Es ya el tercer artículo que escribo este año que lleva unidad en el título.

Seamos claros: la unidad no es querida por quien, con gen pujolista, cree que la victoria es suya, que prácticamente se le debe. Y tan grande es el afán de victoria que arremete contra sus, hasta hace pocas horas, hermanos políticos y monta una crisis de gobierno que sólo llevará más parálisis en la acción de tal gobierno.

De entrada, si ha alguien que sale perjudicado aquí es la ciudadanía, toda, sea cuál sea su clase social, su ideología o su implicación en política. Sale perjudicada porque falla el primer derecho fundamental de última generación, recogido en la Carta de Derechos de la Unión Europea: el derecho al buen gobierno.

Hace tiempo que en Catalunya se echa de menos gobierno. No por causa del independentismo, que es una opción más que lícita. No tenemos gobernanza digna de tal nombre por causa de las guerras personalistas que no llevan a ningún sitio y sólo a la parálisis. Eso, además, en plena pandemia, a las puertas de un curso escolar que parece más bien un agujero negro de dimensiones ignotas.

Ya hace dos años largos, si la memoria no me falla, que la CUP pasó a la oposición, no aprobó los presupuestos y tuvo que recurrirse a los Comunes. Un ataque de lucidez de gobernanza. Una vez aprobados, el presidente Torra prometió elecciones. Nanay. 

Tanto si el presidente ve ratificada sin base legal su condena penal, igualmente huérfana de sentido penal, como si aparece la Virgen y lo absuelven, la legislatura tiene pinta de entrar en un estertor que acabará en otoño del 2021, cuando es obligatorio convocar elecciones.

En efecto, si Torra es condenado y, por lo tanto, inhabilitado, seguramente con una performance inteligente, será presidente sin más el vicepresidente Aragonès. Ahora bien, en tanto que presidente en funciones no puede convocar elecciones.

Para volver a la normalidad institucional, corresponde al presidente del Parlament iniciar una ronda de consultas políticas y proponer un candidato para que se someta a una investidura. Si pasados dos meses desde la primera votación fallida de un candidato no hay ninguno designado parlamentariamente, se convocan automáticamente elecciones. Ya sabemos de qué va eso.

Si, por el contrario, como sería de desear, al ser jurídicamente lo correcto y políticamente sano, el presidente Torra no viera revalidada por el TS su condena en Barcelona, la promesa de convocar elecciones parece que habría pasado a mejor vida.

Habría confrontación, no sé si inteligente, pero la confrontación entre exconvergentes y entre estos -todos o no- y ERC no parece nada descartable. En caso de que Torra saliera victorioso de su embate judicial, no sería de esperar otra cosa que seguir ganando tiempo electoral, en claro usufructo de las instituciones en beneficio de una opción política, para ir fortaleciéndose y aspirar al máximo en las elecciones. Estas elecciones podrían ser al final de la legislatura, en el otoño del 2021 o al acabar el verano.

Los lectores, masculinos claro está, que hayan hecho la mili, recordarán aquel dicho chusquero: "hoy no cenemas, que se fastidie el capitán". Hacernos daño en casa, entre nosotros, todo por intentar ganar una hegemonía que ya no volverá nunca más, no diría que sea muy inteligente. Y todavía menos lo es abandonar a la ciudadanía por el hipotético plato electoral de lentejas.

De esta manera, la desunión -metafóricamente- a muerte nos aleja de la gobernanza a la cual tiene derecho una sociedad moderna y democrática como todo el mundo dice que es la catalana.

Una vez más, sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra la que se hace. Y precisamente, la buena gobernanza, este derecho fundamental de la ciudadanía europea, de cada uno de nosotros, parte de la base de acercar el dedo al hecho y no en separarlos cada vez más.