Iniciaron el martes 19 sus declaraciones Romeva, con una solidez espectacular, propia de su formación y trayectoria, y Turull, claro, sólido y sobradamente documentado. El absurdamente maratoniano miércoles 20 declararon Rull, Bassa, Borràs y Mundó. En responder todos a una fiscalía sin ánimo, reiterativa y desorientada y a una Abogacía del Estado, hoy por hoy, más bien oscura y testimonial, la jornada se alargó agotando a todo el mundo y lesionando el derecho de defensa.

La sesión acabó con una rabieta, con el consiguiente abuso de poder, del presidente del tribunal al fijar, a pesar de las razonadas peticiones del abogado Jordi Pina, nuevamente las diez de la mañana del jueves para reiniciar las sesiones.

El jueves fue un día intenso, pero de horario moderado. Vila, autojustificándose, pero sin abdicar de sus planteamientos, y un Jordi Sànchez pletórico, que llenará portadas y planas durante mucho tiempo.

Parecía, con esta carrera como un pollo decapitado, que, no se sabe a santo de qué, se tenían que acabar como fuera las declaraciones de los acusados esta semana. No ha sido así, porque, tal como declaraban, todo el mundo veía que no podía ser. Para acabarlo de arreglar y de presionar, el tribunal hizo pública la agenda de citaciones de testigos. Parecía, por su estrujamiento, más una lista de juicios de faltas que el calendario del juicio más importante de la historia judicial española. Cómo no, este calendario también se ha redefinido.

Eso con respecto a los aspectos formales, de intendencia, por así decirlo. Las declaraciones han sido jugosas. Cada uno de los procesados, con su estilo, ha estado soberbio. Todos y todas, con un estilo tranquilo, con papeles o sin, han ido respondiendo a las preguntas que se les hacían por parte de unas desgarbadas acusaciones, no exentas de cierta mala fe o impericia en la prestación de datos erróneos o sin contrastar.

Común en todos ha sido la afirmación sin fisuras que, una vez notificados por el Tribunal Constitucional, acataron los requerimientos que se les hacía, en algún caso por horas, pero ninguna desobediencia. Es más, si hubo desobediencia, Turull recordó que fue por parte del Estado; así mencionó la relación de sentencias constitucionales dejadas abiertamente de lado.

Todos y todas, con un estilo tranquilo, con papeles o sin, han ido respondiendo a las preguntas que se les hacían por parte de unas desgarbadas acusaciones

También fue común en todos que los departamentos de los cuales eran responsables no gastaron ni un euro público en el referéndum ―que Rull recordó que no es delito y que el día anterior el PP fracasó en su intento de recriminalizarlo―. Finalmente, todos estuvieron firmísimos en negar cualquier recurso a la violencia o a la incitación a las masas (murallas humanas, en genial hallazgo de la fiscalía) para asaltar las instituciones del Estado. Bassa estuvo especialmente incisiva al recordar que locales que dependen de su departamento están a disposición de los ciudadanos los siete días del año para todo tipo de actividades y que, en consecuencia, tenían los correspondientes permisos para llevarlas a cabo, el uno de octubre también.

Unas acusaciones grises, pero persistentes, reiteraron preguntas, que el presidente declaraba impertinentes, por sugestivas o por ininteligibles. Tanta era la frustración, que como prueba de la malversación se presentaban una y otra vez facturas proforma de presuntos suministradores de material para el referéndum. El sistema incapaz de detectar ni una de las 6 mil urnas no es capaz, por lo menos hasta ahora, de prestar un encargo formal, un pedido, una entrega o un pago de la Generalitat a hipotéticos suministradores.

Tanto es así, que el fiscal Cadena pidió a Mundó que le dijera quién y cómo se había pagado el referéndum, pregunta absolutamente inaceptable que, claro está, no respondió. Los acusados no tienen que hacer el trabajo de los acusadores. Pregunta que también se reiteró a Vila, y especuló con mecenazgo privado. Una confusión de interrogatorio.

Como fue el que tuvo lugar sobre un tema menor como el hecho de que se negara arbitrariamente por parte de la Generalitat, en concreto por el departamento de Rull, el atraco en el puerto de Palamós de uno de los barcos, conocidos después popularmente como piolines. Las explicaciones del conseller fueron abrumadoras. Y según mi opinión, se manifestó otra vez la falta de solidez de la acusación, que ya empieza a ser apreciada y lamentada o criticada, cuando no silenciada, por los medios de comunicación oficiales del régimen. Pasados los efectos testosterónicos de "más dura será la caída" de la querella y de "lo que sufrimos" del juez instructor, se avista una acusación desnuda de material probatorio. Lo más grave que es que la cuestión del piolín que no pudo fondear en Palamós era una noticia-bola de un medio oficialista de Madrid.

La falta de solidez de la acusación ya empieza a ser apreciada y lamentada o criticada, cuando no silenciada, por los medios de comunicación oficiales del régimen

Días entretenidos nos esperan cuando declaren los autores de los diversos atestados e informes de la Guardia Civil. Algo de aperitivo ya nos sirvió Jordi Sànchez con sus referencias, ya virales, del whatsapp de Cosidó sobre Marchena a raíz de un correo también, ahora mismo, no menos viral de un tal Sabi Strubell, correo que Sànchez negó conocer y que el fiscal no se molestó en llevar al emisor para que lo reconociera.

La nota triste va de la mano de la obstinación del fiscal Moreno de decir que la consellera Borràs se salió por la tangente para no ser notificada. La cosa es simplemente falsa. Pero como puso de manifiesto la letrada de Borràs, la abogada Gené, el día que se lo querían notificar no fue a su despacho oficial. La razón: su padre acababa de fallecer. Una vez más, la información de las acusaciones sobre los acusados es asombrosa.

Y por último, una excelente combinación de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, y el de Jordi Sánchez, Jordi Pina, permitieron ver en sesión pública las fotos y vídeos del pasillo de orden delante de la Conselleria d'Economía, construido por voluntarios de la ANC a petición de las fuerzas policiales (Mossos y Guardia Civil), voluntarios, en general, de una bien entrada tercera edad; la policial y gratuita patada voladora en el colegio Pau Claris, y el vídeo de seguridad del interior de la Conselleria. No parecía precisamente El Álamo, con John Wayne, Richard Widmark y Laurence Harvey esperando al general Santana, amontonando sacos terreros y contado las escasas fuerzas de las que disponían. Muy al contrario: distensión total entre las fuerzas de seguridad.

Esta fue la única violencia que hasta ahora se ha visto en el juicio, por más que la fiscalía se empeñe en imputar a los acusados, y muy especialmente a Sànchez, que con su actitud corrían el riesgo de que hubiera violencia por parte de los manifestantes. Sànchez explicó lo que sabemos ―como también hizo categóricamente Turull―: nunca ha habido violencia en Catalunya en la reivindicación de sus derechos democráticos. Como nunca la ha habido; pensar, imaginar, especular que puede haberla no tiene el menor sentido.

Resumen, pues: ni rebelión (no hay ni alzamiento ni violencia), ni sedición (ni alzamiento ni tumulto), ni malversación (no consta ningún dinero público gastado en el referéndum) y ninguna desobediencia (se acató lo que dispuso el TC).

P.S.: Recomiendo ver el documental de Mediapro 20-S, disponible gratuitamente en internet en castellano, catalán e inglés.