Ayer se constituyó formalmente la comisión parlamentaria sobre el modelo policial catalán. Esta comisión es fruto del pacto entre ERC y la CUP para la investidura el president Aragonès. Siguiendo la rotación entre los grupos parlamentarios, la presidencia ha correspondido a la CUP, en concreto a su diputada Dolors Sabater.

La diputada Sabater, tal como informó este diario, el 18 de octubre pasado, tiene como objetivo revisar la praxis de la policía catalana en cuatro frentes diferentes: el seguimiento de los activistas políticos con el fin de no criminalizar las protestas ciudadanas, la revisión del modelo de orden público en su conjunto, poner "luz y taquígrafos" sobre el Departament d'Interior con el fin de hacerlo más transparente y, finalmente, crear un mecanismo de control de las actuaciones policiales y de orden público, externo e independiente y con capacidad de fiscalización y sanción ante las malas praxis. Hay, indiscutiblemente, más ambición que con la comisión anterior, la de 2013.

Todo control sobre el poder y sobre los instrumentos de fuerza física que tiene el poder tiene que ser bienvenido. De entrada, y dependiendo de cómo se vaya desarrollando la comisión con sus comparecencias y sus estudios, hay que que evitar caer en la vieja trampa de crear una comisión para esconder un problema.

En segundo lugar, metodológicamente, hay que hacer un índice o inventario de los problemas y no empezar la casa por el tejado. Si los problemas que guían esta comisión son los enunciados por su presidenta, hay que poner encima de la mesa claros y probados ejemplos que los señalen como los auténticos y capitales problemas que tiene planteados la policía catalana. Pueden ser los mencionados u otros o los mencionados más otros diferentes, siempre distinguiendo entre causas y efectos. El inventario de problemas tiene que preceder al de las posibles o previsibles soluciones.

La diagnosis sobre nuestra policía es mucho más interesante, decisiva e incómoda, pero, sobre todo, absolutamente necesaria para abordar por qué pasa lo que pasa y que a veces nos avergüenza a todos

Tenemos todos la impresión de que el objetivo de esta comisión no es otro que la creación de la oficina externa de supervisión de la praxis policial y la sanción de sus excesos. A pesar de la polvareda que ha levantado, especialmente en los sectores más corporativos de los Mossos, otros sectores, más inteligentes, no han dicho nada todavía y no sería raro que esperaran incluso, no diré con entusiasmo, pero sí con una mal disimulada satisfacción, el desarrollo de la comisión.

Supondría, desde esta perspectiva, añadir un peldaño más de control a la larga escalinata de controles, al fin y al cabo, tan ineficaz o encubridora de defectos como los vigentes, tanto internos como externos. Puro gatopardismo. El gatopardismo es el recurso inteligente en favor de las reformas maquilladoras, muy extendido entre las clases políticas.

A más grandilocuencia de la comisión, más intensamente se frotará las manos el gatopardismo, pues mayores serán las garantías de dejar la cosa, con otros nombres, no demasiado diferente de como es ahora.

Unos pocos ejemplos nos pueden dar una buena pista. La polémica de las Taser, hoy enterrada, ha llevado a que el nombre Taser no aparezca apenas en el repertorio policial oficial. Aparece el dispositivo conductor de energía (DCE), donde no se habla de la potencia de descarga de esta, así calificada, herramienta policial. Además de gatopardismo, logomaquia.

¿Qué saben de las sanciones que se imponen a los mossos y a los otros policías catalanes? ¿Por qué no son públicos los inicios de los expedientes y las resoluciones finales tanto sancionadoras como absolutorias? La presunta excusa de la privacidad, cuando se trata de derechos fundamentales de los ciudadanos, no es admisible. La oscuridad sólo favorece a la impunidad.

¿Qué sabemos del armamento, instrumentos o herramientas con los que se dotan nuestros cuerpos policiales? ¿Qué tipo de armas, de defensas, de medios de inmovilización, de los centros de detención y medios de transporte de detenidos están previstos? Sólo está regulado en un decreto el armamento de las policías locales, que se limita a las armas cortas de fuego, es decir, las pistolas. ¿Por qué no hay un reglamento de armamento y otros instrumentos policiales, que tiene que ser de adecuación, propiedad, mantenimiento y exclusividad pública?

¿Por qué se está produciendo últimamente un número insólito de absoluciones en situaciones de enfrentamiento entre ciudadanos y policías, a causa de que los policías implicados son incapaces de reconocer a quienes denunciaron como sus agresores? En el caso de estas absoluciones, ¿qué conclusiones se extraen? ¿Hay medidas disciplinarias hacia quien ha originado un proceso que no ha llevado a ningún lugar, porque no tenía ni que haber empezado?

Estas, como otros temas pesados, son cuestiones aburridas, con toda una serie de comparecencias de expertos, cargos públicos y ciudadanos y, seguramente, mucho menos espectaculares que otras, como las cuatro vías inicialmente previstas.

La diagnosis sobre nuestra policía es mucho más interesante, decisiva e incómoda, pero, sobre todo, absolutamente necesaria para abordar por qué pasa lo que pasa y que a veces nos avergüenza a todos. Y porque no tenemos la seguridad de que vuelva a pasar.