Es obvio que el PSOE y Pedro Sánchez tenían mucha prisa por resolver la investidura antes de que acabara el año y esto no ha sido posible, lo que demuestra que el presidente del Gobierno en funciones no controla la agenda, intervienen varios factores y diferentes actores con intereses opuestos a su investidura y dentro de la semana de reyes puede pasar cualquier cosa.

El primer indicio fue la actuación a contrarreloj de los fiscales del Supremo. Así que se conoció la sentencia del Tribunal de Luxemburgo confirmando la inmunidad de Oriol Junqueras, el magistrado Marchena dio cinco días hábiles a las partes para pronunciarse y en un par de horas los fiscales ya terminaron su escrito defendiendo la permanencia en prisión del líder de ERC. Los hechos son sagrados, pero como las interpretaciones son libres, es legítimo sospechar que los fiscales sabían que su celo acentuaba el criterio represor contra el independentismo y dificultaba más que ayudaba al acuerdo del PSOE con ERC para la investidura. También es cierto que no se podía esperar otra cosa, teniendo en cuenta por un lado la beligerancia con que han actuado durante todo el procedimiento los cuatro fiscales, Consuelo Madrigal —ex-fiscal general con el PP—, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, bajo las órdenes de los fiscales generales nombrados por Rajoy. Cuando Pedro Sánchez nombró fiscal general a María José Segarra, los cuatro fiscales del Supremo se atrincheraron. Segarra no tuvo el coraje de imponer su jerarquía entonces y tampoco lo ha tenido ahora por miedo a una rebelión del búnker.

Otro indicio de que la investidura de Sánchez tiene más enemigos de lo que parece ha sido el discurso de Navidad del Rey Felipe VI, que ha mantenido el tono nacionalista, presentando la cuestión catalana como una "preocupación" española, pero sin ninguna referencia inequívoca a la resolución del conflicto mediante el diálogo como le correspondería a un árbitro. Como es habitual en él, habla con la intención de agradar sólo a un bando.

El presidente del Gobierno en funciones no controla la agenda política, intervienen varios factores y diferentes actores —políticos, fiscales, judiciales y jurídicos e institucionales— con intereses opuestos a su investidura y dentro de la semana de Reyes puede pasar cualquier cosa

Es un bando que actúa a menudo como una coalición. La Junta Electoral Provincial se negó a desactivar automáticamente al president Torra, pero el PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, buscan ahora que sea la Junta Electoral Central, con mayoría conservadora, lo inhabilite. Sería una perversa prevaricación que tal y como va todo no es descartable en absoluto. Si a primeros de año la JEC inhabilita el president Torra, no hace falta decir que todo saltará por los aires.

Con todo, lo más significativo de las dificultades de Pedro Sánchez para marcar la agenda política ha sido el comportamiento de la Abogacía del Estado. Sánchez sabe que el tiempo juega en su contra y por ello la Mesa del Congreso habilitó los días de fin de año para poder celebrar el pleno de investidura. No ha podido ser porque la Abogacía del Estado, sometida jerárquicamente al Gobierno pero con suficiente capacidad para actuar con dinámica propia e incluso rebelarse, ha desoído las presiones que indudablemente ha habido y se ha tomado su tiempo, lo que significa que el debate interno se ha enconado y Consuelo Castro, la jefa de la Abogacía del Estado, también encuentra resistencias de los subordinados para interpretar la sentencia de Luxemburgo como, sin ir más lejos, la han interpretado juristas de reconocido prestigio como José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo. Los abogados del Estado son también un poder fáctico y los Gobiernos del Partido Popular ya aseguraron de colocar en lugares clave los individuos más afines. Ya lo decía Adolfo Suárez cuando en el tiempo de la transición reconocía a sus interlocutores de la oposición democrática los obstáculos que le ponían cuando intentaba desarticular el régimen franquista. "Ellos son abogados del Estado —decía— y yo un simple licenciado en derecho".

La referencia sirve para medir la enorme y difícil tarea que le espera a Pedro Sánchez si finalmente consigue sortear todas las acometidas e investirse como presidente. Tendrá tantos enemigos en el núcleo duro del Estado que no tendrá más remedio que dar batalla y hacer limpieza, la limpieza que no se hizo en la transición, que tampoco se ha podido o ha querido hacer después y la que necesita España para dejar de ser propiedad de los mismos de siempre, que no están en absoluto dispuestos a renunciar a nada. Y lo más paradójico es que, para esta tarea ingente, Pedro Sánchez, que parece abocado a este desafío más por necesidad que por convencimiento, sólo cuenta con el apoyo de Podemos y de ERC, y todo lo demás en contra. Que los dioses le amparen