Esta semana nos hemos enterado de que el presidente Sánchez quiere hacer presidente del Senado a Miquel Iceta. No entraré en la idoneidad del primer secretario del PSC para acceder a este cargo ni en las dificultades políticas que puede tener, en un momento preelectoral ―el ciclo electoral no está acabado todavía, por voluntad del propio Sánchez―. Ni tampoco es necesario entrar en que es miembro de un partido partidario de la aplicación del 155, que lo aprobó y ha reiterado después que lo volvería a aplicar.

Tampoco entro en si, para acceder a esta petición, hay que hacer una negociación sobre temas políticos ni sobre qué temas políticos, ni si se tiene que aceptar a trámite la petición del premier socialista. Todo eso con una mayoría parlamentaria en el Parque de la Ciutadella independentista.

La cuestión es otra. Relevante y primordial en una democracia es el procedimiento de selección de los diferentes rectores de los organismos constitucionales. La cuestión reside en si se respetan los cauces realmente democráticos o, si, una vez más, son los partidos, o más concretamente sus cúpulas, los que actúan como propietarios absolutos de algo ―la dirección de los asuntos públicos―, de lo cual, en el mejor de los casos, no son más que unos inquilinos cuando no precaristas. Democracia participativa y deliberativa se llama. Deliberativa y participativa de los propios militantes, para empezar.

Lisa y llanamente: que el presidente del gobierno ―el que sea― proclame a los cuatro vientos que el presidente, hoy, del Senado, será tal o cual persona y lo proclame por su propia autoridad, me parece políticamente escandaloso.

Tienen que ser los diferentes órganos, aquí del Senado, quienes designen al candidato o candidatos. Obviamente, lo harán los partidos políticos que están detrás de estos órganos, después de los debates correspondientes de los cuales tendríamos que tener noticia. Sin embargo no le corresponde, así, en vivo y en directo, a plena luz del día, al presidente del Ejecutivo, representante de uno de los tres poderes del Estado, quien, mira por dónde, está bajo control político del Senado. O sea que el controlado nombra al controlador. Escándalo mayúsculo.

Lo regular sería que los grupos parlamentarios, en este caso, de la cámara alta designaran al candidato para someterlo al iter previsto en los reglamentas para acceder a la presidencia de la cámara. Pero no es esta la vía, sino, como vemos, la diametralmente opuesta.

Esta es una práctica corrupta, una corruptela dicen los más finos, que arranca ya desde el abecé del sistema constitucional, cada vez más perjudicado por actuaciones a cara descubierta como la que comento.

Los presidentes de las cámaras, estatales y territoriales, los presidentes del Consejo General del Poder Judicial o del resto de organismos controladores del poder político salen de los despachos de los dirigentes a los que tienen que controlar

En 1980, el gobierno de la UCD quería que el primer presidente del TC, impuesto desde La Moncloa suarista, fuera el prestigioso profesor Rodrigo Uría. No se trata de méritos. Se trata de procedimientos. Otra vez, el controlado quiere designar al controlador. La ley del TC establece que al presidente del TC lo eligen sus miembros. Salió elegido el insigne profesor Manuel García-Pelayo, gratuitamente demonizado por la derecha extrema siempre tan activa y el candidato oficialista dimitió.

A pesar de todo, mal precedente: la suerte ya estaba cantada. Así, los presidentes de las cámaras, estatales y territoriales, los presidentes del Consejo General del Poder Judicial o del resto de organismos controladores del poder político, salen de los despachos de los dirigentes a los que tienen que controlar y a los que, en buena lógica, deben su cargo. O sea que tenemos controladores, en principio, poco amantes de remover lo que no conviene a quien le ha dado la poltrona.

Bajemos al plano del Parlament de Catalunya. Si vamos a ver el proceso parlamentario para la designación de los senadores en representación de la comunidad autónoma, resulta que, por voluntad de los partidos, y sólo de los partidos, el nombramiento queda prácticamente secuestrado por los grupos parlamentarios. En teoría, el pleno puede no aprobar la designación de los senadores autonómicos que le propongan, pero, a la práctica, eso no ha pasado nunca.

Quizás por esta razón, Sánchez el otro día clamaba porque el grupo parlamentario del PSC tenía un derecho para proponer y ver aceptado a Miquel Iceta, como si el resto de parlamentarios no tuvieran más que pasar por este diktatt. Dicho de otra manera, el plano constitucional de una pizca de federalismo ―que el Senado fuera, cuando menos, un sucedáneo de representación territorial― se ha convertido en una manera de incrementar la bolsa de senadores partidistas al margen del sufragio popular directo.

Si además tenemos en cuenta que Montilla, el senador autonómico que ha dimitido para hacer sitio a Iceta, no votó el 155, el cariz no parece el más favorable. Pero no es eso de lo que hablamos ahora. En todo caso, la complicación está servida.

El resumen: el proceso para designar al presidente del Senado es todo menos mínimamente democrático: el presidente del ejecutivo central, antes de la constitución del Senado posterior a las nuevas elecciones generales, dice quién será su presidente; como el candidato gubernamental in pectore todavía no es senador, y sólo puede serlo por la vía de la designación autonómica, un senador autonómico de su misma formación tiene que dimitir, dejándole así vía libre. Acto seguido, en un parlamento autonómico, en el cual el candidato propuesto no cuenta ni con un 13% de los escaños, tiene que ser votado por una mayoría ideológicamente enfrentada como si tal cosa y lo tiene que hacer en nombre de las costumbres parlamentarias. Algunas tradiciones son para dejarlas cuanto antes mejor de lado.

O voy errado o ni esto es un procedimiento mínimamente democrático ni tiene nada de plurinacional ni respetuoso con las estructuras de lo que algunos, hace tiempo decían, para no decir federal, un estado compuesto. Y eso prácticamente para los que se llenan la boca que democracia, sobre todo y por delante de todo, es procedimiento. Y tanto. Pero no aquí.

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