Conozco el caso de un trabajador público diagnosticado de hiperplasia benigna de próstata que lleva seis meses de baja, sondado, esperando la intervención que le tiene que permitir volver a hacer vida laboral, sexual... normal, vaya. Se trata de un hombre con inquietudes sociales y políticas que ha participado en las movilizaciones del proceso soberanista. Sin embargo, ha tenido tanto tiempo para reflexionar durante la baja que, a pesar de sus convicciones políticas a favor de la independencia, ha decidido no volver a votar nunca más.
Hace pocos días, la alarma la hacían sonar dos expertos de solvencia contrastada, el doctor Guillem López Casasnovas y Marc Casanova Roca, con un informe estremecedor sobre las amenazas que ponen en peligro el modelo sanitario catalán, probablemente la joya... ¿de la República? Señalan estos expertos del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF) que "a pesar de los esfuerzos de políticos, gestores y profesionales sanitarios, las limitaciones de la financiación se acaban imponiendo y nuestra sanidad se empobrece con listas de espera y frustración ciudadana". En opinión de los investigadores, "en el actual marco autonómico, la perspectiva es definitivamente negativa, aboca a la sociedad de peaje, a la presión hacia los copagos, a la dualización y al cuestionamiento de la sanidad como factor de cohesión social".
Las cifras son angustiantes. Hay un déficit encubierto constante de 2.000 millones de euros. Sólo con que se aplicara a Catalunya la proporción estatal entre PIB y media de gasto sanitario, a Catalunya le corresponderían 4.000 millones de euros adicionales. Para homologar el gasto sanitario de Catalunya con países del entorno europeo harían falta entre 4.600 y 6.000 millones de euros más cada año.
Los investigadores han querido hacer un cálculo realista y sólo proponen para evitar la catástrofe aumentar progresivamente la financiación sanitaria un 20% por encima del crecimiento del PIB. Con este planteamiento, Catalunya se pondría al nivel del Reino Unido, Dinamarca, Austria o Francia no antes del año 2030.
Las cifras son angustiantes. Hay un déficit encubierto constante de 2.000 millones de euros. Sólo con que se aplicara a Catalunya la proporción estatal entre PIB y media de gasto sanitario, a Catalunya le corresponderían 4.000 millones de euros adicionales
¿Cuál es el drama? Que, a pesar del déficit encubierto, las inversiones previstas desde hace tiempo y desatendidas ―Hospital Trueta, Clínic, Vall d'Hebron, del Mar― y el aumento vegetativo del gasto, los presupuestos que el miércoles empiezan a debatirse en el Parlament prevén un gasto sanitario inferior al del año pasado. ("Presupuesto 2020: 9.850 millones. Gasto real 2018: 9.950 millones y de 10.500 millones en créditos definitivos.")
No hace falta decir que los déficits de los servicios públicos han sido un argumento principal que ha contribuido al aumento de las ansias independentistas en la sociedad catalana. La indignación no es por lo que se paga, sino por lo que no vuelve, por lo que no funciona o porque no hay quien te opere. Como la salud es lo que más importa tanto a nivel individual como colectivo, los representantes políticos catalanes y sobre todo los españoles que se han comprometido a abrir una negociación tienen en las urgencias de la financiación sanitaria la oportunidad de demostrar que el diálogo no es una tomadura de pelo para marear la perdiz. Cierto es que una cosa es la mesa pactada para encontrar una salida al conflicto político y otra las comisiones mixtas tradicionales que se ocupan de asuntos administrativos, pero la situación financiera de la sanidad y las amenazas sobre el modelo son tan graves que quizás hay que darle la máxima prioridad. En este caso, quien se apunte el tanto político es lo de menos, el caso es que operen de una puta vez a mi amigo. Y quizás así se le calme el enfado con los políticos... y los vuelva a votar.