Después de la semana blanca, mejor dicho, después de semanas en blanco, la expectación del juicio al procés se centraba en la quincena verde, es decir, en las declaraciones de los testigos provenientes de la Guardia Civil, testigos de cargo de las acusaciones.

Los exégetas de una estrategia que no se ha demostrado tal nos prevenían. Así, después de las semanas de las declaraciones de los procesados, que, claro está, no apoyaron las tesis de las acusaciones, lógicamente poca cosa. Pero después vinieron los testimonios de los políticos y de altos mandos policiales, encabezados por Rajoy y otros de los suyos y, como seguramente eran todos fervorosos lectores de Carlo Goldoni, el autor de Pinocho, o de memoria aleatoria, tampoco tuvieron lugar los mejores momentos para las acusaciones.

Vinieron después empleados ―no siempre los idóneos para la causa― de varias suministradoras de la Generalitat y, nuevamente, las acusaciones no consiguieron arrancarles ningún encargo facturado ni, en ocasiones, ni siquiera, quién hizo los encargos para el referéndum del 1-O.

Entre medio, políticos y (ex)altos cargos de la Generalitat en ningún momento abonaron las pretensiones de delito. Ni siquiera, a pesar de lo que pueda parecer, la desobediencia.

Pero, ¡calla!, empieza a declarar la plana mayor de los Mossos. El truncado testimonio del comisario general de Información, Castellví, en una primera lectura, acabó en un aparente triunfo de las tesis por las cuales se ha abierto el juicio. Ya dije que el testimonio del comisario Castellví no había ido mal, lo que se confirmó al reemprenderse, a la semana siguiente, su declaración. La traca final la sirvió el major Trapero: no sólo manifestaron los integrantes de la prefectura policial catalana, en dos reuniones, al president Puigdemont y otros miembros de su gabinete, por una parte, el malestar del cuerpo por la deriva política, sino que, por otra, expresaron abiertamente que respetarían las órdenes judiciales. Respuesta del president: "Hagan lo que tengan que hacer". Pero sólo eso. Trapero se puso a disposición de la justicia catalana (presidente del TSJ y fiscal jefe). Como apoteosis final, lanza que tenían un plan para detener al Govern, confeccionado el 25 de octubre. Nada bien para las acusaciones: la fuerza armada desvanecida.

Sin embargo, como no hay mal que cien años dure, esta semana, la primera de la quincena verde, el remontamiento flotaba en el ambiente. Por fin llegaba la hora de las acusaciones.

No constan en los atestados ni los insultos ni las amenazas ni las lesiones

¿Qué hemos sentido esta semana? Pues un terror inusitado vivido por los agentes de la Guardia Civil, que han sufrido un odio que, incluso recordaba ―según relatos ajenos de los más veteranos― a los tiempos del País Vasco, nula ayuda por parte de los Mossos, masas (entre 10 y 300 personas, según los casos) que oponían feroz resistencia (sentados en el suelo con los brazos entrelazados), lluvia de botellas (dos contabilizadas) y múltiples agresiones violentas que, curiosamente, no motivaron la utilización de las defensas reglamentarias de las fuerzas policiales ni, todavía menos, el uso de armas de fuego con el fin de defenderse los servidores públicos policiales tan desmesuradamente agredidos, amenazados e insultados.

Estos relatos, con pocas preguntas, fueron seriamente cuestionados por las defensas: no constan en los atestados ni los insultos ni las amenazas ni las lesiones. Lesiones no constan, porque, por lo que se ve, los catalanes agreden sin hacer daño.

Eran los mismos agentes que hacían informes de cómo estaban vinculadas las webs refrendarias y similares de la Generalitat, pero no saben qué es un proxy ni el lenguaje informático de la administración catalana. Eran los mismos que decían que no hacía falta orden judicial para entrar en un almacén porque la Guardia Civil es policía administrativa; resulta, sin embargo, que ninguna administración ordenó nada y que, en todo caso, era por órdenes de la fiscalía, que no es ninguna administración. Eran los mismos que salían de un pequeño atasco provocado por unos pocos ciudadanos sin ayuda de los Mossos, pero son los que les abren paso y retiran a algunos de los sentados en el suelo.

Es más: ¿cuál podría ser la causa por la que, a preguntas de las defensas ―muchas veces precedidas por preguntas de la acusación popular que desbaratan sus tesis―, los agentes parecían sufrir ceguera (no lo habían visto), sordera (no lo habían oído) y, muy frecuentemente, amnesia?

Sin embargo, algunos de los declarantes explicaron que, encargados del registro de Hacienda, en la Gran Via, al lado del Coliseum, fueron el día anterior al 20-S para reconocer el terreno. Viendo que no se podía aparcar en la calle, lo hicieron en el parking del edificio. Una previsión análoga mostró quien registró Treball y no tuvieron ningún problema para salir por el parking del edificio del lado. Otros, finalmente, dijeron que los Mossos actuaron muy profesionalmente. Una buena macedonia.

