ha pronunciado el Tribunal Supremo no hay marcha atrás, la cuestión es qué hacer y qué no hacer a partir de ahora para mantener al modelo educativo de acuerdo con la voluntad mayoritaria democráticamente expresada. De entrada habría que advertir que las proclamas épicas y desafiantes de quien no tiene la sartén por el mango acaban resultando grotescas, faltas de rigor y contraproducentes. Todo lo que está pasando se habría podido evitar si cuando se elaboró la llamada ley Celaá que derogaba la ley Wert los diputados catalanes que la negociaban hubieran contratado juristas lo bastante competentes para no dejarse enredar por enésima vez por el ejército de abogados del Estado que sí asesoran al Ejecutivo "consiguiendo el efecto sin que se note el cuidado". El interés en hacer notar que se estaba defendiendo la lengua y proclamar que se había "blindado" el catalán en la escuela tenía como objetivo justificar una estrategia política determinada, tan legítima como se quiera, pero puso en guardia a los juristas del Estado y distrajo del contenido literal de la ley. Ahora resulta que, en el mejor de los casos, y es decir mucho, el modelo de la inmersión depende de la buena voluntad del Gobierno. Fue precisamente Heribert Barrera, allí por los años 80, quien dijo desde la tribuna del Parlamento que "es inútil confiar en la buena voluntad del déspota".

La ofensiva del búnker judicial y de la extrema derecha —ya no contra la soberanía sino contra el autogobierno de Catalunya— tiene planteamientos coloniales. Los jueces han suplantado Gobiernos y Parlamentos e imponen las tesis del partido menos representativo. Ahora bien, las proclamas épicas y desafiantes de quien no tiene la sartén por el mango acaban resultando grotescas, faltas de rigor y contraproducentes.

Con todo, peor que un error es reincidir y ahora al Govern de la Generalitat no se le ha ocurrido nada más que hacerse el milhombres proclamando que se pasarán por el forro la sentencia firme del tribunal. Eso en un primer momento puede servir para tranquilizar a los propios votantes, pero proclamar a los cuatro vientos que se desobedecerá en el Supremo es tanto como invitarlo a seguir interviniendo y obligar el Gobierno a posicionarse y actuar en contra del desacato. Eso para empezar. Y después resulta que por muy fachendoso que se muestre el Govern, ante la desobediencia los tribunales no actuarán contra este, sino contra los directores y profesores de los centros, que son los encargados de hacer el trabajo tal como han dicho los jueces que tienen que hacerlo. Seguramente no habrá que llegar tan lejos. Para saber si acatan o desacatan, el tribunal tendrá suficiente con exigir a cada centro que informe por escrito de su plan pedagógico, en el que quede fehaciente que la voluntad del Partido Popular está satisfecha en las aulas.

Ciertamente, la ofensiva del búnker judicial y de la extrema derecha —ya no contra la soberanía, sino contra el autogobierno de Catalunya— tiene planteamientos coloniales. Ante esto, dado que la independencia no se avista, solo queda, es fuerte tener que decirlo, actuar clandestinamente y por eso, en vez de poner en evidencia a los maestros, lo que hace falta es organizar con los que sean partidarios, la resistencia. Pero, eso sí, a la castellana, "consiguiendo el efecto sin que se note el cuidado", porque al fin y al cabo los jueces no entrarán nunca en el aula. La desobediencia tiene una sonoridad muy épica, pero para que tenga éxito requiere ejercerla con audacia.