El Gobierno del Estado ha comunicado que efectivamente espió al president Aragonès y otras personas de ideología independentista y se ha quedado tan ancho. El Ejecutivo ha declarado que la tarea de espionaje se hizo de acuerdo con la ley (franquista de secretos oficiales) y con autorización de un juez. Con las declaraciones de la ministra de Defensa y la comparecencia de la directora del CNI a la comisión de secretos oficiales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha ratificado que hicieron lo que tenían que hacer y que lo hicieron bien. Eso no equivale a decir que lo volverán a hacer, sino que continúan y seguirán haciendo lo mismo. El presidente Pedro Sánchez no ha expresado ninguna intención de rectificar nada. No se cambiará la ley, no se sustituirá a la ministra, ni la jefa de los servicios de inteligencia, y se mantendrá en su sitio al mismo juez del Supremo que lleva instalado confortablemente en el CNI desde hace más de una década, cuando el mandato era por cinco años. La directora del CNI solo se ha referido al espionaje de 18 personas. Del resto de personas espiadas ha dicho que no sabe nada, pero lo que es más significativo es que tanto le da y no piensa hacer nada para comprobarlo. Tampoco la Fiscalía. La conclusión es que todo este abuso de poder, esta vulneración de derechos fundamentales, forma parte del funcionamiento sistemático del Estado español y lo que resulta más desesperante, es que funciona y funcionará así gobierne quien gobierne y, desde el punto de vista democrático, esta es una conclusión trágica.

Ahora tenemos en el Estado lo que se ha denominado el Gobierno más progresista de la historia. Ciertamente, la mayoría parlamentaria que ha dado apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez se articuló para descabalgar al Gobierno más corrupto de la historia y, por primera vez a la historia, esta mayoría tenía una composición inequívocamente progresista, tanto plural como transversal y territorialmente diversa. Tenía que marcar un punto de inflexión y revocar la regresión en derechos y libertades que habían impuesto los gobiernos del Partido Popular. Sin embargo, la derecha política, pero muy especialmente los poderes fácticos del Estado, que se creen los legítimos propietarios de España, han considerado la formación del Gobierno PSOE-Podemos como la infiltración en las instituciones de unos intrusos, un conglomerado de todos los enemigos de la patria, comunistas, proetarras e independentistas, con lo cual se han considerado legitimados para actuar en consecuencia y coordinados desde todas las estructuras de poder que controlan, políticas, judiciales, de inteligencia, policiales, económicas, financieras y mediáticas. Por eso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha encontrado con tantas dificultades para derogar las leyes del PP. Ni la ley mordaza, denunciada por todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, se ha reformado todavía. Por no hablar de la connivencia con las corrupciones de la monarquía. Sánchez tenía que optar entre enfrentarse a los poderes omnipresentes del Estado o adaptarse pragmáticamente a las circunstancias. Para la primera tenía los votos, pero quizás no bastante fortaleza. La segunda opción le habrá parecido más fácil para sobrevivir, pero solo le servirá hasta que lo hagan caer, quizás incluso con deshonor. Porque Pedro Sánchez asumió una responsabilidad. ¿Si el Gobierno más progresista de la historia no ha sido capaz ni siquiera de interrumpir la actuación inmoral de las cloacas del Estado, para qué ha servido tener un gobierno tan progresista? ¿Y si ningún gobierno puede cambiar toda esta mierda que ha emergido, para qué sirve ir a votar?

¿Si el Gobierno más progresista de la historia no ha sido capaz ni siquiera de interrumpir la actuación inmoral de las cloacas del Estado, para qué ha servido tener un gobierno tan progresista?

Son reflexiones que afectan a todo el espectro político de la mayoría, especialmente al PSOE, a Unidas-Podemos y a Esquerra Republicana. Sánchez ha optado por sobrevivir a fuerza de cohabitar con los poderes fácticos que lo quieren descabalgar, pero estos saben que seguirá insistiendo en gobernar con los considerados intrusos porque personalmente no tiene alternativa, así que mantendrán su ofensiva para echarlo ni que sea a un cargo europeo. Cualquier combinación de alianza política del PSOE con la derecha pasa por entregar previamente la cabeza de Pedro Sánchez. La incorporación de Unidas-Podemos al Ejecutivo, que había creado algunas expectativas, no ha servido para desarticular la mafia estatal, sino para incentivar su activismo y resignarse. Esquerra Republicana se las prometía muy felices asumiendo la interlocución catalana con el Estado, una posición que los situaba en el centro del escenario político y que solía ser muy rentable electoralmente hablando. Sin embargo, los republicanos se han encontrado ahora sin argumentos para mantener la interlocución y atrapados sin poder capitalizar tampoco un estropicio...

Hemos llegado al punto que incluso la amenaza de la extrema derecha genera indiferencia en círculos progresistas, como si no fuera ninguna novedad, porque el Estado sigue hablando como hace más de cien años declamaba aquel capitán Diego de Acuña, en la pieza teatral de Eduardo Marquina En Flandes se ha puesto el sol. Decía el capitán, como Margarita Robles, "España y yo somos así, señora"