Olvidemos, sin embargo, el desmontaje de las declaraciones. Mantengámoslas. Íntegras. Sin restricciones. Aumentémoslas, si queremos. ¿Serían prueba de cargo para condenar en un estado de derecho? A ver. La prueba tiene que demostrar el relato de las acusaciones. Aquí se acusa de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

Dejando, por ahora, de lado la desobediencia, empezamos por las casi siamesas rebelión/sedición. ¿Se puede imputar algo de lo que pasó en varias poblaciones, en registros y votaciones, a los acusados? ¿Qué prueba apuntala el levantamiento público y violento o el levantamiento público y tumultuario y que este levantamiento fue planeado y dirigido por los que se sientan en las sillas de terciopelo de la sala de plenos del TS?

Al margen de la constitucionalidad del procedimiento, de cómo han llegado a la causa el Enfocats y la moleskine, nadie ha probado su autoría ni relato de ningún hecho violento, ni siquiera de una ocupación pacífica de instituciones un día concreto y con despliegue concreto. Obviamente no hablan de armas ni cosas por el estilo. No es raro, pero, que unos independentistas hablen de independencia. Al fin y al cabo, no hay atribución de acciones a llevar a cabo a ninguna persona ni quiénes pueden ser los líderes. Hablar, sin embargo, en una democracia declarada no militante no es delito.

Dado que los declarantes reconocieron que los grupos que los obstaculizaban no parecían organizados, no se pueden considerar emisarios de los rebeldes que están sometidos a juicio. Y en fin, todos los registros se llevaron a cabo. En algún caso, costó salir de los lugares un poco, pero eso, recordémoslo, no es un hecho inusual y la policía, como en los casos de los desahucios, ya cuenta con ello. Quizás sea un tema de falta de planificación y de un exceso de arrogancia.

¿Cuál podría ser la causa por la que, a preguntas de las defensas, los agentes parecían sufrir ceguera, sordera y, muy frecuentemente, amnesia?

De la malversación tampoco se sacó el agua clara; bueno, ni clara ni sucia. Sobres y tarjetas censales había. Carteles pro-referéndum también. Pero no se ha encontrado a quien hizo los encargos ni a quien lo pagó. Todo apunta a que no fue la Generalitat. Lo corroboró Montoro y su aplicado subsecretario, salvo, claro está, como todo en la vida, que les engañaran y que funcionarios de la Generalitat hubieran sorteado los controles ministeriales. Ni lo encontraron cuando, poco tiempo después, vía 155, ocuparon a la Generalitat. La distracción de dinero público era lo que se tenía que probar y no se ha probado nada.

De todos modos, el tema estrella de la semana ―y ha venido para quedarse― es la cuestión de los vídeos. Marchena, el presidente del juicio, se ha inventado una regla, que ha reiterado que es por unanimidad de la sala, algo insólito en la práctica. La innovación radica en que no se puede confrontar el testigo con documentos (papeles o audiovisuales). Obviamente, si se confronta el testigo no es ni para hacer comentarios ni cine-fórum. O bien es para ayudarlo en una laguna mental o para destruir su credibilidad. Si el documento lo ha firmado o no, es un hecho: no requiere ningún comentario; si los Mossos abrieron un pasillo de seguridad o no, al mostrar el vídeo, se demuestra que falta a la verdad.

Esta nueva regla (no tiene previsión legal) remite al momento de la prueba documental a la lectura y/o vídeo-audición del papeleo físico y digital que obra en la causa. ¿Pero entonces, de aquí un par o tres de meses dónde estarán los testigos? Ciertamente hará falta, perdiendo toda la irrenunciable inmediación que integra el derecho en un proceso público con todas las garantías, una doble pantalla. La primera para proyectar el documento y confrontarlo en una segunda con lo que ha dicho el testigo. Mal ejemplo para la justicia ordinaria que cumple con dignidad su función.

Admitiendo, dialécticamente como hemos hecho antes, que la ley pudiera dar pie a esta esquizofrénica interpretación. Choca esta lectura contra el derecho de defensa previsto en la Convención europea de Derechos del Hombre, en concreto de su artículo 6. 3. d), es decir, el acusado no ha podido interrogar en debida forma al testigo de cargo. Restricción esta abiertamente contraria a la norma europea

No tan sólo la citada convención es derecho vigente en España, es decir, que se aplica directamente como cualquier otra norma estatal, sino que, en virtud del artículo 10. 2 de la Constitución, es obligada la interpretación conforme a la jurisprudencia internacional sobre esta materia. Esta grave vulneración será sin duda uno de los caballos de batalla en Estrasburgo, si el TC no lo resuelve cuando se presente ―¡ojalá que no fuera necesario!― el amparo correspondiente.

Cercanías

1) Hemos sabido de una causa secreta, desde, como mínimo, 2016, contra a los cargos de la Generalitat

2) Ya hemos oído lo que el major Trapero, el 23 de febrero del 2018, dijo a la jueza central de instrucción, en su declaración: que tenían un plan para detener a Puigdemont y su gobierno. Y el ministerio fiscal haciendo ver que no lo sabía. Más consecuencias para Estrasburgo.