En el debate con Pedro Sánchez que cerró la última legislatura, le reprochamos la irresponsabilidad con la que había decidido ir al casino a jugarse a negro/rojo la correlación de fuerzas de la moción de censura por no haber querido aguantar la presión de una parte de los suyos y la de la derecha contraria al establecimiento de una mesa de diálogo (el "relator" fue una invención de Carmen Calvo), lo cual hubiera comportado la retirada de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos. Desde la tribuna le dije que si las elecciones nos iban bien, a ellos y a nosotros, al día siguiente estaríamos justo donde estábamos en el momento que debatíamos. Es decir, en la necesidad ineludible de encontrar, pronto o tarde, una solución amparada en el principio democrático y en el de realidad que permitan superar el conflicto.

Efectivamente, el desencuentro Catalunya-España no tiene ninguna posibilidad de ser superado al margen de las urnas. De hecho, los constitucionalistas más sensatos son más conscientes de lo que son capaces de manifestar en la medida que todavía ni siquiera se ha establecido el perímetro del campo donde se librará la batalla ideológica y política post-sentencia. Por una parte, el PSOE asume que el Estatut vigente actual no tiene suficiente legitimidad por el hecho de haber sido modificado una vez refrendado por el pueblo de Catalunya y que, de lo contrario, nada podrá resolverse al margen de las urnas. Y, así, el PSOE cada vez de manera más explícita consolida un relato en el que los catalanes tenemos derecho a decidir la autonomía actual o bien optar por una mejor a través de un nuevo Estatut. Eso se llama "diálogo dentro del marco constitucional".

Es evidente que esta posición, aparte de obviar el principio democrático de la autodeterminación, choca con el principio de realidad. Choca porque aspiran a aplicar (y sin prisas, porque en la primera parte de la legislatura se limitarán a actuar sobre la LOFCA y a activar la mayoría en el Senado para una nueva comisión de estudio de una hipotética reforma CE) una solución válida si viviéramos en la Catalunya del 2004. Válida cuando tan sólo un 14% de la ciudadanía catalana optaba por la República o que votaba en 2006 favorablemente (¡a veces, somos menos segadores de lo que cantamos!) el Estatut cepillado y convertido en Estatutet.

No obstante, la realidad de la Catalunya del 2019 es muy diferente. Saben, aunque costará que lo reconozcan, que no se puede construir ninguna solución al margen del alto porcentaje de ciudadanos de Catalunya que ya no son autonomistas y sí somos independentistas, razón por la cual el Gobierno que vendrá tendrá que asumir que no puede condenarnos a la exclusión. Será imposible, por lo tanto, una solución democrática al margen de los ciudadanos que en las últimas elecciones en el Parlamento votaron partidos independentistas o autodeterministas. De hecho, en el Parlamento las fuerzas independentistas somos imprescindibles para activar cualquier reforma estatutaria a la que aspiren. De igual manera, el independentismo tiene que reconocer que todavía un alto porcentaje de compatriotas son autonomistas, por lo cual, legitimar y garantizar también la viabilidad de su opción será clave para exigir (¡eso se llama ganar la batalla ideológica!) a la contraparte la implicación en la incorporación de la opción de la independencia en la solución que tenemos que ser capaces de construir.

El desencuentro Catalunya-España no tiene ninguna posibilidad de ser superado al margen de las urnas

La negociación tan sólo se iniciará si el independentismo es capaz de ser lo bastante fuerte como para conquistar previamente un escenario de "diálogo sin condiciones". Un escenario que todavía no hemos alcanzado porque es evidente que ahora tan sólo desde Madrid ofrecen (y sólo ofrecerán durante un tiempo) un diálogo político a su medida (recordad que hasta que Tony Blair no accedió al gobierno, Thatcher y Major mantuvieron posiciones parecidas sobre el diálogo con respecto al republicanismo irlandés que la que hoy tiene Pedro Sánchez con respecto al catalán).

Alcanzar, pues, la fase del "diálogo sin condiciones" sólo será posible si el republicanismo acumula más apoyo electoral y más base popular, si traduce la fuerza creciente en una acción de gobierno más intensa, más eficaz y más social (sea en esta legislatura catalana o en una nueva a raíz de un nuevo proceso electoral con todo aquello que puede suponer en la existencia de nuevas mayorías), si los grupos parlamentarios en Madrid siguen sin caer en la trampa de participar en los paripés de las comisiones parlamentarias para reformas imposibles de la Constitución... Y si el mismo Govern Torra-Aragonès sigue negándose a establecer una relación con la administración general basada en la multilateralidad.

En definitiva, radicalidad democrática extrema que tiene que comportar interiorizar en el imaginario del "procés" que la solución tiene que incorporar los anhelos y las aspiraciones de los catalanes independentistas y también las de los catalanes que no lo son. Pero de verdad, no de manera retórica. En definitiva, comprometernos a hacer posible un referéndum a través del cual pueda votarse afirmativamente la nueva oferta estatutaria o votar sí a la opción de la independencia. Para llegar a ello, el independentismo no tendría que bloquear las propuestas de las fuerzas catalano-españolas autonomistas si la contraparte asumiera al mismo tiempo la integración de la opción de la independencia. De eso se dice "marco colaborativo" y "marco de empoderamiento" de la ciudadanía en la construcción de una herramienta de resolución, imprescindibles en toda fase previa a la consecución de un diálogo/negociación.

El 1-O no nos autodeterminamos lo suficiente como para que fuéramos reconocidos en el mundo como República, pero conquistamos la inevitabilidad de un referéndum acordado con el Estado y avalado internacionalmente donde se incluya el sí a la independencia. Se conseguirá si hacemos el camino de manera mayoritaria, es decir, acompañados también por los compatriotas que el 1-O se quedaron en casa, que también tienen derecho a querer decidir con un sí el deseo de más autonomía.

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