Con este sustantivo nos referimos a aquellos sujetos que basan su actuación en la atenta observancia —eso dicen— de las reglas de los procedimientos establecidos. Así, su norte, lo que rige para ellos como máxima de conducta, no es el fin perseguido, sino el seguimiento escrupuloso —nos vuelven a prevenir. En esta construcción mental, que también es política, se diría que el objetivo final no es relevante. Estaríamos ante una moral procedimental, no finalista.
Al poner por delante los procedimientos a los objetivos que son lícitos destacan dos cuestiones importantes. La primera, quien así actúa no está incentivado positivamente por el objetivo final. La segunda, quien así actúa encuentra una excusa, cree que legítima, que lo mantiene dentro del statu quo. La conclusión es obvia: quien maximiza el procedimiento por encima de la finalidad, tiene otra finalidad que con su procedimentalismo pretende esconder: su objetivo es conservar el statu quo. Escudarse en el procedimiento es quererse quedar donde uno está. Esta es la carta marcada.
Ahora bien, tenemos que partir de una certeza clara: tanto el mantenimiento del estado actual de cosas como su cambio son objetivos legítimos. La diferencia entre los que quieren cambiar las cosas y los conservadores —en sentido literal— radica en la estricta observancia procedimental. Es más, el procedimentalista, en contraposición al finalista, lo que quiere es, como queda dicho, continuar como hasta ahora. Pero esconde este designio —legítimo— blandiendo el procedimiento.
Trasladémoslo a nuestro país. La Constitución no es, como otros, militante; cualquier ideario tiene cabida en ella. Para cambiarla hay un procedimiento. Eso reiteraron Rajoy y, al final también, todo el bloque del 155. Rajoy más de una vez retó a los independentistas a modificar por las vías legales, ergo procedimentales, la Constitución y plasmar su ideario. Rajoy reiteró una y otra vez: "ni quiero ni puedo". Sánchez, situacionista puro, ha dicho todo lo que le ha venido a la boca, y sus palabras se vuelven más moderadas y conciliadoras cuando quiere alguna cosa, como la investidura, los presupuestos... Hay que averiguar qué quiere más: el poder o mantenerse en una idea de España que, en verdad, no es la de su partido, empezando por la monarquía.
Quien maximiza el procedimiento por encima de la finalidad, tiene otra finalidad que con su procedimentalismo pretende esconder: su objetivo es conservar el statu quo
Se me dirá que los procedimientos son esenciales en un estado de derecho. Sí y no. Los procedimientos son necesarios en la moderna sociedad compleja, pero en un estado democrático de derecho no la pueden asfixiar. Lo que determina un estado de derecho, como Elías Díaz nos enseñó, son el imperio de la ley —fruto de la voluntad popular plural—, la separación de poderes, la fiscalización y responsabilidad de los poderes públicos y el respeto y fomento de los derechos humanos.
Los procedimientos están bien si tienen como finalidades el respeto y fomento de estas cuatro columnas del estado democrático de derecho. Porque, como nos enseñó el Tribunal Supremo de Canadá en su sentencia de 1998, en un estado de derecho, el imperio de la ley, el principio de legalidad, es consustancial. No puede ser de otro modo. Pero no tenemos que olvidar que la fuente de la ley es la voluntad popular, que brota de una multitud de voluntades particulares, cosa que articula el principio democrático, que es la base última de todo el sistema.
La democracia no es algo que vino un día, dejó la ley y se fue. No. La democracia, para hablar de estado de derecho, tiene que estar siempre, latente, si preferimos, pero tiene que estar siempre, dado que constituye el parámetro supremo de la actuación de los poderes públicos y privados.
Por eso, el Tribunal Supremo del Canadá estableció que el principio de legalidad puede ser superado excepcionalmente por el principio democrático cuando un grupo social estable, de forma reiterada, tiene una pretensión, en este caso, la independencia del Quebec. Si es así, hay que dar una vía de salida al problema.
El problema es poder articular el hecho de llegar a la independencia, no la independencia en sí misma. Lo vimos perfectamente en el caso escocés en el 2014. El procedimiento, hay que arbitrar uno, es bastante conocido: un referéndum entre los electores del territorio que quiere la secesión. Por cierto, sin mayorías cualificadas en los Highlands.
Por todo ello, cuando nos hablen de guardar los procedimientos, más expeditivo, más sincero y más realista sería decir que quieren el statu quo. Entonces se podría empezar a hablar seriamente del fondo del problema.