Esta última semana, mientras los partidos serios se han dedicado a trabajar buscando sus objetivos programáticos, la derecha extrema, es decir, toda la derecha ibérica, ha hecho su política habitual: regañar, abroncar, no sentarse a dialogar ni por recomendación del médico, siempre y en todo momento con la intención de expulsar del poder institucional a quien lo ha ganado limpiamente en las urnas.

En esta lucha descarnada por el poder, la derecha extrema, es decir, toda la derecha carpetovetónica, parte de un axioma casi físico incuestionable: han sido desposeídos del poder, cuando ellos, la derecha extrema, es decir, toda la derecha ibérica, es la única titular por derecho propio del poder.

Que Sánchez, Pedro, fuera regañado en Día de su Hispanidad, ya forma parte de una tradición folclórica tan rica y sutil como tirar animales desde un campanario. Su espectáculo en la calle no es más que la continuación del espectáculo que montan en el seno de las cámaras legislativas, además, allí, arreglado con mentiras. Esta derecha extrema, es decir, toda la derecha nacional, no conoce otro lenguaje que el garrotazo para conseguir sus objetivos. No sería nada extraño que ya hubieran hecho alguna visita a salas de banderas, acto seguido de sus inveteradas tradiciones igualmente sutiles.

El ofrecimiento de negociaciones parciales para poner al día varios órganos de control y de garantías constitucionales es, en su parcialidad, muestra de lo que se acaba de exponer. Se ha ofrecido una hipotética renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Ya veremos en qué queda esta renovación. Renovación que ha sido presentada como un acto de gracia y no como la superación de una omisión de un acto legalmente debido.

Es hora de aprender algunas lecciones. Querer un estado de cosas, no ya mejor, sino simplemente decente, no es de ilusos, aunque a los decentes así se los tilde

Sin embargo, ha quedado claro que el CGPJ no se renueva. De momento, a punto de llegar a los 36 meses, pase lo que pase, el CGPJ es y será del PP o no será. Más claro, el agua. En el colmo del cinismo, el PP solo se aviene a renovar a los vocales caducados, si se reforma la ley del Consejo como, dicen, se hace en Europa.

Esta condición es mentira. Cada estado de la Unión Europea nombra a los equivalentes del Consejo, muchos de ellos con competencias más reducidas que el español, de formas diferentes. Y en no pocos casos, como en Francia, están fuertemente gubernamentalizados.

La segunda mentira es todavía más flagrante. Se presentan ante la opinión pública española y los organismos europeos como víctimas de un sistema legal injusto. Olvidan decir que este sistema que califican ahora de injusto lo creó el PP con su mayoría absoluta y que con estos nombramientos injustos, que el PP se niega a renovar, están todavía en vigor los miembros del actual Consejo. De eso, sorprendentemente, ni palabra.

De este estado de cosas, que históricamente se repite, esta irritación permanente de la derecha externa, la que cree que España es suya por cuna, cuando pierde el poder institucional -el fáctico prácticamente nunca-, no parece que la tibia izquierda haya tomado nota. En efecto, cuando lleguen bastos, esta tibia izquierda también recibirá como unos antiespañoles más, antiespañoles en la enfermiza concepción mental de la derecha extrema, de ya sabéis dónde. Y no sería la primera vez que las tibias izquierdas tendrían que compartir penas y penurias con los que han recibido la represión de la derecha señorial a reprimir, represión a la que también ha contribuido.

Es hora de aprender algunas lecciones. Querer un estado de cosas, no ya mejor, sino simplemente decente, no es de ilusos, aunque a los decentes así se los tilde. Es una simple cuestión de decencia, palabra ignota en el diccionario de la derecha extrema que quiere mandar a cualquier precio, precio que no paga ella, claro está.