Una revelación del digital The Intercept ha puesto al descubierto la connivencia política entre el juez y los fiscales del caso que terminó en condena por corrupción y pena de prisión al expresidente brasileño Lula da Silva. El juez Sergio Moro que sentenció a Lula es ahora ministro de Justicia del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. The Intercept ha tenido acceso a conversaciones e intercambios de correos electrónicos entre el juez y los fiscales donde queda patente que todos compartían el objetivo político de impedir el retorno al poder del Partido del Trabajo. Según el digital que dirige Glenn Greenwald, el juez Moro daba instrucciones estratégicas a los fiscales. Y también que, ante la dificultad de presentar pruebas, la acusación se basó en informaciones periodísticas. En Estados Unidos hace tiempo que las cosas funcionan de manera parecida. Incluso las series de televisión hacen parodia de la judicialización de la política como una epidemia antidemocrática fomentada desde el poder.

Escuchando las conclusiones de los abogados defensores en el juicio del procés y recordando algunos episodios de los últimos meses, los paralelismos estremecen. En el caso español, las amistades peligrosas entre jueces, fiscales, políticos y periodistas ni siquiera se han disimulado. La posición y la trayectoria política de la mayor parte de las personas que han intervenido desde los miembros del Tribunal pasando por los fiscales y terminando con los políticos, los policías y otros testigos son de una conocida animadversión respecto de los acusados y de su ideología.

Los abogados han puesto en evidencia que también en este caso los acusadores han basado buena parte de su relato en informaciones periodísticas. Informaciones periodísticas suministradas por la Policía y por la fiscalía y publicadas acríticamente en lo que ha sido el episodio más negro y vergonzante del periodismo español. Del periodismo y de tantos periodistas que no han tenido ningún escrúpulo en ponerse al servicio de la represión haciendo suyas las noticias falsas que les dictaba el poder.

Contrastando las versiones de fiscales y defensores cuesta imaginar cómo el Tribunal justificará condena alguna a los acusados por el procés, dado que el Código Penal no tiene prevista la figura delictiva del "farol"

Con todo, confrontando los relatos de los defensores con los acusadores, cuesta imaginar cómo lo hará el Tribunal Supremo para justificar condenas que vayan más allá de la desobediencia o los desórdenes públicos. No sólo porque la ausencia de violencia, tan documentada, hace inverosímil la idea de la rebelión. También porque el relato de los mismos abogados niega la trascendencia de los hechos. Empezando por la declaración de independencia y de la nula voluntad política de hacerla efectiva, como quedó claro cuando el Govern de la Generalitat no implementó la resolución aprobada por el Parlament que le instaba a "dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República...". Como todo el mundo sabe, no dictaron ni una sola resolución, ni arriaron ninguna bandera. Y no lo hicieron por dos razones, porque no podían y porque no querían. No podían porque no tenían la capacidad política, institucional, financiera y diplomática para hacerlo y no quisieron ir más allá para evitar riesgos mayores en lo que fue el cálculo más erróneo, porque el Estado sí se empeño en tomárselo en serio. La tesis del farol que planteó la consellera Ponsatí resulta ahora más diáfana y plantea algunas paradojas. De entrada, que los faroles políticos no están previstos en el Código Penal y por lo tanto una condena severa por un farol sería muy injusta.

Y desde este punto de vista, el Tribunal Supremo tiene dos opciones. Una es absolver a los acusados y exigir al poder legislativo que produzca las leyes adecuadas para prevenir los faroles políticos. El otro es dejarse arrastrar por el ardor guerrero que le ha caracterizado hasta ahora y condenar a los acusados como si realmente hubieran hecho lo que no hicieron, con la intención de escarmentar y para que nadie vuelva a tener la tentación de reincidir ni siquiera de farol.

Como bien ha dicho el abogado Andreu Van den Eynde, el Tribunal Supremo tiene la posibilidad de devolver la pelota a la política. Efectivamente, haga lo que haga determinará el curso del procés y llegamos a una nueva: si las condenas son severas, la sensación de injusticia prolongará y agravará el conflicto entre Catalunya y España y habrá más procés. En cambio, si los políticos son absueltos, así que recuperen la libertad, serán los ciudadanos los que les pasarán cuentas pendientes.

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