El jueves por la tarde se difundieron los nombres de los nuevos cuatro miembros del TC. Una esperada renovación, pendiente desde hace más de 15 meses. Por fin, los partidos que tienen, sumados, la mayoría parlamentaria requerida (tres quintas partes), y sin consultar ninguna otra formación política, acordaron los cuatro nombres correspondientes a las cuatro renovaciones imperiosas.

Un retraso abiertamente inconstitucional y unos nombramientos curiosos, cuando menos en parte. Las notas de prensa, como ya es habitual, publicaron como todo currículum su procedencia profesional y el partido que los había propuesto.

Ya estamos de nuevo. Se cumplen los trámites formales, pero nada más. Los magistrados del TC no solo tienen que ser designados por tres quintas partes de —ahora— el Congreso, sino que como dice el texto constitucional (art. 159. 2), tienen que ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

El tema esencial se refiere a la competencia, de la pericia técnica. Propongo un ejercicio rápido para aquellos lectores que sean juristas más o menos en activo. ¿A cuántos magistrados del actual TC pueden recordar? Sin hacer trampa, claro está. Aquí los tienen: ¡el comodín de Internet!

Donde está la reconocida competencia de los nuevos, recién propuestos. Sin duda Ramón Sáez es el mejor penalista de su generación, a pesar de estar vetado para el Tribunal Supremo. Es tan buen penalista porque, aparte de ser un gran conocedor del sistema penal, conoce el sistema jurídico, singularmente el público en materia de derechos, libertades y garantías, como acreditan sus resoluciones, sus publicaciones y sus intervenciones en todos los foros a los que, si su agenda le permite, acude generosamente. El gran público lo conoce por haber sido ponente de dos sentencias capitales: la del (mal) llamado asalto al Parlamento, en que absolvió a los acusados y el de la cúpula de Interior. Sentencias modélicas, la primera revocada y todavía en el TC —tema en el que no podrá entrar—, y la segunda firme directamente, pues ni siquiera la fiscalía intentó recurrirla.

La magistrada Inmaculada Montalbán —con amplio currículum gubernativo— aportará una perspectiva de la que los órganos públicos, en estos momentos, no van sobrados: la perspectiva de género. Especialista en violencia de género y segunda presidenta del Observatorio sobre la Violencia de Género, ha destacado como pocas jurisdiscentes en la interpretación del derecho desde esta perspectiva feminista.

Enrique Arnaldo, letrado de Las Cortes, abogado en ejercicio y centralista acérrimo, proximísimo al PP, aporta la perspectiva más conservadora de la que el TC no va precisamente escaso. Sin embargo, su dominio del derecho constitucional orgánico no es nada despreciable.

Finalmente, Concepción 'nuestra querida Concha' Espejel, con el apelativo ya está todo dicho. La calidad de sus resoluciones se puede ver en el voto particular en la sentencia absolutoria de la cúpula de Interior, en la que Sáez fue ponente y redactor del voto mayoritario. Dedicó 461 folios como voto disidente a una sentencia de 97 folios: casi cuatro veces más.

El problema de la judicatura, de la alta judicatura, española no es la independencia, sino la imparcialidad

Pero no es aquí su calidad técnica la que vale la pena discutir, sino su imparcialidad. Como sostengo reiteradamente, el problema de la judicatura, de la alta judicatura española no es la independencia, sino la imparcialidad.

Espejel tuvo que ser apartada por sus propios compañeros de la Sala de la Audiencia Nacional que juzgó el caso Gürtel, vista lo próxima que era al PP. La resolución de la mayoría de la Sala del Penal de la AN contó además con el apoyo del fiscal.

El problema que tiene esta magistrada, próximamente del TC, no es si es mejor o peor técnicamente que sus compañeros de nombramiento o los que quedan. Su grave problema es que fue captada en plena sospecha de connivencia con el PP. Es decir, tiene un problema de credibilidad relativo a su imparcialidad.

Ciertamente, no podrá participar en ningún pleito constitucional derivado de la Gürtel, ni tampco, aventuro, en cualquier pleito en que el PP sea parte. Así, por ejemplo, sus recursos de inconstitucionalidad o de amparo.

Pero no solo tendrá Espejel que apartarse motu propio —si no, será apartada por sus compañeros a petición de los sujetos procesales— en los casos en que el PP sea parte, sino que la duda sobre su imparcialidad difícilmente se desvanecerá. Si un magistrado ha sido sospechoso de parcialidad en un caso y se ha resistido a marcharse del pleito, hasta el punto que sus compañeros lo tienen que expulsar de la causa, la duda sobre su rectitud es una duda legítima. Una duda que siempre estará presente.

Parece mentira que los conservadores o la derecha extrema no tenga entre sus filas de simpatizantes juristas de primer nivel. Mejor dicho, los tienen, y muy respetables. Se diría, sencillamente, que no se fían de ellos.

Mal comienzo pues de una nueva etapa para el TC que prosigue como el anterior. De forma insólita quien tiene que estar controlado —eso es el TC: un órgano de control— escoge a controladores de confianza, cuando menos en buena parte. Tenemos 9 nueve años, como mínimo, para rectificar —cosa que haría de buen grado— lo que acabo de exponer.