El rey ladrón ha vuelto y ha sido recibido con clamor popular. La exhibición impúdica y ovacionada del despilfarro apoteósico de los millones rapiñados es todo un símbolo de la decadencia no de la monarquía, sino de una sociedad incapaz de regenerarse. La impunidad de los monarcas y de los cortesanos se ha convertido en ley. También era un secreto a voces que los gobernantes corruptos del Partido Popular habían empleado infinidad de recursos públicos para esconder sus saqueos. Ahora de repente se han querido hacer públicas todas las obscenidades practicadas por una conjura del poder político, el poder judicial, el poder económico y los medios de comunicación (también periodistas ejerciendo de sicarios o callando y otorgando). Las informaciones aparecidas en las últimas semanas parecen una competición interesada entre los dos partidos dinásticos para ver quién ha sido el más atrevido en el uso fraudulento y el abuso sistemático de los organismos del Estado.

Juan Carlos de Borbón ha quedado exculpado y homenajeado como malhechor, el heredero mantiene su derecho a la impunidad, los disidentes son perseguidos y/o silenciados, y los debates parlamentarios han sido prohibidos. Una ministra de Defensa y un ministro del Interior organizaban comandos policiales para esconder las pruebas de la corrupción, perseguir a adversarios políticos y manipular las elecciones. Un policía corrupto era capaz de convencer a fiscales y jueces de avalar la maldad. Los servicios de Inteligencia siguen espiando a políticos y ciudadanos para alterar el comportamiento electoral de la ciudadanía. Incluso el Defensor del Pueblo lo ha justificado.

La depravación política que antes se sospechaba, ahora se proclama sin vergüenza, la mayor infamia se vuelve anecdótica, se manipulan las elecciones y en los sondeos solo suben PP y Vox

Lo grave es que la depravación que antes se sospechaba, ahora se proclama sin vergüenza ni escrúpulos, hasta el punto de que la mayor infamia se vuelve anecdótica, casi irrelevante. Ni las elecciones, que era lo que permitía hablar de democracia, son limpias. Y la vida sigue igual. Es lo que un juez y después gobernante socialista describió hace unos años como la institucionalización de la perversidad. Que la revista The Economist mantenga todavía a España en el grupo de países con una “democracia defectuosa” suena ahora como un insulto a la inteligencia.

En Estados Unidos, otra “democracia defectuosa” el fiscal especial Robert Mueller, exdirector del FBI, demostró que Rusia, una potencia extranjera, había interferido en las elecciones presidenciales de 2016, que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Trece ciudadanos y tres compañías rusas fueron acusados. Roger Stone y Michael Flynn fueron condenados (y Donald Trump los indultó en los últimos momentos de su mandato). Sin embargo, en Estados Unidos interfirió las elecciones una potencia rival, mientras que en España no son extranjeros quienes han interferido para obstruir la acción de la justicia y alterar el resultado de las elecciones, son gobernantes que cuando han tenido que comparecer ante un tribunal han sido exculpados y los derechos de gente honesta como Xavier Trias y tantos otros han sido cruelmente atropellados.

Efectivamente, después de escribir este artículo me puedo quedar bien descansado de haber denunciado por enésima vez la deriva antidemocrática del Estado español y de sus instituciones, pero sigo pensando que este y otros artículos mejor escritos y mejor documentados de otros autores, ahora y aquí, tampoco sirven para nada. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma que los partidos que más suben en intención de voto son el Partido Popular y Vox.