La decisión del Tribunal Supremo de apoyar a la Junta Electoral Central para que le retire el acta de diputado al president de la Generalitat, Quim Torra, supone de facto cargarse torpemente preceptos constitucionales como el derecho de los ciudadanos a la representación política, el derecho de los catalanes al autogobierno, y deja en situación de indefensión al Molt Honorable.

Los próximos días asistiremos a un gravísimo conflicto institucional de consecuencias imprevisibles, un tsunami institucional, porque la intervención del Tribunal Supremo confirma una situación de arbitrariedad jurídica que es incompatible con el estado de derecho y que, por lo tanto, debería interpelar a las conciencias democráticas que todavía existan. Algunos actores, como la CUP, ya hablan de acabar la legislatura, pero este no es el problema principal, porque lo que está amenazado de verdad es la continuidad del autogobierno como lo habíamos entendido hasta ahora.

Al president Torra le quieren retirar su condición de diputado que le otorgaron los catalanes por una acción que ejecutó no como diputado, sino como president. El poder judicial se ha constituido definitivamente en el brazo ejecutor de una ofensiva política promovida por los partidos de la derecha y la extrema derecha que intentó, en primera instancia, boicotear las negociaciones para la investidura que habían iniciado el PSOE y ERC y liquidar, además, la concepción con que los constituyentes del 78 establecieron el derecho al autogobierno.

Algunos actores, como la CUP, ya hablan de acabar la legislatura, pero este no es el problema principal, porque lo que está amenazado de verdad es la continuidad del autogobierno como lo habíamos entendido hasta ahora

Después de que el president Torra fuera condenado a inhabilitación por el gravísimo crimen de no retirar una pancarta que pedía libertad, PP, Ciudadanos y Vox pidieron a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que le retirara la condición de diputado amparándose en un aspecto de la ley electoral pensada para terroristas y corruptos. La propia junta rechazó la petición casi por unanimidad, constatando que no había condena firme. El recurso se fue a Madrid, donde la Junta Electoral Central, con mayoría conservadora, dio la razón a sus patrocinadores de la derecha, en una votación de 7 contra 6, donde los miembros del organismo administrativo disconformes con la mayoría conservadora argumentaron que la Junta no tenía atribuciones para retirar el acta de un diputado. El asunto saltó al Tribunal Supremo, e incluso la Fiscalía y los letrados del Parlament coincidieron en que un órgano administrativo no tenía potestad para retirar el acta a un diputado. El Tribunal Supremo ha tomado una decisión que va incluso contra el sentido común, dado que, aunque previsible, no está confirmada la condena firme y, por lo tanto, entra dentro de la posibilidad teórica de que después de retirar el escaño al president Torra, el mismo tribunal se lo tuviera que devolver retirándoselo al suplente.

El president Torra ya ha dicho que no piensa renunciar a su condición de diputado que le otorgaron los ciudadanos en las urnas, de acuerdo con el pronunciamiento de los letrados del Parlament, que dictaminaron que un órgano administrativo como la Junta Electoral no tiene potestad para descabalgarlo. El lunes está previsto que el Parlament celebre sesión plenaria en la que debería someterse a votación el presupuesto de la cámara, pero antes la Mesa tendrá que reaccionar y determinar cuál es la situación del diputado-president. El presidente de la cámara, Roger Torrent, vuelve a encontrarse ante el peor de los dilemas. Mal si acata después de haber proclamado que la Junta Electoral no es competente para darle órdenes como las que le ha hecho llegar, y mal si no acata, porque se arriesga a que le acusen del delito de desobediencia que conllevaría su inhabilitación.

Entra dentro de lo previsible que la Mesa responda de entrada como hizo el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, cuando se encontró en una situación similar en algunos aspectos. Esto significa que inexorablemente deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional, que también registra una mayoría conservadora. Hay que recordar que, en aquella ocasión, el Constitucional rechazó el amparo al presidente de la cámara vasca, pero años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por considerar que Atutxa y los miembros de la Mesa del Parlamento vasco no tuvieron un juicio justo. Cuesta creer, pero quién sabe si aquella jurisprudencia pueda tener ahora algún efecto.

Quizás es una casualidad que la insólita decisión del Tribunal Supremo se haya comunicado horas después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara una reunión en Barcelona con el president Torra. Todo el mundo es libre de sospechar lo que quiera, pero la desestabilización del Gobierno de Pedro Sánchez parece cada vez más un objetivo prioritario de los sectores más poderosos del Estado.

Antón Losada
Opinión Auctoritas suprema Antón Losada
Modest Guinjoan
Opinión Hartos de "justicia" Modest Guinjoan