Una de las peores noticias de la semana ha sido la intervención de la Comisión Europea en el conflicto español para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tal vez por ignorancia o por estulticia, Bruselas ha tenido más en cuenta la movilización gremial de los jueces españoles en defensa de su poder inmune e impune que su trayectoria y ha comunicado al ministro español que los jueces tienen que imponer la mitad del Consejo General del Poder Judicial. Como suele ser habitual, el compañero y sin embargo amigo Toni Batllori lo resumió con precisión en su tira de "La Vanguardia": "Usted no sabe cómo son los jueces en nuestro país". El poder judicial español se ha convertido en el artífice de la regresión democrática española a base de tergiversar el espíritu de la Constitución del 78 e imponer una interpretación sesgada de los hechos y de las leyes, siempre favorable a posiciones conservadoras cuando no directamente franquistas.

Ciertamente la justicia está politizada en todas partes, pero lo que diferencia una democracia plena de una vacía es la arbitrariedad de los jueces. En las democracias reconocidas como tales, independientemente de su ideología, los jueces ponen por delante su prestigio como juristas. Cuando la suerte de un encausado depende del juez que le toque, quiere decir que el sistema está podrido.

En los Estados Unidos, el Partido Republicano impidió que el presidente Obama nombrara a un juez progresista para el Tribunal Supremo cuando faltaban meses para las elecciones, y después Donald Trump se apresuró a romper el equilibrio y en cuatro años nombró a tres magistrados conservadores: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y —una semana antes de los comicios— Amy Coney Barrett. El mandato de estos magistrados es vitalicio, por lo que el Supremo de los Estados Unidos tendrá una mayoría conservadora durante toda una generación. ¿Quiere decir que eso que el Tribunal Supremo ha avalado todas las burradas del presidente Trump? Para nada. Al contrario, el Tribunal Supremo con mayoría conservadora avaló —todavía en tiempos de Obama— el derecho al matrimonio entre personas del mismo género, y en tiempos de Trump rechazó restricciones al derecho al aborto y rechazó por unanimidad la reclamación del mismo Trump de anular las elecciones que ganó Biden. ¿Alguien piensa que en una situación similar los tribunales españoles habrían actuado con la misma imparcialidad?

En la transición, la derecha española franquista y postfranquista tuvo que ceder en algunos ámbitos para poder blanquearse como demócrata, pero tuvo claro desde un primer momento que la Monarquía y la Justicia eran condiciones sine qua non. Desde entonces, la derecha ha controlado siempre el poder judicial o, mejor dicho, el poder judicial ha tutelado la derecha política española. Durante la tramitación del nuevo Estatut, las maniobras en el Constitucional fueron determinantes. Las renovaciones del Consejo General se han hecho siempre como quería la derecha. Zapatero tuvo que nombrar presidente un conservador como Carlos Dívar para que el PP aceptara la renovación. Pedro Sánchez estaba dispuesto a comerse a Manuel Marchena antes de que el whatsapp de Cosidó destapara la conjura. No debemos descartar que Marchena vuelva. Rajoy, en cambio, no tuvo manías y colocó a Carlos Lesmes, el actual presidente en funciones (su mandato ya terminó oficialmente), que fue alto cargo en los Gobiernos de Aznar. También colocó un militante de su partido, Pérez de los Cobos, como presidente del Tribunal Constitucional, una ilegalidad que, incomprensiblemente, una jurista como Encarna Roca avaló, dicen que para asegurarse el cargo de presidenta a el próximo período. Necesitará el consenso con el PP, por supuesto. Quizás por eso ha votado a favor de todas las crueldades contra los catalanes e incluso fue la ponente de negar al Parlamento de Catalunya la potestad de prohibir las corridas de toros, y eso que es especialista en derecho civil catalán, miembro del Instituto de Estudios Catalanes y Cruz de Sant Jordi.

Ahora mismo, las negociaciones para la renovación del CGPJ están bloqueadas, sobre todo porque el PP veta el nombre de José Ricardo De Prada, el juez que hizo sentarse Rajoy como testigo en el juicio del caso Gürtel, y porque no quiere nadie que proponga Podemos, como si la gente que vota por el partido de Pablo Iglesias no fuese española. De hecho, así lo que considera el PP y su apéndice Vox.

