Sabe mal repetirlo pero este 41 aniversario de la Constitución española ha constatado con más claridad que nunca que el texto de 1978 ha sido objeto de un atraco, de un auténtico robo por parte de los que no la querían, los que intentaron tumbarla y, como no pudieron, la votaron en contra. Eran los franquistas que ahora se ha apoderado indebidamente del texto como si la hubieran escrito ellos y sólo ellos la pueden interpretar para imponer una evidente regresión del sistema democrático. La prueba más fehaciente es que los más encarnizados defensores actuales de la Constitución son el Partido Popular y Vox, dos partidos que aún ahora reivindican orgullosos la memoria del dictador Franco. La Constitución se hizo para abrir derechos y libertades y se está interpretando para restringirlos.

Todo comenzó con la llegada de José María Aznar al frente del PP. Ya de joven Aznar había publicado en La Nueva Rioja varios escritos contra los contenidos y el consenso político que alumbró la Constitución, pero fue a partir del año 2000, cuando el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta, que la operación para hacer la marcha atrás democrática se llevó a la práctica. Se creó el think tank de la derecha española, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), desde donde se comenzaron a introducir nuevas interpretaciones del texto constitucional opuestas al espíritu del 78 y promoverlas entre los sectores más afines instalados en las instituciones del Estado, muy especialmente la judicatura. En una segunda fase, los Gobiernos del PP, de Aznar primero y de Rajoy después, propiciaron un auténtico asalto a las instituciones, con un PSOE desnortado y a la defensiva, a base de colocar personas afines en puestos clave de la administración, del poder judicial y, por supuesto, del poder económico-financiero y de las instituciones de la sociedad civil. De hecho, la operación continúa. Huelga decir que la judicatura se ha convertido en un poderoso lobby de la derecha más nostálgica, pero el asalto no se ha detenido. Esta misma semana ha trascendido que el Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones, es decir, con el mandato caducado, ha nombrado 46 nuevos cargos aplicando criterios inequívocamente políticos en la selección del personal, es decir, casi todos afines al presidente caducado Carlos Lesmes y al PP, lo que condicionará la interpretación de las leyes para los próximos veinte años.

La prueba más fehaciente de la involución constitucional es que los más encarnizados defensores actuales de la Constitución son el Partido Popular y Vox, dos partidos que aún ahora reivindican orgullosos la memoria del dictador Franco. La Constitución se hizo para abrir derechos y libertades y se está interpretando para restringirlos.

Es la aplicación de manual de la teoría del golpe de estado de Hans Kelsen, según la cual se puede considerar golpe de estado "cualquier modificación no legítima de la Constitución". De hecho es el propio Estado el que sólo está en condiciones de hacerlo abusando sistemáticamente del monopolio interpretativo del orden constitucional.

Para confirmarlo tenemos la demostración de esta semana, cuando los líderes de la defensa de la Constitución han sido los dirigentes de Vox y muy especialmente Santiago Abascal encabezando la manifestación de Barcelona. Ahora son los franquistas los constitucionalistas que paradójicamente se niegan en redondo a cualquier propuesta de reforma, primero porque ya se han apoderado de ella y, en segundo lugar, para evitar el debate que menos desean porque inevitablemente surgiría de nuevo el dilema entre monarquía y república.

Así que hemos llegado a un punto que la reforma de la Constitución es prácticamente imposible y, en todo caso, cualquier reforma sería para confirmar la involución democrática del sistema. Si ahora se planteara, el consenso requeriría el visto bueno del PP y de Vox, que sin duda intentarían imponer la recentralización del estado y todas las barbaridades que vienen reivindicando sobre los derechos de las minorías, los inmigrantes, los colectivos marginados e incluso de algunas mayorías como los derechos de las mujeres a la igualdad. Alerta, sin embargo, porque no lo harán por la vía de la reforma constitucional, pero ya lo están haciendo allí donde gobiernan. Saben que lo pueden hacer no porque lo diga la ley, sino porque tienen todos los árbitros de su bando dispuestos imponer la interpretación más liberticida.

La prueba más fehaciente de la involución constitucional es que los más encarnizados defensores actuales de la Constitución son el Partido Popular y Vox, dos partidos que aún ahora reivindican orgullosos la memoria del dictador Franco. La Constitución se hizo para abrir derechos y libertades y se está interpretando por restringirlos.

Jordi Galves
Diario de la revuelta (39) Gentuza como nosotros Jordi Galves
Gonzalo Boye
Opinió Así están las cosas Gonzalo Boye