El Gobierno no ha concretado cómo piensa aumentar la presencia del castellano en las escuelas catalanas porque el objetivo del anuncio no era presentar una iniciativa legislativa, sino provocar el conflicto. Se trata de movilizar a todo el electorado españolista de Catalunya surgido a raíz del proceso soberanista y convertir cada escuela en un Vietnam el próximo curso .

Hasta ahora habían fracasado todos los intentos por atizar el conflicto. Incluso en los últimos años, cuando el gobierno del PP forzó a la Generalitat a pagar escuelas privadas para familias que exigían la escolarización en castellano, apenas unas pocas decenas lo solicitaron, generalmente padres que eran funcionarios del Estado o militares o militantes políticos comprometidos con la causa españolista. A pesar de todas las campañas, el movimiento para españolizar las escuelas catalanas no respondía a una demanda social real y por eso no acababa de cuajar. Hasta ahora, que ya veremos.

Desde los años 90 el poder político español ha empleado recursos y estrategias para dinamitar el modelo educativo catalán. Organizaciones como el Foro Babel, Convivencia Cívica Catalana, Societat Civil Catalana o Empresaris de Catalunya no surgieron espontáneamente, sino que fueron impulsadas y financiadas en gran parte con subvenciones públicas o de las empresas que dependen del BOE y que actúan de acuerdo con el Gobierno español. Ahora, sin embargo, la situación puede ser diferente. Con el aumento de la movilización españolista, el Gobierno español ha visto la oportunidad de provocar esta demanda social hasta ahora inexistente que, junto con reformas legales recentralizadoras, propicie a continuación el desmantelamiento del modelo educativo catalán.

En las próximas semanas, las familias con hijos en edad escolar y, muy especialmente, allí donde las fuerzas unionistas registraron mejores resultados electorales el 21 de diciembre se verán inundadas de propaganda para persuadirlas a exigir el castellano en la escuela. Si la iniciativa tiene algún éxito, se desatará un grave conflicto. De entrada, porque la mayor parte de las escuelas no estarán en condiciones de habilitar dos líneas pedagógicas y separar a los alumnos por razón de lengua. Y cuando no puedan hacerlo, partidarios del castellano y del catalán entrarán inevitablemente en disputa.

Este conflicto lingüístico en la escuela catalana es un objetivo político del nacionalismo español prácticamente desde que se recuperó el autogobierno en la década de los 80. Las alarmas aumentaron por los resultados del modelo convivencial e integrador que extendía no solo el uso de la lengua entre la población castellanohablante de origen español, sino que también incidía en su sentido de pertenencia.

Las consecuencias pedagógicas de este conflicto provocado pueden ser devastadoras, pero eso al Gobierno español, al PP y a Ciudadanos no les importa mucho, porque su planteamiento no tiene nada que ver con la pedagogía. Es más, hay una componente de intereses de clase. El españolismo en Catalunya no ha tenido hasta ahora mucho arraigo popular, porque ha surgido básicamente de élites económicas y de funcionarios del Estado. Lo que podríamos llamar la clase obrera de Catalunya quizás no ha simpatizado mucho con el nacionalismo catalán, pero todavía menos con el español. Prueba de ello ha sido la contribución fundamental de los partidos de la izquierda catalana en la definición del modelo lingüístico catalán.

Erróneamente, algunos analistas españoles que fingen saberlo todo José Luis Álvarez ha sido el último en El País— han atribuido al nacionalismo catalán el copyright del modelo educativo, cuando lo cierto es que fueron los partidos de izquierdas, y muy especialmente el PSUC, los que batallaron por un modelo que buscaba la integración y la igualdad por encima de la excelencia, convencidos de que el apartheid lingüístico, además de una fuente de conflicto, sería un factor determinante de desigualdades, que siempre perjudican al más débil en mayor medida.

La pretensión del españolismo atizando el conflicto en la escuela no es mejorar la educación de los alumnos, sino garantizar la pervivencia de una masa crítica lo bastante amplia de españoles en Catalunya que no se sientan nunca catalanes y ejerzan de infantería determinante en un eventual momento de conflicto de soberanía.

El Gobierno español, el PP y Ciutadans son en este aspecto la fuerza separadora. Quieren impedir que los alumnos se sientan catalanes, dado que los necesitan para que hagan el papel de invasores de un territorio en aplicación del derecho de conquista. Desde este punto de vista, corresponde a los partidarios de la paz, de la integración, de la igualdad y de la escuela de calidad explicar y demostrar a las víctimas propiciatorias de la ofensiva divisiva lo que más les conviene.