Diga lo que diga la Comisión Europea, mientras no haya una reforma en profundidad de leyes y de personas en el Poder Judicial español, la democracia española derivará progresivamente en un régimen de corrupción institucionalizada y necesariamente contrario a las libertades

Aparte de felicitarla por su reciente maternidad, tenemos que agradecer a la periodista Sara González su trabajo sobre las arbitrariedades policiales y judiciales en la España actual, recogidas en su libro Por razón de Estado, un trabajo que hay que leer, pero también tener. Toma testigo presencial de personas que han sufrido la impunidad de policías y jueces que se consideran propietarios y que no disimulan su crueldad. Desde las torturas al periodista Martxelo Otamendi hasta la tragedia de los jóvenes de Altsasu, las pesadillas de jóvenes anarquistas, independentistas, simplemente titiriteros o activistas como Tamara Carrasco e incluso gente de orden como Xavier Trias. El problema es que Sara tendrá que hacer nuevas entregas. Porque el mismo poder judicial que se ensaña con los presos políticos catalanes, se niega a encarcelar a los falangistas que atacaron Blanquerna; el mismo poder judicial que destituyó a un presidente catalán democráticamente electo por colgar una pancarta que pedía libertad ahora se niega a retirar un cartel xenófobo de Vox que sólo inspira odio... Y, claro está, también un juez ha considerado que el mobiliario y los bienes del Pazo de Meirás se tienen que entregar a la familia del dictador seguramente porque se lo merece.

La última infamia judicial y política es el trabajo que está haciendo el Tribunal de Cuentas, que pretende imponer multas millonarias a políticos y funcionarios catalanes considerando que todo lo que han hecho en la última década tenía como objetivo conseguir la independencia de Catalunya y, por tanto, malversaron dinero público. Eso quiere decir que, quizás, cuando haya sentencia se tendrá que devolver el dinero que costaron los viajes de Artur Mas, de Carles Puigdemont y de todos los consellers y funcionarios que hicieron al extranjero, quizás también la celebración en Washington DC del Smithsonian Folklife Festival donde Catalunya fue el país invitado, por descontado todo el trabajo de las delegaciones de la Generalitat... No es la primera vez que lo hace este Tribunal, que ya hinchó los gastos del 9-N lo suficiente como para embargar viviendas y cuentas a Artur Mas y otros miembros de su Govern. Entonces algunas sanciones se pagaron con la caja de resistencia, pensando seguramente que así se evitaban heridas peores... Como dijo Rosa Parks, "cuanto más cedíamos y más obedecíamos, peor nos trataban".

El Tribunal de Cuentas está considerado una especie de chiringuito del Partido Popular. No se renueva desde 2012 y está dominado por el PP con 7 miembros contra 4 propuestos por el Partido Socialista, pero la Comisión de Gobierno —el órgano director— la domina el PP al 100%, sus tres miembros fueron colocados por Mariano Rajoy. Algunos miembros llevan décadas sin que nadie los releve y el diario El País destapó que buena parte de la plantilla son parientes de altos cargos. De la Fuente, Mariscal de Gante, Aznar, Álvarez de Miranda... los apellidos de ilustres familias conservadoras o franquistas son frecuentísimos y, en un país donde la corrupción —especialmente la corrupción del PP— ha sido omnipresente, este Tribunal no ha reclamado nunca nada de la Gürtel, del caso Bárcenas, ni de la Caja B del PP y exoneró a Anna Botella de un escándalo inmobiliario, pero sí ha perseguido Podemos por una gilipollez y, sobre todo, ha intentado arruinar la vida de políticos y funcionarios catalanes.

Esto es lo que ha quedado del espíritu democrático con el que se hizo la Constitución del 78. Los auténticos demócratas españoles han dejado que los arrancaran de cuajo. Algunos se han entregado, pero otros no. Diga lo que diga la Comisión Europea, mientras no haya una reforma en profundidad de leyes y de personas en el Poder Judicial español, la democracia española derivará progresivamente en un régimen de corrupción institucionalizada y necesariamente contrario a las libertades. Viva Portugal, que hoy toca. Ellos lo hicieron mejor.

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