Cualquier persona de buena fe que supiera que las prisiones preventivas y el exilio forzado no obedecen más que a un abuso de las leyes que de ninguna manera sancionan las conductas, buenas o malas, que los procesados han tenido se llevaría las manos a la cabeza. La razón: el mismo Estado (¿o régimen?, en palabras de Arrimadas) que ilegítimamente los encarcela les pide colaboración para aprobar sus presupuestos, una vez que milagrosamente lo ayudaron a conseguir el Gobierno, con la expulsión de uno de los gobiernos más corruptos e ineficaces para el bien común que recuerdan los tiempos modernos en Europa occidental.
El cheque en blanco que supuso la investidura de Pedro Sánchez era una pura gratuidad, sin condiciones, que venció tan pronto como se presentó al cobro de la moción de censura. Ganada esta, se iniciaba un clima más favorable, pero sin concretarse en nada.
Ya es una vulgaridad sobrera decir que los independentistas, con ocasión del proceso, han sido unos ilusos: no veían que lo que hacían estaba mal y encima se enfrentaban a un Estado como España que ahora, después de la huida del Reino Unido —donde sí se puede votar la secesión, por cierto— pasa a ser la cuarta potencia de la Unión Europea. ¡Dónde vais a parar, secesionistas! Pues bien, los mismos que tildan de iluso al soberanismo catalán son, como mínimo, igualmente ilusos. En qué cabeza cabe que los que están en prisión aceptarán dar apoyo nada menos que a sus presupuestos sin ninguna contrapartida procesal inmediata, patentemente radical.
Un cierto chantaje se utiliza en esta porfía: si no ayudáis a aprobar los presupuestos seréis los culpables, entre otras cosas, de que no se apruebe el salario mínimo interprofesional (SMI), el ajuste de las pensiones, la reforma de las hipotecas... y perderéis, para los catalanes, más de 2.000 millones de euros. Como suele pasar, la oferta es de teletienda.
A ver: el SMI siempre se ha aprobado por decreto. El ajuste de las pensiones y su reforma inaplazable deben llevarse a cabo a través de una ley propia: ni la ley de presupuestos ni la ley de acompañamiento son formal y materialmente idóneas. La reforma de la ley hipotecaria (el sistema español es de 1909, sí, 1909) lleva en las Cortes más de cuatro años y está, lógicamente, decaída, es decir, muerta. Además, en buena medida es contraria al derecho europeo; tanto, que, por no haber ajustado al derecho de Bruselas las cláusulas suelo, la Comisión abrió procedimiento contra el Reino de España, con la correspondiente multa coercitiva. Y antes de dotar a Catalunya con más de 2.000 millones de euros, podrían empezar a liquidar el enorme déficit fiscal. Eso sin hablar de los 4.200 millones de euros que Rajoy prometió al Principat en marzo del año pasado. Dicho de otra manera, el cebo-punzón de los presupuestos es ful de la cabeza a los pies.
Sin embargo, pedir la libertad de los presos y el libre retorno de los exiliados no es ninguna quimera. Es una posibilidad absolutamente legal. El Gobierno ordena al Ministerio Fiscal que retire las acusaciones y hace que Vox sea expulsado del procedimiento. Obviamente, no habiendo sufrido la Hacienda pública ningún daño, el abogado del Estado se retira del proceso el primero.
Vayamos por partes. El Ministerio Fiscal no es poder judicial ni es independiente. Su autonomía es meramente funcional y está bajo la dirección del Gobierno, dado que es el Gobierno que lo nombra. Y cuando cesa el Gobierno, cesa al fiscal general del Estado.
Otra cosa sería la vertiente política. Que la interlocución entre Gobierno y Ministerio Fiscal la lleve a cabo la ministra de Justicia, abrasada ahora por el comportamiento insoportablemente complaciente que muestra en las grabaciones de Villarejo, no es nada adecuado, se acabe eso aquí o no. Por otra parte, el nombramiento del actual Fiscal General del Estado, un coronel mandando a generales, se demuestra contra natura. Siempre lo ha sido. La historia reciente de la fiscalía lo demuestra. Toca, pues, que sea Sánchez quien juegue la pelota o nombre a jugadores mejores y más decisivos. Si quiere los presupuestos y hacer la política que desea llevar a cabo hasta el final de la legislatura y salir reelegido, no tiene ninguna otra opción. Los de la absurda, inapropiada y siempre ineficiente mano dura solo pueden ser desbancados con una política razonable y posibilista, sin retóricas infectadas.
Recordemos unas pequeñas muestras de la independencia de hecho del Ministerio Fiscal: la absolución de Camps en el caso de los trajes no fue recurrida por el fiscal y, por tanto, Camps quedó exonerado. Más. Martínez Sol, fiscal del Tribunal Superior de Catalunya, abrió diligencias contra El Mundo por las cuentas falsas de Pujol en Suiza. Torres-Dulce —fiscal general entonces y amigo de Martínez Sol— le abrió expediente. El clavo se acabó de remachar con unas declaraciones comprensivas con la situación de Catalunya. En 2013, antes del 9-N, a Martínez Sol se le muestra la puerta de salida y sale.
En el 9-N, ni la fiscalía de Catalunya ni el mismo Torres-Dulce ven delito. Existe constancia pública documental, por escrito y gráfica. Torres-Dulce ve cómo pocos días después también se le señala la puerta de salida y sale.
Ya en el proceso por el procés, delante del TS, el fiscal de la causa, por órdenes superiores, no se opone a que Forn sea excarcelado. Los ejemplos de no independencia —no es una característica institucional propia, por otra parte— del Ministerio Fiscal y una muy relativa autonomía funcional son innumerables. O sea que ya sabemos cómo va.
Del abogado del Estado no hace falta ni hablar: orden directa de Hacienda y punto final. Más gubernamental, imposible.
En cuanto a Vox, hay que recordar algunos puntos más que elementales. Parte del actual estado de cosas y no solo en relación con el procés se deriva de la indecencia de que los partidos políticos se acusen los unos a los otros, hay que decirlo abiertamente. Lo hacen no por justicia, sino por fines espurios, instrumentalizando los tribunales para estas finalidades de revancha. Pero no tenemos que olvidar que los partidos políticos —todos— son personas jurídicas. Las personas jurídicas, entes jurídicamente artificiales, se crean para satisfacer unas finalidades que constan en sus estatutos.
Entre estos objetivos no está el ejercicio de acciones judiciales, como la acusación popular —la acción penal que ejerce quien no es víctima del delito. ¿Qué pasaría si CaixaBank, Seat, Iberia o Aguas de Barcelona, por poner unos ejemplos, se dedicaran, además de a hacer de banqueros, fabricar vehículos, transportar por el aire a personas y mercancías o suministrar agua potable a la población, incluso muy principalmente, a ejercer la acción popular en casos de violaciones, asesinatos, tráfico de drogas o de delitos contra la seguridad vial? No hace falta responder. Confusión al cubo.
Lo mismo ocurre con los partidos políticos: como la acción popular no forma parte de sus objetivos —ni puede formar parte— ni, por lo tanto, figura en sus estatutos, su ejercicio es ilegítimo y quien así actúa tiene que ser expulsado del proceso en que fue indebidamente admitido.
En castellano se dice "querer se poder". Si eso es cierto, quien dice que no puede es que realmente no quiere. Sin embargo, si habiéndolo intentado seriamente, no puede, hace falta que deje pasar a quien sí tenga ánimo de hacerlo.