Cuando el otro día en el Congreso, no recuerdo con qué pretexto, los representantes de Vox, Ciudadanos y PP gritaban “¡Libertad, libertad, libertad!”, además de indignarme por la sobredosis de cinismo, me vinieron a la cabeza las consignas del Partido Socing de la sociedad orwelliana de la novela 1984. "La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza". Nos encontramos ante una situación en que la tergiversación perversa del lenguaje es el fundamento básico de una sociedad dirigida a base de represión y manipulación. Ahora resulta que los fascistas de Vox que reivindican orgullosos la memoria del dictador Franco son los más encarnizados defensores de la Constitución del 78, junto con el Partido Popular, organización fundada por exministros de Franco que en su mayoría votaron en contra de la Constitución, de las libertades políticas e incluso consideraron la legalización de partidos políticos "un golpe de estado". Gritan "¡Libertad!" Para que todo el mundo entienda el ancestral "¡Vivan las caenas!" o el no tan lejano "¡Viva la muerte!"
Los tribunales españoles han intentado dar base jurídica a la regresión antidemocrática, pero los abusos y las arbitrariedades han terminado emergiendo. Se ha justificado la represión y la persecución del movimiento independentista catalán con el argumento de que eran políticos que habían vulnerado la ley. Sin embargo, cuando los tribunales europeos dictan sentencia atendiendo a los derechos de los ciudadanos perjudicados, los tribunales y órganos administrativos españoles ya no se muestran tan legalistas y reaccionan con desdén y se inventan senderos de ingeniería jurídica, mientras la caverna política grita lo de "puta Europa", en palabras del publicista conservador Alfonso Ussía.
El conflicto catalán es más europeo que nunca, quien defiende la primacía de la justicia europea son los catalanes, quien pretende silenciar a dos millones de ciudadanos europeos son los tribunales españoles y quien amenaza con desestabilizar la Unión es el Estado español
Esto ha producido un cambio de paradigma no poco importante en la percepción exterior del conflicto catalán. Hasta ahora, las imágenes de la represión policial del 1 de octubre contra la gente que quería votar, el fracaso de la persecución judicial de Carles Puigdemont, y la apuesta catalana por el diálogo han contribuido a que, al menos, los medios internacionales y algunos grupos políticos observen con cierta simpatía la reivindicación de los catalanes. Sin embargo, los gobiernos estatales y las instituciones han adoptado una actitud más bien de rechazo debido en parte a las campañas de los ministros españoles, García-Margallo, Dastis y Borrell, que combatieron la popularidad de la causa catalana con tres argumentos fundamentales: el conflicto es un asunto interno español, los independentistas vulneran la ley y suponen una amenaza desestabilizadora para la Unión Europea.
Los acontecimientos de los últimos días han cambiado la situación, como ha constatado el mismo conseller de Acció Exterior, Alfred Bosch. El conflicto catalán es más europeo que nunca, quien defiende la primacía de la justicia europea son los catalanes y quien amenaza con desestabilizar la Unión ahora es España.
A pesar de todos los esfuerzos, las presiones y las trampas, el lunes tendremos a Carles Puigdemont y a Antoni Comín asumiendo la condición de diputados europeos. No hay que menospreciar esta victoria. El presidente de la cámara, David Sassoli, deberá informar de la elección de los tres eurodiputados catalanes y la posterior expulsión de Oriol Junqueras instada por el Tribunal Supremo español. Huelga decir que habrá protestas y se suscitará debate. La decisión del viernes sólo ha sido un trámite. Hasta ahora Sassoli no ha hecho más que acatar las sentencias de los tribunales, primero la de Luxemburgo y después la del Supremo español, sin pronunciarse. El pleito continúa y acabará volviendo a Luxemburgo o a Estrasburgo y la verdad nos hará libres.
Ciertamente la Unión Europea es una asociación de estados que se ayudan mutuamente hasta extremos inconfesables, pero todo tiene un límite y el límite son los valores fundamentales que justifican su existencia: el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia , la igualdad y los derechos humanos. A Puigdemont, Junqueras y Comín les votaron dos millones de europeos. El TJUE afirma que son los votos y no los obstáculos burocráticos los que otorgan la representatividad. Es el Supremo español quien pretende silenciar a los diputados electos y la voluntad democráticamente expresada de dos millones de ciudadanos. Ahora no hay ninguna duda. El conflicto es entre Europa y España. Si Europa gana, España pierde. Y al revés. Si España gana, Europa cae.